Una iniciativa de la congresista demócrata de la Florida, Donna Shalala, y otros seis representantes, entre quienes también hay republicanos, introdujo una propuesta bipartidista de ley en el Congreso de Estados Unidos, para restringir la exportación de material antidisturbios y control de la criminalidad desde Estados Unidos a Venezuela. En concreto, a las fuerzas de seguridad que siguen bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro, “un gobierno que no es reconocido como el gobierno legítimo de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos”.
El borrador propone que la ley se llame Ley de Restricción de Armas a Venezuela
La representante por Florida, ex secretaria de Salud y Servicios Humanos de Bill Clinton, lo anunció ella misma el 31 de enero en su cuenta oficial de Twitter, como el primer proyecto de ley de su gestión como miembro de la Cámara de Representantes:
https://twitter.com/repshalala/status/1090749725672910850?s=12
El propósito de este proyecto de ley es “restringir la venta de artículos de defensa, servicios de defensa y material del control del crimen a las fuerzas de seguridad de Venezuela que estén bajo la autoridad de un gobierno (…) que no es reconocido como el gobierno legítimo de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos”, como se lee en el borrador.
“Estos artículos, como gas lacrimógeno y material antidisturbios, se usan con frecuencia por el régimen ilegítimo de Maduro para atacar a su propia gente, con frecuentes resultados letales. No podemos permitir que Maduro siga aplastando la democracia y actué con impunidad”, escribió Shalala en el mismo hilo de Tweeter.
No hay a la vista una cifra de la cantidad de artículos y dinero que ha supuesto hasta ahora la exportación de estas armas y materiales ha exportado Estados Unidos. No aparece en las estadísticas.
El comunicado de prensa de la congresista Shalala dice que “algunos de esos elementos” ya están restringidos desde 2006.
Se refiere, como explica un artículo de Al Navío, a que Venezuela está desde ese año en una lista negra de países que, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, “no cooperan plenamente con Estados Unidos en los esfuerzos de lucha antiterrorista. “Y eso incluye la prohibición de exportar material de defensa y la prestación de servicios militares y de defensa, así como la emisión de licencias para la exportación de armamento y tecnología”, dice la nota que firma María Rodríguez.
El proyecto de ley demanda del Departamento de Estado, con la colaboración del Departamento de Comercio, si fuere necesario, la presentación de un informe ante el Congreso, a los 180 días de entrada de vigencia de la ley, en el que se presenten detalles sobre la exportación de este tipo de armas y material por parte de ciudadanos extranjeros desde Estados Unidos.
Este informe debería incluir una lista de todas las transferencias significativas de este tipo; una lista de todos los ciudadanos extranjeros que mantienen una relación en el área de defensa con las fuerzas de seguridad de Maduro; y cualquier uso conocido de tales artículos o servicios por las fuerzas de seguridad venezolanas o “fuerzas asociadas, como grupos paramilitares, que se hayan coordinado con esas fuerzas de seguridad para atacar, intimidar o asesinar activistas políticos, manifestantes, disidentes y otros líderes de la sociedad civil”.
Los otros seis congresistas que acompañan esta iniciativa, como confirma el comunicado del sitio web de Shalala, son Debbie Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, Debbie Mucarsel-Powell, Darren Soto demócratas de Florida; Mario Díaz-Balart, republicano de ese mismo estado; y Jennifer González, republicana de Puerto Rico.
Crédito de la foto: UN news