Las desgarradoras imágenes que hemos visto desde el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai durante las últimas dos semanas han estado poniendo a prueba nuestra capacidad para admitir otra nueva crisis humanitaria en ciernes. Miles de refugiados, en su mayoría afganos, que se dirigieron apresuradamente para abandonar el país, en uno de los “puentes aéreos más grandes y difíciles de la historia”, como lo describió el presidente Biden, provocaron indignación entre los reporteros y expertos en los medios de comunicación. Tras las duras críticas de los primeros días de la evacuación, en un raro episodio de bipartidismo, republicanos y demócratas, exigieron a la administración Biden aumentar el número de evacuados, añadiendo a la crisis, la insatisfacción en torno a la demora en la tramitación de miles de Visas Especiales de Inmigrante (SIV).
Esta queja fue una sorpresa, especialmente viniendo de los legisladores, dados los esfuerzos que se estaban haciendo, no solo en la administración Biden, sino en el propio Congreso, para remediar el atraso de años de cerca de 18,000 solicitudes de Visas Especiales de Inmigrante que tardan un promedio de dos años en procesarse. Adicionalmente, fueron adjudicadas 8.000 que el Congreso aprobó abrumadoramente (con 16 republicanos votando en contra del proyecto de ley), junto con un incremento en los fondos para el reasentamiento de aliados afganos. Por otro lado, la administración Biden se movilizó para crear un programa adicional, “Prioridad Dos” para aquellos que no cumplían con los criterios para la SIV. La Visa Especial para Inmigrantes tiene un límite de 26.500 SIV en total para asignar hasta el vencimiento del programa el 31 de diciembre de 2022, habiéndose emitido aproximadamente 15.600.
Sin embargo, lo que ha faltado en la cobertura de noticias y análisis de estos días es la capacidad para abordar el problema subyacente de un sistema de inmigración deficiente que ha sido intencionalmente reducido para ser incapaz de proporcionar una respuesta exitosa a procesos y demandas migratorias. La situación actual es el resultado de décadas de acumulación de fallas en la ejecución de una reforma integral del sistema de inmigración estadounidense. En cambio, las políticas avanzadas por la administración Trump trajeron consigo un caos continuo al sistema de inmigración, paralizado por las decisiones puestas en marcha para reducir no solo los cruces ilegales en la frontera, sino también, para limitar drásticamente la inmigración legal con el objetivo de reducirla en un 63%.
En medio de las recriminaciones de republicanos y demócratas por los retrasos en la adjudicación de las SIV, una ex funcionaria de la administración Trump que asesoró al vicepresidente Pence en materia de seguridad nacional, Olivia Troye, emitió una dura reprimenda a esos republicanos que culpan a la administración Biden por no brindar apoyo a los aliados afganos que intentan abandonar el país, mientras se esfuerzan por liberar a Trump de cualquier responsabilidad por las consecuencias de esta crisis. En el recuento ofrecido por Troye, esta confirma lo que defensores y expertos en inmigración habían estado advirtiendo durante los últimos cuatro años. La administración anterior buscó deliberadamente reducir el número de SIV, como parte de un esfuerzo por eliminar el Programa de Refugiados, alcanzando efectivamente el 80% de su reducción.
Esta fue una política firmemente ejecutada, presentada por la administración Trump, que fue ampliamente considerada como esencial por la base republicana. Los esfuerzos para cerrar las puertas del país a los inmigrantes, indocumentados y legales, se desplegaron desde el inicio de la administración anterior. La crueldad del proceso de separación de menores bajo la política de ‘Tolerancia Cero‘ fue seguida por una sucesión de otras iniciativas legales de acuerdo con el enfoque de America First, amplificando los principios aislacionistas que guiaron la iniciativa de la administración Trump para anular otros programas de inmigración como DACA y TPS, que son críticos para la naturaleza inmigrante del país.
El gobierno de Trump llegó a recortar la ayuda financiera asignada a los países de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) que no lograron detener la oleada de solicitantes de asilo que ingresaban a Estados Unidos, restaurándola parcialmente solo después de que se llegó a un acuerdo con ellos para trabajar para evitar que los posibles solicitantes de asilo hagan el arduo trayecto. Adicionalmente, la política de Permanencia en México establecida por la administración anterior, fue reinstituida por una decisión de la Corte Suprema, negando la intención de la administración Biden de revocar su aplicación. Los efectos de las políticas antiinmigración de la administración anterior continúan teniendo un impacto considerable en la imagen de Estados Unidos como nación inmigrante, incluso después de que una nueva administración con un enfoque muy diferente está a cargo.
La desaprobación inicial del Partido Republicano de la retirada de Afganistán de la administración Biden se basó en el abandono de la guerra y de sus aliados, pero fue rápidamente rectificado con el rechazo hacia los refugiados afganos por parte de los congresistas, actuales y aspirantes. Esto no debería ser una sorpresa, ya que se trata del mismo partido que no solo apoyó, sino que exigió la consolidación de una agenda antiinmigración que formaba parte del compromiso electoral del expresidente.
El doble rasero del Partido Republicano ha quedado claramente en evidencia durante estas últimas semanas donde el belicismo ha estado acompañado por el intento de difamación de los refugiados afganos, vinculándolos con posibles amenazas a la seguridad nacional, o los inmigrantes en la frontera de con México, acusados de ser los responsables de los aumentos de covid-19 en la frontera. El hecho de que la administración anterior tuviera planes de continuar desmantelando un ya desbordado sistema de inmigración, con un amplio apoyo entre la base republicana, explica la ansiedad, intensificada por los resultados del Censo 2020, en un electorado ya de por sí susceptible, enfrentado con la obligación moral de cuidar a aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por la guerra.
Este mes, el país ha visto dos rasgos fundamentalmente estadounidenses que han sido seriamente cuestionados por la realidad: la noción de la guerra como instrumento para la construcción de una nación y la premisa de Estados Unidos como una nación de inmigrantes. La conversación actual es, sin duda, sobre el final de una guerra fallida de veinte años y el compromiso de reasentar a miles de refugiados afganos. Sin embargo, el desafío a largo plazo es si esta nación de inmigrantes puede enmendar su camino actual y convertirse honestamente en un lugar seguro para una población diversa y multi-cultural.