Batieron récords. Durante el año fiscal de 2019, la Patrulla Fronteriza de la frontera del suroeste de Estados Unido con México detuvo a 76,020 niñas y niños migrantes no acompañados. Casi 26 mil más que en 2018: un 52%, según los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Venían de los países del Triángulo Norte –Guatemala (30, 329), Honduras (20,398) y El Salvador (12,021)– y de México (10,487).
La cifra no solo superó en ese tamaño a las detenciones del año anterior, sino que se distanció del récord de detenciones a menores no acompañados de 2014, durante la administración Obama.
En 2014, esta presión migratoria fue inédita. La llegada masiva de niñas y niños solos a la frontera se consideró una crisis migratoria sin precedentes.
Ese año, el número menores no acompañados detenidos y provenientes de los países del Triángulo Norte llegó a los 68,541. La crisis empujó al entonces vicepresidente Joe Biden a viajar a Centroamérica y reunirse con las autoridades de los tres países. “Nosotros vemos a esta ola de niños inmigrantes no acompañados a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos como un serio desafío humanitario”, dijo Biden entonces. Por su parte, el presidente Barack Obama pidió a los padres, en una entrevista con ABC: “No envíen a sus hijos a la frontera. Si llegan, los enviaremos de vuelta y, lo que es más importante, podrían no llegar”.
Esta vez, en tiempos de la política migratoria de tolerancia cero de Donald Trump, las detenciones despegan.
Patricia Clarembaux explica en una nota en Univision que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos es la que se encarga de custodiar a estos menores hasta su deportación. Los mandan a albergues que manejan organizaciones sin fines de lucro, en los que las niñas y niños no deberían pasar más de 45 días.
Pero en 2018, continúa Clarembaux, creció el tiempo de permanencia de los menores en estos centros. “Entre otras cosas, por cambios en las políticas que hicieron más lento el proceso de verificación de antecedentes de los potenciales custodios y porque muchos de los padres no reclamaban directamente a los niños sino a través de un familiar con estatus legal por temor a ser deportados”.
En enero de 2019, clausuraron un centro de Tornillo, Texas, con capacidad de 3,800 camas para albergar a menores, con lo cual los transfirieron a otros albergues.
Según una investigación de Associated Press y Frontline, publicada este mes y firmada por Garance Burke y Martha Mendoza, el gobierno de Trump está derivando una parte del cuidado de las niñas y niños migrantes de organizaciones no gubernamentales, mayormente religiosas, a una organización privada que sí tienen fines de lucro. Comprehensive Health Services es la compañía privada que presta este servicio con financiamiento federal. En junio de 2019, dice la investigación periodística, tenía a su cuidado más del 20% de los menores migrantes en custodia.
Las familias también subieron
El número de familias que arrestó la Patrulla Fronteriza de la frontera suroeste también creció de forma acelerada en 2019: 342% en un año. Si en 2018 los patrulleros arrestaron a 107,212 familias, este año detuvieron a 473,682.
Provenían de los mismos países que los menores no acompañados, pero, en este caso, la mayoría venía de Honduras (188,416).
El número de adultos detenidos subió menos, un 26% con respecto a 2018. Fueron 301,806. 149,967 de ellos llegaban desde México.
La política migratoria de Trump ha provocado por ejemplo, como indica un reporte de Europa Press y Reuters, que, desde enero de 2019, las autoridades enviaran a 13,000 menores, 400 bebés entre ellos, a que esperen en México con sus familias la fecha de las audiencias de los tribunales de migración sobre su solicitud de asilo en Estados Unidos. Esto puede tardar meses. Provienen en su mayoría de los países del Triángulo Norte. Es la política de la administración Trump llamada Protocolo de Protección a Migrantes (Migrant Protection Protocols), que comenzó en enero.
“El riesgo de violencia y enfermedad es alto y es de especial preocupación para las familias con niños pequeños o que sufren condiciones de salud crónicas, según entrevistas con profesionales de la salud, migrantes, defensores de derechos humanos y abogados”, dice el reporte de Europa Press y Reuters.
Las autoridades del gobierno de Trump han separado a más 5,400 menores de sus familias en la frontera desde el 1 de julio de 2017. La Unión Americana de Libertades Civiles reveló estos datos que aportó el gobierno a sus abogados.
Un juez de San Diego ordenó detener esta práctica en junio de 2018, “excepto en circunstancias limitadas, como amenazas a la seguridad infantil o dudas sobre si el adulto es realmente el padre”, como recuerda La Vanguardia. También ordenó reunir a esos niños con sus madres y padres.
Hasta esa fecha, desde julio de 2017, separaron a 1,566 niños. En once meses. De ellos, 207 tenían menos de cinco años y cinco, meses de nacidos.
Cumplir la orden del juez de reunir a las familias ha sido difícil, apunta La Vanguardia, porque los sistemas estadounidenses de seguimiento de las niñas y niños fueron inadecuados. Ha sido complicado localizarlos. Voluntarios de La Unión Americana de Libertades Civiles trabajan para encontrar a las familias y reunirlos con sus hijas e hijos, “puerta a puerta en países como Guatemala y Honduras”.