Las organizaciones civiles venezolanas de derechos humanos han sido fundamentales para registrar la represión y los abusos de los cuerpos de seguridad y grupos parapoliciales durante las protestas del último mes y denunciarlos sin descanso, en muchas ocasiones haciendo el trabajo que compete a las instituciones a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público como instituciones del Estado. Aunque la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha reconocido que ha habido violaciones al debido proceso en las detenciones y al derecho de manifestación. Los pronunciamientos de este tipo por parte de la fiscal siguen siendo novedosos en Venezuela, pues hasta hace solo unas semanas el Ministerio Público se alineaba siempre con el Ejecutivo.
Las protestas han dejado 28 personas muertas, cuatro de ellos menores de edad, 436 heridos y 1.584 detenidos. Son las cifras en las que coinciden organizaciones como Provea, Redes Ayuda, Laboratorio de Paz y Foro Penal Venezolano. Representantes de los tres primeros, Jennifer Peralta, Melanio Escobar y Lexys Rendón condenaron además, en conjunto, en una rueda de prensa el viernes, el uso de bombas lacrimógenas “como proyectiles contra los manifestantes”, como la que pudo ocasionar la muerte de Juan Pablo Pernalete, “lo cual representa un delito sancionado en el ordenamiento jurídico que no es eximido con la excusa de la obediencia debida”.
[Actualización al 2 de mayo: Hasta las 10:40 de la noche del 1 de ayo, el Foro Penal había registrado 22 arrestos en las manifestaciones de todo el país, 14 de los cuales ocurrieron en la capital . La lista de heridos con perdigones, bombas lacrimógenas y también balas siguió creciendo pero todavía no se ha cerrado globalmente]
Las detenciones, agregaron, se han realizado “de manera ilegal”, sin “orden judicial previa, ni la flagrancia prevista en la ley”, algo que también resaltó la fiscal Ortega Díaz en sus declaraciones del 25 de abril.
Las organizaciones civiles también exigieron en días recientes la desactivación del Plan Zamora anunciado el 19 de abril por el presidente Nicolás Maduro. “Este anuncio constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, junto al empleo de grupos civiles armados y policías bajo la lógica militar del combate al enemigo interno, propia de la doctrina de seguridad nacional”.
Por su parte, Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano –que con abogados voluntarios defienden a los detenidos– informó el 27 de abril que hasta entonces, de las 1.584 personas arrestadas, 715 seguían privadas de libertad. “A 434 de ellos se les estableció la condición de que sean liberados bajo fianza, lo cual –explicó Romero- toma bastante tiempo llevar a cabo. Otros 213 todavía no han sido presentados ante tribunales”, cita El Nacional.
Gonzalo Himiob, también del Foro Penal, denunció que los tribunales “están imponiendo condiciones que ni siquiera el Ministerio Público ha instruido”. “Se ha comprobado patrón sistemático de los órganos de justicia de desconocer los procedimientos”.
La cifras del Ministerio Público varían: dan cuenta de 1.289 detenidos “de los que a 65 de les dictó privativa de libertad y 217 fueron presentados a los tribunales”, y 29 fallecidos y 519 heridos, 309 de los cuales fueron víctimas de “violaciones de derechos fundamentales”, lo que significa que las ejecutaron cuerpos de seguridad del Estado (un reconocimiento que apenas en años recientes no era fácil de recibir por parte de esta institución, en un contexto de no separación de los poderes del Estado).
“(…)Hay una alta proporción de que las personas que son privadas de libertad sufran tratos inhumanos, crueles o degradantes o torturas. Prácticas que fueron sancionadas por la ley en 2003. Hay personas que solamente por ser identificadas en una movilización han sido detenidas. Hemos recibido denuncias de personas que estando detenidas les han lanzado una bomba lacrimógena. Los patrones de actuación son inhumanos, y se han agravado con la implementación del Plan Zamora, porque tiene dos componentes que no están entrenados para eso: los militares y los grupos de civiles armados”, dijo Rafael Uzcátegui, director de Provea, a Hugo Prieto, en una entrevista publicada en Prodavinci.
Cofavic, organización que se formó en 1989, después del Caracazo del 27 de febrero, para defender los derechos humanos de las víctimas, hizo público un comunicado el 30 de abril en el que dijo que la represión del último mes puede calificar como el delito internacional de tortura. “Los mecanismos de control del orden público pueden contemplar métodos disuasivos permitidos, pero nunca pueden ser utilizados para castigar y doblegar el ánimo de los manifestantes por sus ideas o posiciones políticas. Si el propósito es infligir intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón, basada en cualquier tipo de discriminación, estamos frente al crimen de tortura, tal y como está definido en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”.
En una investigación propia, el medio venezolano Efecto Cocuyo encontró que las personas muertas son 34. “Impactos de bala, perdigones y objetos contundentes son los tipos de armas con las que han matado a estos venezolanos que se encontraban en alguna concentración (…) En 17 casos, las heridas fueron producidas por impactos de bala –ocho en la cabeza, nueve en el tórax– y en seis de los decesos fueron señalados como victimarios los funcionarios de orden público”. Runrunes también ha llevado su propio registro desde el comienzo de las manifestaciones que coincide con el número de 34 personas fallecidas.
Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha anotado la agresión a 106 periodistas y otros trabajadores de los medios, y la detención de 14, durante su cobertura de las manifestaciones desde el 31 de marzo. “El 50 por ciento de estas detenciones (siete) han sido practicadas por la GuardiaNacional Bolivariana, evidenciándose además en los relatos, que los uniformados, lejos de facilitar las condiciones para el ejercicio profesional, hostigan, golpean, intimidan e imposibilitan cualquier intento por dar cobertura oportuna a las manifestaciones. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ha practicado tres detenciones y el resto han estado a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y las policías regionales, que han hecho un uso excesivo de su autoridad, deteniendo y golpeando a reporteros”.
[Actualización al 2 de mayo: Un equipo de VivoPlay fue secuestrado por grupos armados y entregado a la Guardia Nacional. Horas después fueron liberados, a excepción de dos de sus compañeros. Por otra parte, personas identificadas con los manifestantes de la oposición agredieron al fotógrafo de la agencia EFE y al equipo del canal Globovisión]