Si las elecciones en los Estados Unidos fueran hoy, Joe Biden las ganaría. Es lo que constatan las encuestas de manera unánime. Y mientras se reciben estos datos, algunos venezolanos albergan inquietudes respecto de las consecuencias que la salida de Trump de la Casa Blanca tendrá para la causa de la democracia venezolana.
Todo temor es comprensible, dada la angustia en la que vivimos los venezolanos. Pero nadie debe llamarse a engaño: la línea de acción para el regreso a la democracia en Venezuela es bipartidista, desde 2014 hasta hoy, algo excepcional en estos días de polarización en Washington. En efecto, la política de sanciones individuales contra funcionarios militares comprometidos en la violación de los derechos humanos, comenzó en marzo de 2015 con Barack Obama. Recordemos a Nicolás Maduro intentando recoger firmas por todo el país contra lo que su régimen definia como una “intromisión de Barack Obama en la soberanía de Venezuela”.
Vayamos a los hechos. A comienzos de 2014 estallaron las manifestaciones en Venezuela y Maduro aceleró su tránsito por la deriva autoritaria, violando abiertamente los Derechos Humanos. El Congreso aprobó entonces la llamada ley Menéndez-Rubio (Demócrata y Republicano, respectivamente); con el objetivo de promover la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. De forma simultánea, el presidente Obama envió, a través del entonces Vicepresidente Joe Biden mensajes a líderes de América Latina, expresando su posición de rechazo a lo que estaba ocurriendo. Hay una fotografía que, sacada de su contexto, se ha utilizado para distorsionar la perspectiva de Biden sobre Venezuela, en ese encuentro que ocurrió en enero del 2015 en la toma de posesión de Dilma Rousseff, Maduro le pidió a Biden un diálogo con Obama para acordar el precio del petróleo. Lo descabellado de la petición hizo que Biden sonriera. Y de inmediato le dijo, de forma diplomática y firme: “Usted, con quien tiene que dialogar (sin tácticas de dilación) y llegar a acuerdos es con su pueblo, con la oposición de su país, y tomar la senda de respeto a la democracia y a los derechos humanos; liberar los presos políticos y así evitar el colapso económico del país”.
Como se sabe, Maduro no atendió a esa advertencia. Así, en marzo de 2015, Obama estableció las primeras sanciones y bajo esta misma autoridad ejecutiva se iniciaron investigaciones desde el Departamento de Justicia en materia de lucha contra la corrupción, lavado de dinero y el narcotráfico. Esas investigaciones y procesos son los que hemos visto aflorar en los últimos dos años y que han recaído sobre actores emblemáticos del régimen venezolano.
En 2017 y 2018, bajo la presidencia de Trump, ocurren dos nuevos eventos: Maduro pasó por encima de la legitimidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 convocando de manera írrita una constituyente, y en mayo de 2018 impuso una elección presidencial fraudulenta. Esta nueva realidad ocurre en un escenario donde los tiempos de la OEA controlada por gobiernos amigos del chavismo (o neutrales frente al régimen) había quedado atrás, ofreciendo una herramienta de presión continental de la que no se disponía durante la presidencia de Obama, y ajenos a la política estadounidense.
A lo largo de todo ese proceso, el Partido Demócrata ha dado piso legal a la evolución de las sanciones, que alcanzaron una plataforma con la Ley VERDAD, elaborada por el Senador demócrata Bob Menéndez, que incluyó la previsión de ayuda humanitaria para la masiva migración venezolana, bajo la iniciativa de la diputada demócrata Debbie Mucarsel-Powell, de la Florida. Esta ley, además, recogió los planteamientos de la Ley para la Investigación sobre la Relaciones del Gobierno de Rusia y el Régimen de Venezuela en CITGO (redactada por la también diputada demócrata, Debbie Wasserman-Schultz), que luego facilitó la recuperación de esa empresa por el gobierno interino de Juan Guaidó. Asimismo, quedó recogida allí la iniciativa legislativa de la diputada demócrata Donna Shalala, prohibiendo toda forma de comercio militar con el régimen de Maduro. Trump es, pues, ejecutor de un marco legislativo que es expresión bipartidista.
