El senador Robert Menéndez de Nueva Jersey, demócrata de alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha publicado documentos que muestran que la administración de Trump ha deportado subrepticiamente a más de 100 venezolanos a su país de origen este año. Las deportaciones se han realizado utilizando el tercer país de Trinidad y Tobago para ocultar el destino real de los deportados, a pesar de la crisis del covid-19 y las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en Venezuela, a la magnitud de ser calificados crímenes de lesa humanidad por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el mes pasado.
Las deportaciones ocurrieron al eludir una ley estadounidense del 2019 que prohíbe el regreso forzoso de refugiados a un lugar donde sus vidas o su libertad están en peligro. Desde la aprobación de esta ley, los Estados Unidos suspendió los vuelos desde y hacia los aeropuertos venezolanos. Debido a que los países del Caribe generalmente tienen pocas protecciones para los refugiados y reciben ayuda y apoyo significativo de los Estados Unidos, Trinidad y Tobago se ha utilizado como el supuesto destino de los venezolanos deportados, desde donde han sido posteriormente transportados a su país de origen.
El senador Menéndez citó comunicaciones del Departamento de Estado que confirman la continuación de las deportaciones, así como una rueda de prensa de febrero de Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela, indicando que no diría que había un “congelamiento total” en la deportación de venezolanos. En una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, el senador Menéndez escribió: “Los nuevos documentos proporcionados a mi oficina confirman que las deportaciones de Estados Unidos a Venezuela continuaron a través de terceros países al menos hasta marzo de 2020, mientras que la Administración Trump ha ofrecido pocas garantías de que no continuará devolviendo por la fuerza a los venezolanos a un régimen que las Naciones Unidas declaró recientemente ha cometido crímenes de lesa humanidad.” El informe de la ONU citó casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, utilizando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia, produciendo miles de muertes por negligencia en el país.
“La política exterior estadounidense debe contrarrestar los abusos sistemáticos de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro. La continua deportación de ciudadanos venezolanos por parte del gobierno parece socavar estas políticas,” agregó.
Los críticos han acusado a la administración Trump de hipocresía en sus tratos con Venezuela y la diáspora venezolana, millones que se han visto obligados a huir de su país. Aunque la administración Trump ha hecho la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro un elemento central de su política exterior latinoamericana, apelando a los votantes latinos conservadores en Florida, sus políticas no han logrado desalojar al dictador venezolano ni mejorar la crisis humanitaria que empeora en Venezuela. La administración también se ha negado a otorgar refugio a los venezolanos que huyen en los Estados Unidos, como lo demuestran las deportaciones secretas.
El propio presidente Trump, aunque puede otorgar unilateralmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos a través de una orden ejecutiva, se ha negado a hacerlo, y los republicanos del Senado han bloqueado continuamente la aprobación de las protecciones del TPS para los venezolanos. Además, la administración continúa imponiendo requisitos estrictos a las solicitudes de protección de asilo, en línea con su postura endurecida sobre la inmigración. Aunque el número de venezolanos que buscan asilo ha aumentado drásticamente en los últimos años, estas solicitudes están siendo negadas en grandes cantidades. El año pasado, por ejemplo, se negó el 33% de todos los casos de asilo. En el año fiscal 2020, el 46% de las solicitudes fueron negadas.