Hace seis años escribí, en estas mismas páginas, sobre una coincidencia del calendario que siempre me ha parecido cargada de significado: Estados Unidos celebra su independencia el 4 de julio y Venezuela la celebra al día siguiente, el 5. La reflexión es tanto más oportuna con ocasión de que Estados Unidos celebra sus 250 años en medio de este importante y crítico momento político con Venezuela, ahora afectada por esta tragedia que resulta del telúrico impacto de dos terremotos con un saldo terrible en lo humanitario y en la infraestructura del Estado Vargas, Caracas y otras regiones del país. Un tema fundamental al cual regresaré en los próximos días, con algunas conclusiones y propuestas enfocadas en la desafiante tarea de la respuesta social y la reconstrucción, mientras termino mi recorrido de contacto con la realidad y consulta con expertos.
Retomando la reflexión sobre estas fechas históricas del 4 y el 5 de Julio, entre ambas transcurre apenas una noche. Entre ambos procesos históricos, treinta y cinco años. Y entre las dos experiencias republicanas se extiende una relación mucho más compleja, profunda y fecunda de lo que suelen admitir tanto el antiamericanismo simplificador como las visiones que confunden cooperación con subordinación.
Vuelvo hoy sobre aquella reflexión porque Venezuela atraviesa un momento que obliga a pensar históricamente. Los tiempos de cambio tienen esa exigencia: nos fuerzan a mirar hacia adelante, pero también a preguntarnos de dónde venimos, qué promesas quedaron incumplidas y qué errores no debemos repetir.
La independencia de las trece colonias británicas en 1776 constituyó una ruptura de alcance universal. La Declaración de Independencia convirtió en programa político una afirmación radical para su tiempo: que los seres humanos poseen derechos inherentes; que los gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; y que cuando el poder destruye esos fines, el pueblo conserva el derecho a transformarlo.
Aquellas ideas no nacieron de la nada. Eran hijas de la Ilustración, del constitucionalismo inglés, de las tradiciones del autogobierno colonial y de una larga controversia sobre representación, tributación y soberanía. Pero en Estados Unidos adquirieron una forma política concreta. La revolución dejó de ser únicamente una rebelión contra un monarca para convertirse en la fundación deliberada de una república.
Su impacto atravesó el Atlántico.
La Revolución francesa radicalizó el lenguaje de los derechos universales. La revolución de Haití llevó esa promesa hasta una consecuencia que las sociedades esclavistas temían reconocer: que la libertad proclamada como universal no podía detenerse ante la raza ni ante la condición servil. Y en la América española, las crisis de la monarquía, la invasión napoleónica de la península y la abdicación de Fernando VII abrieron la pregunta decisiva sobre dónde residía realmente la soberanía.
Venezuela estuvo en el centro de esa respuesta.
Antes incluso de 1811, Francisco de Miranda había encarnado de manera extraordinaria la circulación atlántica de las ideas revolucionarias. Conoció de cerca la experiencia estadounidense, combatió en Pensacola durante la guerra de independencia de las colonias británicas, recorrió Estados Unidos y Europa, participó en la Revolución francesa y dedicó buena parte de su vida a imaginar la emancipación de Hispanoamérica.
Miranda representa, quizá mejor que nadie, el carácter transnacional de aquel tiempo. Las independencias americanas no fueron episodios aislados. Fueron parte de una gran conversación sobre libertad, soberanía, ciudadanía y representación.
También Simón Bolívar observó con atención la experiencia de Estados Unidos, aunque desde una mezcla de admiración, cautela y profunda conciencia de las diferencias históricas. Comprendió la potencia del modelo republicano norteamericano, pero nunca creyó que las instituciones pudieran simplemente copiarse de una sociedad a otra. Nuestra América tenía otra historia colonial, otra estructura social, otras fracturas y otros desafíos de integración política.
Esa tensión sigue siendo actual.
