El pasado 4 de julio, tras su visita a Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe en el que aborda la situación de los DD.HH. en la República Bolivariana de Venezuela, causante de un profundo análisis dentro del cual se llevaron a cabo ciertas acciones de supervisión humanitaria. Dentro de dichas acciones la Alta Comisionada realizó tanto reuniones con los altos cargos del gobierno nacional y su contraparte política, como análisis de documentación pública. Indagando así sobre los patrones y cambios en materia legislativa, económica y social, en relación con la violación de Derechos Humanos. De igual manera, recaudó el testimonio de una gran parte de la población civil acerca de la crisis que se vive en el país.
En primer lugar, la Alta Comisionada subraya en el informe la rotunda y constante violación de los Derechos Humanos. Alegó durante la presentación del mismo que “los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”. Responsabiliza también al ejecutivo por la falla en programas y políticas sociales, el hambre, la falta de asistencia sanitaria, entre otros. Las continuas violaciones tanto de los derechos civiles, como de los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, han llevado a la nación a un estado de emergencia que es negado de manera descarada por sus responsables; el gobierno venezolano, quien entre enero de 2018 y mayo de 2019 ha llevado a cabo más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales.
De igual manera, Bachelet denuncia las mantenidas torturas durante detenciones arbitrarias y recuerda la muerte reciente del capitán Rafael Acosta quien, cuando se encontraba bajo custodia, fue violentamente torturado causando así su muerte.
El informe también hace eco de la hiperinflación que azota el estómago de la mayoría de los ciudadanos y un sueldo mínimo que asciende al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes y que cubren únicamente el 4,7% de la canasta básica de alimentos. Alza también la voz acerca de la constante disminución de los ingresos estatales que dependen únicamente de la actividad petrolera y que descuida el funcionamiento de los servicios públicos casi en su totalidad. El deterioro y mal funcionamiento de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural, son sólo una pequeña parte de la preocupación diaria del venezolano.
Se resalta cómo el desvío de los recursos naturales y económicos, junto con la corrupción por parte del gobierno, han originado en el país una creciente falta de mantenimiento en la infraestructura pública que resulta en un alto número de violaciones en materia de calidad de vida. Dentro del derecho fundamental humano a la alimentación está la obligación del Estado de garantizar que la población no padezca hambre. La resolución 39/1 destaca cómo el principal programa de asistencia alimentaria, conocido como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son vitales para el ser humano.
Por todo esto, encontramos que en la actualidad la tasa de pobreza de Venezuela se ubica en un 48% y, de acuerdo con los indicadores oficiales presentados por los bancos centrales de los países de América Latina, la inflación más alta de la región le pertenece al mismo. Los expertos apuestan porque la pobreza seguirá aumentando debido a que la hiperinflación no se detiene. Para el año 2018 esta cifra cerró en un 1.700.000% y, en estos primeros meses del 2019, la cifra ha ascendido a 2.300.000% tal y como así lo expresa la Asamblea Nacional Venezolana. De igual manera, se estima que para finales de este año 2019 la inflación llegará a los 10.000.000%. Respecto a la migración masiva, encontramos en la actualidad 4 millones de venezolanos regados por todo el mundo, cifra que podría llegar a 5,3 millones con tan sólo el paso de este año 2019. Cabe acotar que debido a la crisis humanitaria, política, económica y social que ha experimentado Venezuela durante el gobierno presidencial de Nicolás Maduro nos ha sumergido en una realidad por la cual diariamente 5 mil personas se marchan de la nación en busca de mejores condiciones de vida y principalmente seguridad.
Como podemos ver, tras más de 20 años de este regimen, Venezuela atraviesa su peor crisis. La hiperinflación además de causar gran pobreza, ha generado una caída del 50% de la economía del país que difícilmente es reparable ya que, el petróleo, siendo su principal y único rubro exportable, sigue disminuyendo. Tras la falta de reconocimiento por parte del Gobierno venezolano de la precaria situación del país, Bachelet admite la complejidad del asunto e invita a los responsables a acabar con las violaciones de los derechos humanos. También, invita a todas las personas con poder e influencia a nivel mundial, a colaborar con dicha causa y añade que su oficina está lista para seguir apoyando.
Para finalizar, Bachelet agrega que “La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación”.
Foto: Twitter @UNHumanRights