La última regla de “carga pública” del gobierno de Trump, que promete negar los permisos legales de residencia a inmigrantes que se beneficien de dos o más programas sociales públicos en un año, acumula impugnaciones en los tribunales y otras respuestas legales: la demanda de una profesora mexicana de inglés y un estudiante de Honduras a título personal, la impugnación de 16 fiscales generales de Estados Unidos y, la más reciente, los senadores demócratas Mazie Hirono y Richard Blumenthal que presentaron ayer el proyecto de Ley de Protección de los Valores Estadounidenses, con la intención de bloquear la norma.
Según Univision Noticias, 27 senadores apoyan el proyecto, pero puede que no haya mayoría suficiente para que avance, porque el Senado está controlado por “los republicanos que apoyan en gran medida las políticas de inmigración de la administración Trump”.
Según la regla, anunciada en agosto, los inmigrantes que utilicen dos o más ayudas sociales estatales en un año por tres años consecutivos estarán sometidos a un protocolo que determinará a quién de ellos el gobierno aprobará un ajuste de su estatus, ya sea una extensión de la visa o la residencia permanente (green card). Lo explica Jorge Cancino, periodista experto en inmigración, en Univision Noticias.
La administración podría interpretar que los inmigrantes que usen así estos servicios amenazan con convertirse en una carga pública.
Los programas de ayuda incluidos en la medida son, indica Cancino, las prestaciones económicas por mantenimiento de los ingresos, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), la Asistencia de Nutrición Suplementaria Programa (SNAP), la mayoría de Medicaid, la Sección asistencia 8 en el programa de vales de elección de vivienda, la Sección 8 basado en un proyecto de asistencia de alquiler, la vivienda pública subvencionada.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tendrá más poder para decidir estas prórrogas o los ajustes del estatus migratorio. Si las niegan, USCIS podrá enviar al inmigrante una notificación de comparecencia para que vaya a una corte de inmigración y pelee su no deportación, agrega Cancino.
La medida podría afectar a unos 4, 6 millones de personas. Unas 380 mil personas al año solicitan la green card y dependerán de esta norma. No afecta a refugiados y solicitantes de asilo, a quienes hayan solicitado visa o cambio de estatus antes de la publicación de la regla de carga pública, a solicitantes del Estatus de Protección Temporal, y tampoco, como lista Cancino, a:
- Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
- Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
- Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.
- Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
- Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
- Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
- Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
- Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
- No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.
- No-inmigramtes víctimas de crimenes que pìden la visa U.
- Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
- Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.
Miedo
El reloj sigue avanzando hasta el 15 de octubre, cuando la norma entrará en vigencia, mientras informes recientes indican que los inmigrantes podrían estar evitando acudir a la asistencia médica por temor a que nieguen o revoquen su estatus migratorio.
El último informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos, difundido la semana pasada, indica que 1,9 millones de personas más en todo el país se quedaron sin seguro médico. Según un despacho de Associated Press, los hispanos “fueron la única categoría racial y étnica importante con un aumento significativo en la tasa de personas sin seguro”: 1,6% más en 2018, un total de casi un 18% de estas personas está sin cobertura de salud.
Según la misma nota periodística, el factor más influyente en esta caída de los números fue una bajada de población inscrita en Medicaid, un 0,9%.
El gobierno de Trump anunció la medida de “carga pública” este año, pero otras medidas como la separación de familia en la frontera, que arreciaron el año pasado, pueden haber incidido en estas cifras. AP consultó sobre el tema a Katherine Hempstead, una experta en políticas de salud de la Robert Wood Johnson Foundation.
“Hay muchos niños elegibles para el seguro médico público, pero no están inscritos debido a varias cosas que hacen que sea menos cómodo para ellos inscribirse. Las personas están interpretando la ‘carga pública’ de manera amplia y aunque sus hijos son elegibles para Medicaid porque nacieron en este país, se mantienen alejados”, dijo.
Una nota de Azcentral indica que inmigrantes legales y sin documentos de bajos recursos que viven en Arizona están evitando usar los servicios de asistencia médica. Hay confusión y temor, dice el artículo firmado por Stephanie Innes, que consultó a agencias de servicios sociales locales.
Erika Mach, coordinadora de base de la Arizona Alliance for Community Health Centers, le dijo: “Hemos recibido reportes de nuestros miembros, así como de socios comunitarios, de que las familias están pidiendo que se les retire de los servicios integrales como Medicaid, KidsCare and SNAP [cupones para alimentos]”.
Uno de sus centros, continuó Mach, registró una caída del 50% en el programa Women Infant and Child (WIC), que tiene por objetivo apoyar a familias con servicios de nutrición y educación.
“Aunque WIC no es uno de los programas evaluados por la carga pública, las familias están confundidas sobre la nueva regla y han dejado de usar el programa por miedo”, agregó.
Mientras tanto Florida, uno de los estados de EEUU con mayor población hispana, fue el cuarto estado del país con mayor caída de la cobertura médica, de acuerdo con las mismas cifras de la Oficina del Censo, reportó Cibercuba.
Por su parte, David C. Adams escribió en otro artículo de Univision Noticias que es tradición, según la ley federal, que los inmigrantes que aspiran a una residencia permanente deben demostrar que no son una carga para el país. “Pero las nuevas normativas podrían elevar el estándar de elegibilidad, penalizando a aquellos con bajos ingresos y bajo nivel educativo. También convertiría el sistema migratorio estadounidense en uno basado en el mérito que premia la capacidad de los inmigrantes en lugar de una larga tradición de reunificación familiar”, escribe.