El Banco Central de Venezuela (BCV) es hoy mucho más que una institución económica debilitada. Es el reflejo más claro del colapso institucional del país en las últimas dos décadas.
Lo que fue concebido como garante de la estabilidad monetaria terminó convertido en un organismo subordinado al poder político, sin autonomía real, con graves déficits de transparencia y credibilidad. La destrucción del bolívar no fue un accidente: fue la consecuencia de la erosión sistemática de la institucionalidad monetaria.
En este período, el bolívar ha sufrido uno de los colapsos monetarios más dramáticos de la historia económica contemporánea, perdiendo en la práctica todo su valor. Venezuela registró una inflación anual de alrededor de 130.000% en 2018, una de las más altas jamás documentadas, y un promedio en la última década estimado entre 1.500% y 2.000% anual.
Aun con la desaceleración reciente, la inflación proyectada para 2026 —entre 80% y 120% anual— se mantiene entre las más altas del mundo, probablemente la mayor fuera de economías en conflicto abierto o colapso monetario extremo.
Durante años, el BCV dejó de cumplir su función esencial: preservar el valor de la moneda. La monetización del déficit fiscal, la falta de disciplina macroeconómica y la opacidad estadística sentaron las bases de esta catástrofe. Las tres reconversiones monetarias —que eliminaron 14 ceros— no resolvieron el problema; apenas lo ocultaron.
El resultado fue previsible. Los venezolanos abandonaron el bolívar. Desde 2019, la economía se dolarizó de facto, no por diseño, sino por necesidad. El dólar pasó a ser unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor, desplazando al BCV de la vida económica real.
Pero la crisis del Banco Central no es solo doméstica. Las sanciones de Estados Unidos restringieron el acceso a mercados, bloquearon activos y fragmentaron la operatividad internacional del país. Más allá de sus objetivos, contribuyeron a una ruptura institucional: el control de activos externos quedó separado de la política monetaria interna.
De ese quiebre surgió el BCV ad hoc en 2019, bajo el Estatuto de Transición aprobado por la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó —cuyo gobierno fue reconocido por Estados Unidos y más de 60 países—. Su mandato fue proteger los activos de la República en el exterior en medio de una disputa por la legitimidad del Estado.
Entre esos activos destacan las reservas de oro en el Banco de Inglaterra, estimadas en 30 a 32 toneladas métricas, equivalentes hoy a entre 4.480 y 4.780 millones de dólares: uno de los componentes más relevantes del patrimonio externo venezolano.
Sin embargo, lo que nació como mecanismo excepcional terminó prolongándose más allá de su contexto político. El gobierno interino dejó de existir, pero algunas de sus estructuras —incluido el BCV ad hoc— siguen siendo reconocidas, generando una anomalía institucional: dos centros de autoridad monetaria sin integración efectiva.
En este contexto, la reciente decisión de Estados Unidos de reconocer a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada del Estado Venezolano marca un punto de inflexión.
Con el Banco Central de Venezuela no puede pasar lo que acaba de ocurrir con PDVSA USA y CITGO, cuyo control fue reasumido sin una ruptura con las estructuras y funcionarios del gobierno corporativo y administración previas. El BCV no puede reconstruirse sobre la continuidad de un sistema que perdió su credibilidad.
A diferencia de una empresa estatal, el banco central, por mandato constitucional, debe ser autónomo y el núcleo de la estabilidad macroeconómica. Su recuperación exige una reconstrucción institucional desde sus fundamentos.
Esto implica cerrar ordenadamente el esquema ad hoc, auditar los activos, reintegrar las reservas bajo una sola autoridad y reconstituir el BCV con un directorio independiente, que refleje por su experiencia, credenciales y credibilidad, un consenso social, y cuya presidencia tenga un mandato claro: estabilizar la moneda y reconstruir la confianza.
Pero, sobre todo, implica entender la urgencia. La reinstitucionalización del BCV no es una reforma más: es la condición para que cualquier transición sea viable.
Sin una autoridad monetaria creíble, no hay estabilización. Sin estabilización, no habrá inversión ni recuperación del ingreso. Y sin eso, no habrá transición económica sostenible.
Venezuela no puede posponer esta decisión si se quiere lograr una transición económica y política exitosa.
La reconstrucción del Banco Central debe comenzar ahora. Porque es ahí —no después— donde empieza la reconstrucción económica del país.