Washington, D.C. — Un grupo de 23 congresistas estadounidenses envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio y al Departamento de Estado exigiendo explicaciones detalladas sobre los acuerdos con El Salvador que permiten el traslado de individuos deportados desde EE.UU. a la prisión de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). La misiva plantea serias preocupaciones legales y de derechos humanos, señalando que esta práctica podría violar tanto la legislación estadounidense como tratados internacionales.
“Escribimos con la máxima urgencia y profunda preocupación respecto a la transferencia forzada de individuos hacia una instalación conocida por denuncias graves de abuso”, señalan los firmantes, pertenecientes al Caucus Demócrata. La carta denuncia que los traslados “no solo violan principios fundamentales del derecho internacional, sino también las leyes de Estados Unidos y nuestro compromiso con los derechos humanos”.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la posible violación del principio de non-refoulement, establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Estados Unidos en 1998. Según la ley, “el gobierno estadounidense no debe, bajo ninguna circunstancia, expulsar, extraditar o devolver por la fuerza a individuos a un país donde existan razones fundadas para creer que serán sometidos a tortura”.
Los legisladores también citan informes de organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas que han documentado condiciones inhumanas dentro del CECOT, incluyendo hacinamiento extremo, ausencia de debido proceso, y uso sistemático de tortura. La relatora especial de la ONU sobre la tortura, Dra. Alice Edwards, advirtió que los métodos utilizados en esta prisión, mostrados en videos difundidos por el expresidente Donald Trump en su red social, pueden facilitar actos de tortura.
La carta hace referencia directa a declaraciones recientes del secretario Rubio, quien sostuvo que “lo que negociamos es la realidad de que en El Salvador cumplen con todos los requisitos internacionales para el encarcelamiento”. Ante esto, los firmantes exigen que se presenten “todas las garantías escritas del presidente Nayib Bukele o su administración” que prueben que el trato a los detenidos cumple con los estándares internacionales.
Además, los congresistas demandan una respuesta directa del Departamento de Estado a una serie de preguntas clave, entre ellas:
- ¿Ha proporcionado Estados Unidos compensación monetaria al gobierno de El Salvador por el encarcelamiento de personas transferidas desde EE.UU.?
- ¿Cuál es la base legal que autoriza a EE.UU. a pagar a otro país para encarcelar personas, incluso si no han sido condenadas por ningún delito?
- ¿Cuánto tiempo se planea continuar con estos pagos y qué ocurrirá si se detiene la financiación?
- ¿Qué agencia autorizó y entregó esos fondos y bajo qué marco legal?
- ¿El Departamento de Estado realizó un análisis legal sobre si estos traslados violan la Ley de Reforma y Reestructuración de Asuntos Exteriores de 1998?
- ¿Qué mecanismos de supervisión existen para garantizar el trato seguro de las personas detenidas en CECOT con fondos estadounidenses?
Los legisladores exigen una respuesta oficial a más tardar el 14 de abril de 2025 y advierten que “Estados Unidos tiene el deber legal y moral de cumplir con el derecho internacional y la Constitución al proteger a las personas que estuvieron físicamente presentes en nuestro país antes de su expulsión ilegal a El Salvador”.
“La omisión de esta responsabilidad representaría una inaceptable renuncia al compromiso de nuestra nación con los derechos humanos y el estado de derecho”, concluye la carta.
La misiva fue firmada por los congresistas Nydia M. Velázquez, Delia C. Ramirez, Eleanor Holmes Norton, Alexandria Ocasio-Cortez, Maxine Waters, John Garamendi, Lloyd Doggett, Darren Soto, Maxine Dexter, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Greg Casar, Jennifer L. McClellan, Veronica Escobar, Debbie Wasserman Schultz, James P. McGovern, Sylvia R. Garcia, Yassamin Ansari, Ilhan Omar, Robert Garcia, Jesús G. “Chuy” Garcia, Lori Trahan y Bonnie Watson Coleman.