El 5 de julio de 1811, Venezuela declaró solemnemente su independencia. Fue la primera de las antiguas posesiones españolas en Hispanoamérica en hacerlo de esa manera. Pero nuestra independencia, a diferencia de la estadounidense, desembocó en una guerra más larga, devastadora y socialmente compleja. No fue solo una confrontación entre colonia y metrópoli. Fue también una guerra civil, racial, regional y social, en la que las lealtades atravesaron clases, castas y territorios.
La Primera República cayó. La Segunda también. La violencia adquirió dimensiones atroces. La independencia venezolana tuvo que construirse en medio de una sociedad fragmentada y de una guerra que destruyó una parte sustancial de la riqueza, la población y las estructuras productivas del país.
Allí aparece una primera diferencia fundamental entre ambos procesos.
Estados Unidos conquistó su independencia y pudo salir del conflicto militar para concentrarse relativamente pronto en el problema de construir instituciones para una nueva república, aunque lo hizo preservando contradicciones enormes. Venezuela y buena parte de Hispanoamérica conquistaron la independencia en medio de una desarticulación territorial, económica y social que condicionaría todo el siglo XIX.
Pero también existe una semejanza esencial: ambas independencias nacieron proclamando principios que sus propias sociedades estaban lejos de cumplir.
Estados Unidos afirmó que todos los hombres habían sido creados iguales mientras mantenía la esclavitud. La nueva república excluyó durante generaciones a afroamericanos, mujeres, pueblos indígenas y amplios sectores sin acceso efectivo a la ciudadanía. La distancia entre la promesa de 1776 y la realidad fue tan profunda que, menos de un siglo después, el país debió atravesar una guerra civil.
Venezuela tampoco nació como una democracia socialmente integrada. La sociedad colonial dejó profundas jerarquías raciales, económicas y territoriales. La independencia abolió el vínculo imperial, pero no eliminó automáticamente la desigualdad ni convirtió a todos los habitantes en ciudadanos efectivos. La esclavitud sobrevivió hasta 1854. El caudillismo, la guerra recurrente y la concentración del poder marcaron buena parte de nuestra vida republicana.
Por eso conviene distinguir independencia de democracia.
Una nación puede ser soberana sin ser democrática. Puede expulsar una dominación externa y reproducir internamente formas de exclusión, arbitrariedad y privilegio. Puede invocar permanentemente la independencia mientras niega a sus ciudadanos el derecho a escoger y controlar a sus gobernantes.
Esa lección es particularmente importante para Venezuela.
Durante años, el lenguaje de la soberanía fue utilizado para justificar la concentración del poder, la erosión institucional y el aislamiento. Se presentó toda crítica internacional como agresión y toda cooperación democrática como injerencia. La independencia, que debería proteger la capacidad de un pueblo para gobernarse a sí mismo, terminó convertida retóricamente en escudo de un poder que restringía precisamente esa capacidad.
Pero el error inverso sería igualmente grave: concluir que, porque Venezuela ha sufrido una prolongada destrucción institucional, su reconstrucción puede ser diseñada desde afuera.
No.
La democracia venezolana debe ser obra de los venezolanos. La comunidad internacional puede acompañar, facilitar, cooperar y crear incentivos. Estados Unidos puede desempeñar un papel particularmente relevante. Pero ninguna potencia sustituye la legitimidad nacional, la construcción institucional ni el acuerdo político de una sociedad.
Esa convicción me llevó recientemente a escribir contra el espejismo de imaginar a Venezuela como un hipotético “estado 51”. La provocación puede parecer anecdótica, pero revela una confusión de fondo. Venezuela no necesita dejar de ser Venezuela para construir una relación estratégica con Estados Unidos. Al contrario: una alianza auténtica solo puede existir entre naciones que se reconocen y respetan como tales.
Y la historia demuestra que la relación entre ambos países ha sido mucho más rica que las caricaturas.
Desde los tiempos de Miranda, Estados Unidos ocupó un lugar en el imaginario de nuestros precursores. Durante el siglo XIX, la relación estuvo atravesada por comercio, diplomacia, intereses hemisféricos y también profundas asimetrías. La Doctrina Monroe de 1823 proclamó la oposición a nuevas intervenciones coloniales europeas en el continente, aunque con el tiempo sería interpretada y utilizada de maneras que despertaron comprensibles recelos en América Latina.
