Las compensaciones por pérdida de biodiversidad da sus primeros pasos en América Latina, en medio del rechazo de organizaciones sociales, que critican que mercantiliza la naturaleza y resulta inútil para remediar los impactos de actividades depredadoras, como las extractivas.Desde agosto de 2012, Colombia cuenta con el Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad, aunque aún no se aplica. Ese modelo permite a los empresarios conocer con precisión dónde, cómo y cuánto compensar por el impacto ecológico de sus actividades. El plan estipula que las compensaciones deben ocurrir en áreas ecológicamente equivalentes al lugar perjudicado y pueden llevarse a cabo en un portafolio de áreas priorizadas por el Plan Nacional de Restauración o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las compensaciones deben durar lo mismo que la vida útil del proyecto y pueden materializarse en financiamiento para crear o fortalecer áreas protegidas o la generación de acuerdos de conservación con propietarios privados, territorios indígenas y de afrodescendientes. El manual se aplicará a obras de los sectores de minería, hidrocarburos, infraestructura, electricidad, puertos, proyectos de generación de energía, así como nuevos aeropuertos internacionales.
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