“Ciudades santuario”, la resistencia civil y judicial contra las medidas que las amenazan

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Las organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos están movilizadas frente a las más recientes acciones contra las “ciudades santuario“, jurisdicciones que aplican políticas que restringen su colaboración con el gobierno federal en las medidas de inmigración. Esto se traduce, sobre todo, en que la policía no pregunte su estatus migratorio a los residentes de esas ciudades — por ejemplo, Miami, Los Ángeles, Seattle, San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco y Denver –, aunque las autoridades sí colaboren con los funcionarios de migración cuando se trate de sospechosos de antecedentes criminales. Comenzó a hablarse de “ciudades santuario” desde que en 1979 la ciudad de Los Ángeles, California, pidió a la policía que dejara de interrogar a personas para saber su estatus migratorio, según BBC Mundo. Diez años después, la también californiana ciudad de San Francisco prohibió con una ordenanza el uso de fondos locales para reforzar las leyes federales de inmigración, dice la misma nota.

El estado de California ha incluido recientemente en sus presupuestos la protección de los inmigrantes indocumentados. En la propuesta de presupuesto  del gobernador Jerry Brown para el año que viene hay destinados 33 millones de dólares para apoyar a organizaciones que los defienden, publicó Univision. De ellos, 15 millones estarían destinados a ampliar su defensa legal en caso de deportaciones, y 18 millones para dos programas de asistencia.

Y fue justo un juez federal de California el que bloqueó el 25 de abril pasado la acción ejecutiva que el gobierno de Donald Trump había emitido tres meses antes, a través de la cual los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia bloquearían fondos a las ciudades que no cooperaran en la aplicación de leyes de inmigración provenientes del gobierno federal. El juez respondió a las demandas del condado de Santa Anita y la ciudad de San Francisco, el que decidió impedir al gobierno paralizar “una porción clave” de esa orden ejecutiva de Trump, recuerda CNN en Español, por considerar que puede generar posibles daños a esas ciudades.

El 21 de abril, el departamento de Justicia de Estados Unidos había enviado cartas que amenazaban con negar financiamiento a nueve jurisdicciones, “incluyendo el estado de California y ciudades como Chicago, Miami, Nueva Orleans, Filadelfia y Nueva York”, según una nota de Shefali Luthra publicada en el Nuevo Herald. “Esta asistencia federal apoya ampliamente iniciativas de justicia, pero a menudo va mucho más allá de los departamentos de policía y las cortes, financiando programas de prevención de la violencia y otros esfuerzos para abordar los factores sociales que afectan a la salud”, escribe Luthra. El artículo agrega que funcionarios de los departamentos de salud de las “ciudades santuario” han mostrado su preocupación por las medidas de Trump contra estas jurisdicciones, “ya que podría estimular recortes en la financiación federal y complicar una amplia variedad de programas, desde los esfuerzos para combatir la epidemia de opioides hasta las iniciativas de violencia doméstica”.

El bloqueo judicial del 25 de abril ha sido un respiro, pero el 7 de mayo, el gobernador republicano Greg Abbot de Texas firmó la ley SB4, que permite que policías y otras autoridades de este estado pregunten por el estatus migratorio de las personas detenidas incluso durante una infracción de tránsito, el conocido “enséñame los papeles”, además de obligar a retener a personas, aun cuando haya sido ordenada su liberación, para dar tiempo a que lleguen los oficiales de la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La ley entraría en vigor el 1 de septiembre.

Esta última medida ha provocado las protestas en ciudades tejanas como Dallas y Houston en los últimos días.

Y ya hay acciones judiciales para detenerla. De acuerdo con un despacho de la agencia EFE, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) interpuso una demanda judicial contra la ley SB4, en nombre del pueblo fronterizo de El Cenizo, en Texas, contra este estado, el gobernador Abbot y el fiscal general Ken Paxton.

En la demanda exponen que la SB4 “viola varios principios constitucionales, como la Quinta y la Decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, ambas relacionadas con el procedimiento legal para detener a personas en terreno estadounidense”, dice el cable de EFE publicado en el diario La Estrella. Y, además, que esta ley “no respeta las leyes federales de inmigración y pone trabas al trabajo de los agentes de policía y shérifs”.

El director de asuntos de inmigración y ex presidente de la organización LULAC, dijo a EFE que este es el primero de los “muchos litigios” que presentarán. Ayuntamientos como el de Austin y otras organizaciones como Work Defense Project, Texas Organizing Project, United We Dream, ACLU, MALDEF y Mi Familia Vota estudian sumar otras acciones legales contra esta ley

“Esta ley va a agravar la relación entre los latinos y los oficiales de policía y va a potenciar los perfiles raciales”, le dijo a EFE el director de asuntos de inmigración y expresidente nacional de LULAC, Héctor Flores.

Además, las organizaciones Latino Center for Leadership Development, RAICES, Proyecto de Defensa Laboral, Lawyers for America, Coalition of Evangelical Alliances of Texas, Faith in Texas, LULAC, AFL-CIO, Texas Organizing Project, Dallas Peace and Justice Center, Texas Young Democrats y North Texas Dream Team se unieron en una alianza para rechazar la ley SB4, según Mundo Hispánico. Sus voceros advirtieron que la ley no está vigente, por lo cual “personas que son víctimas de persecución o racismo por las autoridades deben reportarlo”.

Los críticos esta ley  la han calificado como la más discriminatoria desde la que aprobó en 2010 la gobernadora de Arizona y que criminalizaba a los inmigrantes sin papeles.

Conozca más sobre la historia de las ‘ciudades santuario’ en este artículo de CNN en español

 

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