Sí, en el discurso del gobierno de Donald Trump los inmigrantes se volvieron, de repente, esenciales, algo inimaginable hasta el comienzo de la pandemia. El trabajo que hacen en Estados Unidos, el que han hecho durante años –muchos sin que su situación legal esté al día– cobra un significado vital en esta crisis sobrevenida por el nuevo coronavirus: los temporeros del campo a cargo de mantener la cosecha y los trabadores en los eslabones menos visibles de la cadena de abastecimiento y distrubición de alimentos son fundamentales para que la economía de Estados Unidos marche.
Tienen ahora protección para ir a trabajar, pero no están escudados de una eventual deportación.
“Que vengan”, dijo Trump, en una rueda de prensa reciente, sobre los temporeros del campo. “No estamos cerrando la frontera para evitar que entren. Han estado allí por años, y les he dado el compromiso a los agricultores: van a continuar viniendo. Si no, no tendremos agricultor alguno”.
En un reporte de Miriam Jordan para The New York Times, la temporera mexicana Nancy Silva, de 43 años, cuenta que ahora lleva consigo una carta de su empleador en la que dice que ella y el trabajo que hace son vitales para mantener la cadena de abastecimiento de alimentos.
Ella, que no tiene papeles de residencia legal en Estados Unidos, y que por su situación –recuerda el reporte periodístico—vive con el temor de perder su fuente de sustento, tiene en su bolsillo un documento que la protege, por ahora. El papel le permite ir a trabajar sin que la multen por salir de casa durante el confinamiento, pero no la exime aún de una eventual deportación.
La “Guía del coronavirus para Estados Unidos” emitida por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional dice que “si trabajas en una industria fundamental, definida como tal por el Departamento de Seguridad Nacional, como servicios de salud y farmacéuticos y abastecimiento de comida, tienes una responsabilidad especial de mantener tu horario de trabajo regular”.
Es como un salvoconducto, explican Pablo Guimón y Pablo Ximénez de Sandoval en un reportaje de El País. Manuel Cunha, presidente del sindicato Nisei Farmers League, de Fresno, detalló a estos periodistas que las cartas como la que lleva Nancy Silva tienen el nombre del trabajador o la trabajadora, el nombre de su empleador o empleadora y el teléfono de contacto. “Si le para un agente de policía o del sheriff, solo tiene que enseñar a carta, llaman al granjero y este les confirma que esa persona se está desplazando a trabajar”.
En California, al oeste del país, hay una porción importante del trabajo del campo que se hace en Estados Unidos. Guimón y Ximénez citan un estudio de la Universidad de California que apunta que allí hay 800 mil trabajadores agrícolas. “La estimación más baja es que el 60% son indocumentados. Estos días de aislamiento, son las manos que garantizan que hay fruta y verdura fresca en los supermercados”.
Nancy Silva vive y trabaja en ese estado, en los sembradíos de clementinas de Bakersfield, California. “Es como que se hubieran dado cuenta de repente de que estamos aquí para contribuir”, le dice a la periodista de The New York Times.
Anita Kumar reportó para Politico que la comunidad empresarial, incluida la Cámara de Comercio que opera en todo el país, ha estado presionando desde antes de la pandemia para que el gobierno permita plazas temporales a los inmigrantes, puesto que entonces el desempleo había caído y no tenían como llenarlas. Ahora que la crisis ha tenido el efecto contrario en el empleo, han seguido pidiéndolo.
Jon Baselice, director ejecutivo de inmigración de la Cámara de Comercio, dijo a Kumar: “Muchos trabajadores migrantes están ayudando en el presente a nuestra nación contra la expansión de Covid-19. Sus contribuciones a nuestro bienestar nacional son fundamentales para nuestra seguridad hasta que aplanemos la curva de esta pandemia”.
“Los inmigrantes están trabajando en los supermercados, en el campo, procesando la comida, en la construcción — agregó Sindy Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, citada en el reporte de El País–. Son las personas que, en momentos de emergencia, mantienen este país funcionando”.
