Primero, esperamos que todos estén a salvo y, para aquellos cuya salud se ve afectada por el coronavirus, reciban nuestras palabras de apoyo y solidaridad.
Si bien los expertos sanitarios luchan en todo el mundo, con los gobiernos, para responder frente a esta pandemia (hay mucho de que aprender de la respuesta de Corea del Sur frente a esta desafortunada situación), es inevitable mirar a la economía. Los mercados de valores no encuentran piso ni base de apoyo, a pesar de las medidas agresivas de intervención de la FED y los bancos centrales. Las grandes industrias, como las aerolíneas, ya tienen un número flotante de la cantidad de inversiones que necesitan para evitar un colapso, en el rango de 50 mil millones de dólares.
Sin embargo, el mayor desafío que enfrenta el inevitable distanciamiento social, las cuarentenas y, finalmente, los toques de queda más estrictos que están evolucionando a medida que navegamos por la crisis pandémica, es cómo abordar el estrés económico que esto pone sobre las pequeñas empresas y las familias que dependen de esos trabajos. La capacidad de recuperación financiera de este segmento vital de nuestra economía (la columna vertebral, tal como la vemos) es limitada. Las pequeñas empresas (restaurantes, servicios y minoristas) realmente dependen del tráfico regular de personas. Por lo tanto, los encargados de formular políticas deben dirigir su atención a las personas de clase media y trabajadora, generalmente sujetas a fondos limitados de ahorro y emergencia, cuyo empleo depende de las pequeñas empresas. De hecho, algunas estimaciones pronostican el desempleo a niveles del 20% en los EE.UU. a medida que continúa la crisis pandémica. El presidente Macron en Francia tuvo una respuesta coherente para abordar este problema. La economía de EE.UU. Espera más definiciones de la administración Trump, mientras el Congreso está considerando y aprobando para corregir el impacto económico de los ciudadanos regulares. Este miércoles, el presidente Trump firmó un paquete de alivio de coronavirus bipartidista que incluye disposiciones para pruebas gratuitas de COVID-19 y pagos a empleados sin capacidad de trabajo por esta emergencia. Mientras tanto, la Casa Blanca está trabajando con los líderes del Congreso en un paquete que podría inyectar hasta un billón de dólares de estímulo en la economía de Estados Unidos, incluidos cheques directos de $1,000 para ayudar a los ciudadanos durante la crisis.
Sobre este tema, el Progressive Policy Institute presentó ideas interesantes, que se centran en el apoyo a las clases media y trabajadora, así como a las pequeñas empresas. Su propuesta se centra en expandir el seguro de desempleo, crear una red de seguridad para los estadounidenses vulnerables, proporcionar liquidez a las personas y empresas con problemas de liquidez, aliviar la presión sobre los gobiernos estatales y locales con apoyo federal, comprometer estrategias financieras para inversiones a largo plazo y reducir los impuestos sobre consumo en lugar de nóminas. Agregaremos que, en el plan de inversión a largo plazo, debería ser una prioridad ampliar la infraestructura de salud y el desarrollo de capacidades para hacer frente a enfermedades contagiosas y pandemias.
Mientras tanto, ha surgido otro problema en medio de la crisis. La pandemia de COVID-19 podría afectar en mayor medida a los países frágiles y extremadamente vulnerables. Venezuela, que se ha convertido en el epicentro de quizás la crisis de refugiados más masiva de la historia, es especialmente vulnerable dada la crisis humanitaria desencadenada por la incompetencia económica de su régimen opresivo en las últimas dos décadas. 5 millones de personas han huido de Venezuela en los últimos años, con más de 2 millones emigrando a Colombia en menos de dos años. Con un sistema de salud débil, existe la necesidad de una respuesta adecuada de la comunidad internacional. Eso requeriría dejar de lado el conflicto político y el estancamiento del país, dividido entre el régimen dictatorial “de facto” de Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de 50 países, incluyendo los Estados Unidos.
Algunas personas, incluido el economista de Harvard de renombre mundial Jeffrey Sachs, argumentan que, dada la crisis actual, Estados Unidos debe levantar las sanciones contra Venezuela, Irán y Cuba. Por otro lado, otras voces expertas como Frank Mora (ex subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental bajo el presidente Obama y director del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green) creen que las sanciones podrían continuar y utilizarse para incentivar cambios en el régimen de Venezuela a través de pasos de transición negociados para democratizar el país mientras se implementan programas de asistencia humanitaria (para remediar la pandemia de coronavirus) financiados y administrados por la ONU y organizaciones internacionales. A medida que se desarrolla el debate, las condiciones de la economía dependiente del petróleo del país empeoran con los precios del petróleo alcanzando menos de 25 dólares por barril; y el FMI respondió que la asistencia financiera en el plazo de 5.000 millones de dólares solicitada por el régimen de Maduro no podía aprobarse dado que, literalmente: “… El compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento”.
Por supuesto, para articular una respuesta inmediata de cooperación gestionada internacionalmente en el caso de Venezuela, ambas partes del conflicto político tendrían que llegar a un acuerdo en una tregua, facilitando la ayuda y la ayuda para rescatar a una nación que es muy vulnerable a la pandemia, ya que progresa en su territorio como en otras partes del mundo.