A finales de ese mismo siglo, Estados Unidos desempeñó un papel decisivo en la controversia limítrofe entre Venezuela y el Imperio británico por la Guayana Esequiba. Pocos años después, durante el bloqueo naval europeo de 1902-1903, la relación entre soberanía latinoamericana, poder europeo y creciente influencia estadounidense volvió a situar a Venezuela en el centro de las tensiones hemisféricas.
Nuestra historia bilateral nunca ha sido lineal.
Hubo momentos de cercanía y momentos de desencuentro. Hubo cooperación y desconfianza. Hubo admiración hacia la democracia estadounidense y también críticas legítimas a episodios de intervencionismo. Hubo, en Venezuela, una tradición democrática capaz de mantener una relación estrecha con Washington sin renunciar a una política exterior propia.
Ese punto merece ser recordado.
La Venezuela democrática del siglo XX no entendió la amistad con Estados Unidos como obediencia. Rómulo Betancourt durante su presidencia y acción política luchó por una visión y construyó una política exterior firmemente democrática y, al mismo tiempo, celosa de la soberanía nacional. Venezuela pudo ser aliada de Estados Unidos, enfrentar dictaduras, defender el sistema interamericano y sostener posiciones propias. Más tarde, distintos gobiernos democráticos mantuvieron relaciones estrechas con Washington mientras desarrollaban iniciativas autónomas hacia América Latina, el Caribe, Europa y el mundo en desarrollo.
La cooperación y la autonomía no son conceptos incompatibles.
Tampoco lo son la economía de mercado y la justicia social.
Aquí aparece otra conversación pendiente entre nuestras dos experiencias nacionales. La independencia política solo adquiere plenitud cuando las personas disponen de capacidades reales para ejercer su libertad. El ciudadano que vota pero carece de educación, seguridad, empleo digno, acceso al capital o posibilidad de progreso vive una ciudadanía disminuida.
Estados Unidos ha construido una de las economías más innovadoras y productivas de la historia, impulsada por la iniciativa individual, la empresa privada, la competencia, la ciencia y una extraordinaria capacidad para atraer talento. Pero su propia historia demuestra también que el mercado necesita instituciones, reglas, inversión pública y mecanismos de inclusión. El New Deal, la expansión educativa, el movimiento por los derechos civiles y las sucesivas luchas por ampliar oportunidades forman parte de la construcción democrática estadounidense tanto como la libertad empresarial.
Venezuela, por su parte, conoció durante el siglo XX una experiencia notable de movilidad social, urbanización, educación pública, expansión de las clases medias e integración política. Pero también permitió que la renta petrolera sustituyera demasiadas veces la productividad, que el Estado se convirtiera en distribuidor de privilegios y que profundas desigualdades sobrevivieran bajo la apariencia de prosperidad.
El colapso posterior no invalida la aspiración a la justicia social. Demuestra, más bien, que no existe justicia social sostenible sin instituciones, productividad, inversión, propiedad, disciplina fiscal y crecimiento.
La Venezuela que hoy debe reconstruirse necesita superar falsas dicotomías.
No tiene que escoger entre mercado y justicia social, sino construir una economía competitiva que distribuya oportunidades. No tiene que escoger entre soberanía y cooperación internacional, sino ejercer una soberanía capaz de asociarse inteligentemente. No tiene que escoger entre crecimiento y protección social, sino comprender que sin crecimiento no hay recursos sostenibles para la inclusión y que sin inclusión el crecimiento pierde legitimidad democrática.
Esa es, para mí, la esencia de una democracia económica.
Y puede ser también uno de los fundamentos de una nueva relación entre Venezuela y Estados Unidos.
Ambos países se necesitan más de lo que a veces reconocen.
Estados Unidos tiene un interés estratégico en una Venezuela democrática, estable y próspera. Lo tiene por razones energéticas, geográficas, comerciales y de seguridad hemisférica. Lo tiene por la necesidad de enfrentar el crimen organizado transnacional y reducir los factores que impulsan migraciones desesperadas. Lo tiene por la competencia global en un mundo donde potencias extrahemisféricas buscan ampliar su influencia. Y lo tiene porque millones de venezolanos han construido ya vínculos humanos, familiares, empresariales y cívicos con la sociedad estadounidense.
