La decisión suspende el fallo de un juez federal que había declarado ilegal la terminación del TPS; las juezas progresistas disintieron y alertaron sobre el uso político del poder judicial.
Washington D.C.—El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este viernes que la administración de Donald Trump avance en su plan para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos venezolanos, una medida que podría afectar a centenares de miles de migrantes que residen legalmente en el país bajo esa protección.
La decisión, tomada mediante una orden breve y no firmada, deja en suspenso la sentencia del juez federal Edward Chen, quien había determinado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de forma ilegal al anular la designación de Venezuela bajo el programa de protección humanitaria.
La medida responde a una petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, nombrada por Trump, quien en febrero de 2025 anunció la terminación del TPS para Venezuela y otras naciones previamente amparadas bajo el programa.
Un cambio de rumbo con amplias consecuencias
El TPS fue concedido a Venezuela en 2021 por el entonces secretario Alejandro Mayorkas, y renovado sucesivamente ante la persistente crisis humanitaria y política del país. La última extensión, vigente hasta octubre de 2026, ahora queda en entredicho tras la intervención del alto tribunal.
Con la decisión del Supremo, el gobierno puede proceder con la revocatoria, dejando sin protecciones a la gran mayoria de los beneficiarios mientras continúan los litigios en tribunales inferiores, quedando expuestos a procesos de deportación.
Fuerte disenso en la Corte
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la decisión. En un voto disidente, Jackson criticó lo que calificó de “uso grave y repetido” de los poderes de emergencia por parte de la Corte para favorecer acciones ejecutivas de carácter político.
“La Corte permite al Poder Ejecutivo interferir en casos aún pendientes cuando vidas humanas están en la balanza”, escribió Jackson, cuestionando la falta de urgencia o justificación excepcional para intervenir.
Contexto político y judicial
La administración Trump ha buscado revertir varios programas migratorios aprobados bajo el mandato de Joe Biden, alegando abuso de autoridad y falta de revisión del Congreso.
El caso de Venezuela se suma a una serie de decisiones judiciales que podrían redefinir la política migratoria estadounidense en medio de un año electoral marcado por la polarización y el debate sobre la frontera.
La orden del Tribunal Supremo no constituye un fallo definitivo sobre el fondo del caso, pero anticipa una tendencia hacia el restablecimiento de la discrecionalidad ejecutiva en materia migratoria, que la Corte ha venido reforzando desde 2020.
Impacto potencial
– Cerca de 600 venezolanos se acogieron al TPS desde 2021 y 2023, según el DHS.
– La mayoría reside en Florida, Texas, Nueva York y Virginia.
– El fin del TPS podría afectar sectores laborales clave, especialmente en servicios, construcción y hospitalidad.
El abogado de cabecera de las demandas judiciales ejercidas por ACLU en defensa de los Venezolanos con TPS, Ahilan Arulanantham director del Centro de Derecho Migratorio de la Universidad de California, expreso que una decision muy dura, estamos estudiando que hacer, pero nos deja sin opciones judiciales adicionales para restablecer el estatus: “Esta decision no se ajusta derecho, el sistema judicial del pais no esta funcionando”.
La Directora Ejecutiva del Venezuelan American Caucus, ONG que ha liderado en estos esfuerzos recomendó “que aún cuando seguirán trabajando con ACLU para buscar opciones judiciales y prevalecer en el fondo de la contraversia, esto puede tomar meses, es hora de que todos los afectados consulten que opciones tienen bajo la ley para proteger su permanencia en los Estados Unidos”.
El dirigente politico demócrata y venezolano estadounidense, Leopoldo Martinez Nucete -quien para muchos fue el principal impulsor de este alivio migratorio antes y durante la administración Biden- expresó que: “la Corte complace por razones políticas una obsesión y capricho de la administración Trump para facilitarle el camino a sus deportaciones masivas, forzando la auto deportación de Venezolanos honestos, productivos y perfectamente integrados en nuestras comunidades; y lo hacen en un momento que plantean presión maximalista contra el regimen de Venezuela, lo cual es una contradicción porque si la premisa del TPS es la existencia de un regimen opresivo en el país, cómo retirar esta protección migratoria y enviar a 600 venezolanos a la incertidumbre y riesgo que corren en su país en estas circunstancias”.
Reflexión editorial
La decisión del Supremo no solo impacta la vida de miles de familias venezolanas; también pone de relieve un patrón preocupante: la judicialización acelerada de la política migratoria y el uso del poder de emergencia de la Corte para revertir decisiones humanitarias.
Más allá del debate jurídico, esta decisión reabre un dilema moral y político sobre el papel de Estados Unidos frente a los refugiados y migrantes de países en crisis, particularmente de América Latina.