“Cada día es peor”, suelen decir los venezolanos, abrumados por el racionamiento de alimentos, la falta de medicinas y la inseguridad ciudadana. Ya es una frase acuñada, que se repite en todos los tonos y sectores. Pero el miércoles 7 de septiembre quedó demostrado que ese día era, definitivamente, peor que el anterior. Lo que ya es mucho decir.
Cuando escribo estas líneas, Henrique Capriles tiene más de tres horas refugiado en la zona de equipajes del aeropuerto de Margarita, adonde ha llegado, ya de noche, para asistir a las festividades de la Virgen del Valle, patrona de esa isla venezolana en el Caribe, tal como ha hecho en los últimos 13 años sin excepción. Pero en esta ocasión fue recibido, según él mismo denunció, por los “colectivos chavistas”, grupos armados que delinquen y hacen labores de amedrentamiento con el apoyo indisimulado de los sucesivos gobiernos de Chávez y Maduro. En las redes sociales, Chuo Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática afirmó que Capriles estaba “sitiado […] por mas de 50 encapuchados armados” y que “ninguna autoridad da la cara”.
Este mismo día, la activista de derechos humanos Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, fue agredida en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral por efectivos de la Guardia Nacional, a uno de los cuales se le oyó decir: “dame el teléfono, maldito”, mientras decomisaba, de manera ilegal y destemplada, un aparato a un miembro del equipo de Tintori.
Fue el día en que la esposa del líder opositor Yon Goicoechea hizo saber, a través de la cuenta de Twitter del dirigente detenido en la víspera de la manifestación del 1 de septiembre, que a este “lo están torturando”. Presa de la desesperación, la esposa de Goicoechea se dirigió a los representantes del régimen para enrostrarles: “Uds no son unos gobernantes, son unos torturadores”. El 7 de septiembre supimos que, “A 9 días del secuestro de Yon”, como denunció su compañera, no se le había dado acceso a sus familiares ni a sus abogados, pese a lo cual estos habían tenido noticia de que “Yon Goicochea recibe comida descompuesta en la cárcel”.
En la mañana de este mismo, largo, día se había difundido el comunicado del Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas (CDDA) “frente a la escalada represiva en Venezuela“. En el texto emitido por esta organización de apoyo y promoción a los valores democráticos, con sede en Washington, se hacía una enumeración de los atropellos del gobierno de Nicolás Maduro registrados en las últimas semanas. “El Gobierno, combinado con el Tribunal Supremo, bajo su control, han hecho lo imposible por despojar ilegítimamente de sus facultades constitucionales a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde el 6 de diciembre de 2015. […] A esto se suman amenazas de enjuiciamiento a sus miembros, en especial, a su presidente, el diputado Henry Ramos Allup, culminando en declaraciones del propio Presidente Maduro sobre su intención de pedir al Tribunal Supremo de que se pronuncie sobre la posibilidad de desconocer la inmunidad parlamentaria de la que gozan constitucionalmente los diputados”.
Tal como el documento de la CDDA menciona, todos estos desafueros tienen que ver con la determinación del régimen venezolano de impedir la realización del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución, y, de acuerdo con las encuestas, seguro propiciador, si se hace en 2016, de la salida del poder de Maduro y, muy probablemente, del chavismo. Precisamente, en reclamo del revocatorio se hizo la impresionante marcha del 1 de septiembre, una convocatoria gigantesca y popular, pese a las amenazas del Gobierno, cuyos voceros más conspicuos no se ahorraron bravatas en su intento de esparcir el miedo.
Después de esa marcha, y de secuelas como el cacerolazo que la humilde población de Villa Rosa, en Margarita, le propinó a Maduro, su gobierno emprendió, a decir del comunicado de la CDDA, “nuevas acciones represivas contra líderes de oposición y de la prensa libre que todavía resiste en el país”. Entre de ellas estuvo, precisamente, el allanamiento a sedes del partido Voluntad Popular y la arbitraria detención de dirigentes políticos como Yon Goicochea, Carlos Melo, los alcaldes Nelson Guarate, Orlando Hernández, Pedro Loreto, y del editor del medio Reporte Confidencial, Braulio Jatar Alonso.
En las primera horas de la tarde del 7 de septiembre, mientras leíamos el pronunciamiento de la CDDA, en Estados Unidos, su vicepresidente Joe Biden denunciaba al gobierno venezolano por violar la Carta Democrática Interamericana.
“En Venezuela –dijo Biden–, hemos visto al Gobierno apelar a tácticas represivas que violan la Constitución. Los agresores han violado la Carta Democrática Interamericana. […] La Constitución debe respetarse y los presos políticos, ser liberados”.
Mientras, a lo largo del 7 de septiembre, en los 23 estados del interior del país la oposición venezolana marchó para exigir el revocatorio, bajo fuerte custodia militar, que en algunos casos impidió que los manifestantes se allegaran a la sedes del Consejo Nacional Electoral.
A las 10 de la mañana, Maduro dijo que iba “a invertir” 25 millones de dólares en armas, chalecos antibalas y vehículos para la policía. Hizo el anuncio el mismo día –este que terminó antes de que Capriles y sus acompañantes pudieran romper el cerco de los encapuchados armados y vociferantes–, en que una encuestadora le reveló al diario El Nacional que 57,8% de los encuestados declaró haber dejado de comer para dar comida a sus hijos o representados. El 15,7% admitió haber recurrido a residuos de comida desechados por establecimientos comerciales para poder comer.