Un reconocido estudio de opinión pública lo había determinado: “América Latina es la región más desconfiada del mundo”. El hallazgo tan contundente de Latinobarómetro viene de comparar sus resultados con los de otros continentes como Asia, África y los países del Mundo Árabe en el Globalbarómetro y cotejarlos con la Encuesta Mundial de Valores.
Latinobarómetro es un sondeo de opinión que desde 1995 hace estas mediciones de opinión en 18 países de América Latina: Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, , Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Costa Rica Nicaragua, El Salvador Honduras, Guatemala y México.
Presentaron su último informe en noviembre de 2018. Los eventos en desarrollo en Chile, Bolivia, Ecuador lo hacen relevante – también los que no se han solucionado en Venezuela y Nicaragua; las inminentes elecciones en Argentina; las raíces que siguen haciendo presión migratoria del Triángulo Norte hacia México y Estados Unidos; la violencia asociada al narcotráfico en México: las crisis que se retroalimentan en nuestros países–.
Entre junio y agosto de ese año, Latinobarómetro hizo 20,204 entrevistas para el sondeo en esos 18 países, con un margen de error de 3%. Encontraron que en América Latina no aumentó la confianza en las instituciones y la confianza interpersonal registró un mínimo histórico, 14%.
En el estudio de 2018, la confianza en el gobierno promedió un 22%, en el parlamento, 21% y en los partidos políticos, 13%. Los encuestados suman un 24% de confianza en el poder judicial y un 28% en sus organismos electorales. Curiosamente, estos índices eran más bajos que los de la confianza de los entrevistados en la policía (35%), las fuerzas armadas (44%) y la iglesia (63%).
La percepción de la corrupción en la región alcanzó el 65%, tres puntos más que el año anterior.
El sondeo de 2018 preguntó a sus encuestados quiénes percibían que estaban involucrados en la corrupción: 51% respondió que “todos o casi todos” los parlamentarios; 50% que los presidentes y 47% que los concejales o sus gobiernos locales.
Marta Lagos, la directora ejecutiva de Latinobarómetro llamó a 2018 “un annus horribilis”, en un artículo que interpreta la situación, “El fin de la tercera ola de las democracias”.
“La autoridad presidencial en América Latina ha sufrido un fuerte proceso de cuestionamiento y erosión, donde una parte significativa de la región las considera involucradas en la corrupción como muestran los datos de Latinobarómetro 2018. A los gobiernos se les acusa de no cumplir con la promesa de otorgar garantías sociales. En otras palabras, las quejas de corrupción, incompetencia, mal desempeño pesa sobre las democracias y sus gobiernos. No es de extrañar que la aprobación de los gobiernos en promedio caiga a menos de la mitad de la época de los hiperpresidentes donde toda la fe del sistema democrático estaba puesta en el presidente de la república”, escribió Lagos.
La aprobación de gobierno cayó a 32% en los 18 países analizados, “el promedio de aprobación más bajo desde 1995”. Hace 10 años, en 2009, la aprobación había llegado a 60% y desde entonces está en declive.
“La baja aprobación de gobierno de América Latina es un buen indicador del declive de la democracia. No estamos hablando de un gobierno, sino de gobiernos de 18 países que sufren del mismo mal –analiza el informe de Latinobarómetro—, cual es que América Latina no ha podido desmantelar la desigualdad, a pesar del crecimiento económico y de la movilidad social de un segmento de la población que ha permitido la existencia de una nueva clase media”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas (CEPAL) acaba de identificar, en efecto, varios obstáculos claros para el desarrollo sostenible en la región, durante : la persistencia de la pobreza (30,2% de todos sus habitantes, 10,2% de ellos en pobreza extrema); las desigualdades estructurales y cultura del privilegio; las brechas en educación, salud y acceso a servicios públicos; la falta de trabajo y la incertidumbre en el mercado laboral; acceso parcial y desigual a la protección social; la institucionalización de una política social aún en construcción; una inversión social insuficiente; y otros obstáculos que llama emergentes, como la violencia, el cambio climático y los desastres naturales, las migraciones y los cambios tecnológicos.
La desconfianza y el descrédito en las instituciones públicas tiene como principal raíz esta desigualdad, según concluyeron en el reciente encuentro “Tejedores de Confianza, vectores de la cohesión social”, organizado por EuroSocial, un consorcio europeo y latinoamericano, programa para la cohesión social en América Latina.
“Una sociedad en que los reclamos ya no son de los más pobres, sino de grandes mayorías sociales o ciudadanas que tienen en común las asimetrías de poder en todos los planos”, reflexionó Clarisa Hardy, ex ministra de Planificación de Chile y profesora de Políticas Públicas.
En su opinión – como escribió en su ensayo “Desconfianza y desigualdades: amenazas para la democracia”–, aminorar la desigualdad en la región y, por tanto, la desafección de la gente a sus democracias, pasa por garantizar la independencia y la autonomía de los poderes públicos, centrar las agendas de políticas públicas en afrontar las desigualdades de todo tipo en su estructura, más allá de los discursos gubernamentales “de igualdad de oportunidades, superación de la pobreza e inequidades”, y políticas fiscales que recauden más y ayuden a una distribución también progresiva del gasto social.