Venezuela también necesita una relación sólida con Estados Unidos. Necesita inversión, tecnología, mercados, financiamiento, cooperación energética, modernización de infraestructura y acceso a las redes de innovación que están transformando la economía mundial. Necesita reconstruir su industria petrolera y gasífera, pero también desarrollar electricidad, telecomunicaciones, infraestructura digital, energías renovables y nuevas capacidades productivas.
La complementariedad es evidente.
Pero esa relación solo será sostenible si descansa sobre el respeto recíproco y sobre una idea democrática de la prosperidad.
Estados Unidos no debería aspirar a una Venezuela subordinada, sino a una Venezuela estable, democrática y capaz de ser un socio confiable. Venezuela no debería relacionarse con Estados Unidos desde el resentimiento ni desde la dependencia, sino desde la conciencia de sus propios intereses nacionales.
Y ambos países deben comprender que la inclusión es una cuestión estratégica.
Las democracias fracasan cuando demasiadas personas sienten que el sistema no les pertenece. Fracasan cuando la desigualdad se transforma en exclusión permanente, cuando la identidad se utiliza para dividir, cuando el adversario político deja de ser ciudadano y se convierte en enemigo.
La historia de Estados Unidos puede leerse como una larga lucha por ampliar el “nosotros” de 1776. La historia de Venezuela puede leerse también como una búsqueda, tantas veces interrumpida, por convertir una sociedad fragmentada en una comunidad política.
Esa tarea continúa abierta en ambas naciones.
Por eso vuelvo al calendario.
El 4 de julio de 1776 y el 5 de julio de 1811 no son fechas para una celebración complaciente. Son invitaciones a medir la distancia entre los principios proclamados y las realidades construidas. A recordar que la libertad política puede coexistir con exclusiones intolerables. A comprender que la soberanía sin ciudadanía puede convertirse en una palabra vacía. Y a reconocer que ninguna democracia está definitivamente terminada.
Entre el 4 y el 5 de julio transcurre apenas una noche.
Treinta y cinco años separaron aquellas dos declaraciones de independencia. Más de dos siglos después, Estados Unidos y Venezuela siguen enfrentados a la misma pregunta esencial: cómo convertir la libertad proclamada en libertad vivida; cómo hacer de la democracia no solo un procedimiento para escoger gobiernos, sino un sistema de dignidad, oportunidades y convivencia; cómo construir economías dinámicas sin abandonar a quienes quedan rezagados; cómo integrar sociedades diversas sin exigir uniformidad.
Venezuela atraviesa hoy un momento en el que esas preguntas dejan de ser filosóficas y vuelven a ser urgentes.
La reconstrucción nacional exigirá democracia, pero también inclusión. Mercado, pero también justicia social. Apertura al mundo, pero también conciencia de soberanía. Cooperación con Estados Unidos, pero desde el respeto mutuo. Reconciliación, pero sin renunciar a la verdad ni a las instituciones.
Quizás allí se encuentre la actualización más necesaria de aquella reflexión que escribí hace seis años.
Las independencias no fueron puntos de llegada. Fueron comienzos.
Y tal vez el mejor homenaje que hoy podemos rendir al 4 y al 5 de julio sea asumir que la verdadera independencia no consiste en alejarnos unos de otros, sino en relacionarnos sin subordinación; que la soberanía no consiste en aislarnos, sino en decidir libremente nuestras alianzas; y que la democracia solo cumple su promesa cuando la libertad alcanza también a quienes históricamente quedaron al margen.
Dos independencias. Dos repúblicas. Dos historias profundamente distintas y, sin embargo, vinculadas desde sus orígenes.
Entre ellas sigue pendiente una conversación.
Este puede ser el momento de retomarla.
*Leopoldo Martínez Nucete es abogado internacional y exdiputado venezolano. Es fundador del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) y se desempeñó como Consejero Senior del Departamento de Comercio de EE.UU durante la administración de Joe Biden.