Damos visas pero no tanto
Los periodistas Guimón y Ximénez de El País mencionan en su reporte que el 5 de marzo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había informado precisamente que daría este año 35 mil visas más a trabajadores temporales de rubros no agrícolas como el turismo o la hostelería. Pero el 2 de abril el gobierno se echó para atrás, aludiendo la situación económica desencadenada con la pandemia con el aumento exponencial del desempleo.
“El problema es que muchos empresarios consideran que los trabajadores extranjeros son cruciales para determinados empleos que cuesta cubrir con ciudadanos estadounidenses. Y más cuando ahora pueden obtener más ingresos con las prestaciones de desempleo y otras ayudas contempladas en el gigantesco plan de estímulo a la economía”, recalcan los periodistas.
Por otra parte, el Departamento de Estado, a través de su Oficina de Asuntos Consulares, hizo una petición pública el 27 de marzo: “Animamos a los profesionales de la medicina que buscan trabajo en Estados Unidos con una visa de intercambio (H o J), en particular quienes trabajan en asuntos relacionados con Covid19, a que contacten a su embajada o consulado de Estados Unidos más cercanos para una cita para la visa”. Lo publicó en su cuenta oficial de Twitter.
El anuncio llegó días después de que el gobierno suspendiera las actividades consulares en el exterior, salvo las esenciales.
Los periodistas fulano y Ximénez de El País apuntan que el tweet desencadenó respuestas masivas, en llamadas a los consulados y en críticas de los detractores.
El Departamento de Estado no tardó en rectificar y en otro tweet, horas después, publicó una aclaración contradictoria: “Noten, por favor, que deben tener (I.129, I-140 o similar) o un certificado de elegibilidad en un programa autorizado de intercambio”.
La información está actualizada así en el sitio web oficial.
Redadas y expulsiones exprés
La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) anunció el 18 de marzo pasado que disminuía temporalmente la práctica agresiva de redadas en busca de inmigrantes sin papeles –una marca del gobierno de Trump–, excepto a quienes, según su criterio, pongan “en riesgo la seguridad nacional”, como reportó entonces The Guardian.
En teoría, ICE no hará detenciones a inmigrantes en las cercanías de los hospitales y otros centros de salud, informó The Washington Post, para promover que los inmigrantes sin papeles reciban atención sanitaria y evitar más contagios.
Sin embargo, un artículo de Sam Bojarski para The Haitian Times muestra que las redadas y detenciones no han parado. Por ejemplo, a los haitianos Fredly Charles y Junior Augustine los detuvieron en Louisiana con una orden de deportación. Los dos dejan a su familia en Estados Unidos. Charles, por ejemplo, está casado con una ciudadana estadounidense y no tiene ningún expediente criminal, según su abogado, por lo cual no sería una amenaza para la seguridad, detalla el artículo. El caso de Augustine es similar.
Genia Blaser, abogada de la organización Immigrant Defense Project de Nueva York, denunció al reportero, por otra parte, que ICE utiliza la “retórica de la seguridad pública para normalizar su manera de conducir las operaciones”. La abogada dice que el virus no ha impedido que los agentes de ICE entren a las comunidades de inmigrantes “y se conviertan en transmisores potenciales de la enfermedad”, y que en “muy pocas instancias” el ICE ha soltado a personas con una salud vulnerable frente al coronavirus. El periodista Jorge Cancino confirmó la semana pasada en un artículo que la agencia liberó a 160 personas, aunque identificó a 600 vulnerables.
Que el gobierno estadounidenses reconozca que es esencial la labor de los inmigrantes que trabajan en rubros fundamentales no los protege entonces de las feroces políticas migratorias que, de todas formas, siguen en marcha.
El Washington Post reveló el 9 de abril que las autoridades bajo el mando de Trump han expulsado a 10 mil inmigrantes del país desde que comenzó la crisis por la pandemia, alegando las medidas de emergencia, en expulsiones exprés en vigor desde el 21 de marzo.
Un reporte previo del mismo periódico informó que, usando el argumento de la salud pública, el gobierno ha puesto en suspenso las leyes de protección a los menores migrantes y a los solicitantes de asilo, con lo cual “el gobierno de Estados Unidos puede deportarlos de inmediato o rechazarlos”.
Sin realizar chequeo médico alguno, la patrulla fronteriza puede llegar a retornarlos a México en solo 96 minutos, dice el artículo, datado en Texas.