Ahora bien, las sanciones son un instrumento legal para la política internacional, no un fin en sí mismas. Administrarlas, articular su instrumentación con incentivos para que el régimen abandone el poder o para promover fracturas a lo interno de la estructura chavista, es un arte. La eficacia de las sanciones depende de su coordinación estratégica y multilateral, pero también del adecuado estímulo para que los actores internacionales con intereses afines al régimen chavista se abstengan de ser un obstáculo a los cambios deseados.
Al evaluar la gestión de Trump hay que preguntarse, de cara a la horrible crisis de Venezuela, ¿está Maduro más cerca de dejar el poder o se ha fortalecido relativamente frente a la oposición? ¿Estamos más próximos o más lejos de unas elecciones libres, justas y creíbles? Pero también hay que preguntarse, ¿la política de Trump se ocupa de los venezolanos? Por ejemplo, el legislador demócrata de la Florida, Darren Soto, logró aprobar con la mayoría de su partido en la Cámara, enfrentando el rechazo de los republicanos, la ley que contempla el TPS -estado de protección migratoria temporal- para los venezolanos. Trump podría hacerlo por decreto, pero se niega, y junto a su partido bloquean esta iniciativa humanitaria y fundamental para proteger a 150 mil venezolanos que buscan refugio en los Estados Unidos. Son más de 2 mil los procesos de deportación -en tendencia creciente- que afectan a venezolanos, incluyendo 600 que permanecen detenidos expuestos al contagio por COVID-19.
La verdad es que, como bien ha dicho Andrés Oppenheimer, Trump con su retórica, unilateralismo y falta de compromiso con las grandes causas democráticas globales, lo que ha hecho es debilitar la coalición internacional imprescindible para un desenlace positivo en Venezuela. He aquí un punto diferenciador entre Biden y Trump, que abona a nuestra convicción de que Biden sería la mejor opción para alcanzar cambios en Venezuela. Biden tiene la credibilidad necesaria en Europa y América Latina para hilar eficazmente en la resolución del problema. Por otra parte, no tiene deudas personales con Vladimir Putin quien, le habla al oído a Trump (como denunció Bolton, su ex-asesor de Seguridad Nacional), incluso para sembrar desconfianza sobre el liderazgo de Juan Guaidó y la oposición venezolana. Este es un punto central. Trump, además de mantener malas relaciones con Europa y América Latina, ha debilitado la coalición al no enfocar la presión e incentivos de forma multilateral. Biden tomará sus decisiones basado en principios e inteligencia, y no en posturas de mero cálculo electoral como las de Trump en relación a su retórica sobre Venezuela.
Joe Biden opina que «Nicolás Maduro es un dictador, simple y llanamente». Fue el primer demócrata en reconocer a Juan Guiadó como Presidente Interino, y condenó «enérgicamente la toma violenta de la Asamblea Nacional», la única institución democrática que queda en el país. Biden también ha expresado categóricamente que «el objetivo primordial de los Estados Unidos debe ser presionar por una salida democrática en Venezuela, a través de elecciones libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país».
Finalmente, Biden se ha comprometido a otorgar el estatus de protección migratoria temporal a los venezolanos, así como a influir en la comunidad internacional para recuperar cada centavo expoliado del Estado venezolano, y a devolver esos recursos al pueblo venezolano. Con relación a esto, merece ser subrayado que la administración Trump ha transferido los recursos recuperados de actores de la corrupción en Venezuela a un fondo discrecional de la Secretaría del Tesoro que ha gastado $600 millones en la construcción del muro con México. Biden ha manifestado, con meridiana claridad, que aun si Maduro se va, «Venezuela quedará profundamente dividida en lo político y deprimida en lo económico, con gran sufrimiento humano”, por lo que “Estados Unidos necesita un plan integral para ayudar al país a recuperarse». Este es, por cierto, un proyecto a largo plazo, con protagonismo de los venezolanos, que Trump jamás ha dado