La campaña #SoyCivilNoMilitar comenzó hace casi un año, pero hoy se renueva su vigencia.
Nicolás Maduro, el presidente venezolano, anunció el 18 de abril que aprobó recursos del presupuesto nacional para aumentar el armamento de la Milicia Bolivariana –creada por su predecesor, Hugo Chávez–, en un despliegue de este cuerpo y de la Fuerza Armada, de la que depende. El mismo día también informó que este componente cívico-militar se ampliaría a 500 mil miembros en lo inmediato y a 1 millón en el futuro. La milicia depende de la cartera de Defensa venezolana y sirve a la Fuerza Armada. El mismo día Maduro anunció el Plan Zamora “en su fase verde”.
Maduro hizo este anuncio en la víspera de las protestas del 19 de abril que en ese país terminaron con tres muertos con balazos en la cabeza, y en el marco de las manifestaciones que comenzaron a princpios de mes, con el triste balance de ocho personas asesinadas, y heridos y detenidos que se cuentan por centenas.
Laboratorio de Paz, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, organizaciones venezolanas civiles, se juntaron en mayo de 2016 para iniciar la campaña #SoyCivilNoMilitar como respuesta al carácter belicista del gobierno y de la gestión del Estado. Echaron mano de iconos de marcas de comida y chucherías que son inmediatamente reconocibles y que se han fundido con la cultura popular venezolana.
El editorial del número cero de la publicación que hizo Laboratorios de Paz con el mismo nombre de la campaña lo resume: “La historia de Venezuela está contada en clave de guerra, una serie de batallas protagonizadas por caudillos, generales y muchos soldados. El aporte de los civiles, hombres y mujeres, se encuentra relegado a un segundo plano. Si en materia económica hemos sido unpaís petrolero, en la dimensión educativa y cultural los mitos que nos han fundado como nación son militares y militaristas”
“Lo contrario al militarismo no es el pacifismo o el antimilitarismo, es el civismo”, completó Lexys Rendón, como representante de esa organización, durante la presentación de la iniciativa, según reseña Mariel Lozada en Efecto Cocuyo. Las cifras que ese mismo día presentó Rafael Uzcátegui son incontestables: el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz ubica a Venezuela como el “único país latinoamericano” en los primeros 20 “que más gastaron en armamento, entre 1999 y 2015”: 5.620 millones de dólares. 2.201 millones de ellos en aviones de guerra, 927 millones en misiles y 810 millones en defensa antiaérea.
“En el 2016 el presupuesto al Ministerio de Defensa se le asignaron Bs 85.377.082.544. La cartera ocupó el cuarto lugar en el presupuesto, y recibió 193 veces más dinero que la Defensoría del Pueblo. Con eso se podrían haber construido 112.400 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 56 hospitales de 220 camas cada uno y 4.257 liceos, de acuerdo a los valores que el mismo gobierno le ha asignado”, acota Lozada en la nota de Efecto Cocuyo.
La campaña apunta también a eliminar la obligatoriedad del registro militar en Venezuela y a potenciar el ejercicio del derecho de la objeción de conciencia. Marianna Romero, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ucab, dijo que el registro militar obligatorio “es una violación a los derechos humanos de los venezolanos”. “Viola el libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a la asociación, la libertad de conciencia y pensamiento, la alternabilidad entre el servicio civil y el servicio militar, la libertad informativa, los límites a la proporcionalidad, el principio de legalidad y el acceso a la información”.