En las próximas décadas los mayores conflictos sociales en la cuenca amazónica se librarán entre los pueblos indígenas y la tala ilegal. Según la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FCNUA), las 82 comunidades indígenas de la zona tienen conflictos con las madereras cuyas concesiones están superpuestas sobre sus territorios. Las concesiones forestales maderables en el Perú suman unas 7,1 millones de hectáreas, un 35% de las cuales están en la selva amazónica peruana. Según un informe de 2012 del Banco Mundial, el 80% de la madera exportada por el Perú –sobre todo cedro y caoba– proviene de la tala ilegal. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), encontró en 2013 que en el 74% de los contratos o autorizaciones forestales que inspeccionó, había información falsa sobre el número de árboles extraídos, su especie, volumen y ubicación. Según sus estimaciones, entre 2009 y 2013 el volumen de madera extraída y comercializada ilegalmente en todo el país alcanzó más de 208 millones de pies tablares. Y ello solo contando los datos de las supervisiones, lo que deja de lado las miles de hectáreas que son tierra de nadie. El problema se extiende a los empresarios formales que blanquean los ingresos de la tala ilegal y a los funcionarios que prefieren mirar a otro lado debido a los sobornos o a las amenazas.
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