Por Julieth Gualtero Baquero/American Community Media
Nota del editor: Se han omitido los apellidos de algunas de las fuentes citadas en este informe a petición expresa de los entrevistados. Aunque algunos de ellos poseen la ciudadanía estadounidense, planean regresar a Venezuela para apoyar a sus familias y temen convertirse en blanco de represalias por parte del gobierno actual.
OAKLAND, California — Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio están impulsando las peticiones para que el presidente Trump restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los aproximadamente 600,000 venezolanos en Estados Unidos que hasta hace poco contaban con esta designación.
Muchos señalan que, mientras el país sudamericano lucha por recuperarse, el papel de la diáspora venezolana en el envío de recursos necesarios resulta fundamental.
“Nuestro país nos necesita a quienes estamos fuera”, dijo Paola, residente del Área de la Bahía desde que llegó a Estados Unidos en 2023. Ella fue una de las personas que perdió su estatus legal y su permiso de trabajo después de que Trump revocara el TPS para los venezolanos el pasado mes de octubre.
“La ayuda que podemos enviar a nuestras familias y, en general, a todos nuestros hermanos y hermanas que atraviesan esta tragedia…”, añadió, “si tienes una forma de trabajar, también tienes una forma de ayudar”.
Cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado el país a medida que se deterioraban las condiciones económicas. Aunque no se dispone de cifras exactas, se estima que las remesas representaron hasta el 7.5 % del PIB de Venezuela en 2025.
El primer sismo, de magnitud 7,2, se produjo la tarde del miércoles 24 de junio, alrededor de las 18:00 horas. Su epicentro se localizó en la región de La Guaira, a unos 48 kilómetros (30 millas) al norte de la capital, Caracas, y a lo largo de la costa caribeña del país. El segundo temblor, de magnitud 7,5, sacudió la misma zona 30 segundos después.
Un edificio yace en ruinas tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. (Crédito: Jackeline Rago)
El inusual doble terremoto ha dejado más de 3.500 muertos, y se estima que hasta 50,000 personas siguen desaparecidas o sin localizar. Cerca de 200 edificios quedaron reducidos a escombros, mientras que evaluaciones satelitales preliminares de la NASA advierten que 58.870 estructuras resultaron dañadas o destruidas.
Se proyecta que el costo económico del desastre, el peor que ha azotado a este atribulado país en más de un siglo, supere los 6.700 millones de dólares.
Hasta ahora, la administración Trump no ha dado señales de restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, a pesar de la magnitud de la destrucción. El TPS suele concederse a personas que huyen de países afectados por guerras, violencia y/o desastres naturales.
Horas antes de que se produjeran los terremotos, un avión con 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos aterrizó en el país; estas personas fueron alojadas en un complejo cercano al epicentro. Del total, hasta el momento solo se ha confirmado que 12 sobrevivieron.
Mientras tanto, los legisladores han comenzado a dar la voz de alarma.
El 29 de junio, el representante demócrata por Massachusetts, Seth Moulton, presentó el proyecto de ley Alivio del TPS (TPS Relief Act), que restablecería la supervisión judicial sobre las cancelaciones de este estatus. La medida anularía un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio que otorgaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la autoridad definitiva sobre tales decisiones.
El DHS ha procedido a eliminar las designaciones de TPS para 13 de los 17 países que contaban con este beneficio. Los críticos sostienen que dichas cancelaciones no tienen en cuenta las condiciones reales sobre el terreno en las naciones afectadas.
A Moulton se ha unido la congresista republicana por Miami, María Elvira Salazar, quien ha instado al presidente a prorrogar por 18 meses las protecciones del TPS para los venezolanos tras los terremotos y a detener las deportaciones en curso.
“No podemos deportar a cientos de miles de personas del país de la noche a la mañana”, escribió Salazar el 6 de julio en la plataforma de redes sociales X. “En pocas palabras, hoy no es seguro devolverlas a sus países. No es una opción”.
También crecen las críticas hacia la respuesta del propio gobierno venezolano ante la catástrofe, tanto desde el interior del país como por parte de los venezolanos en el extranjero.
“Mis padres fueron rescatados, no por las autoridades, sino por un ingeniero llamado Ángel y su madre, Milagros, una doctora que convirtió su casa en un refugio y atendió a los heridos con sus propios medicamentos”, dijo Víctor, originario de Venezuela y residente actual en Los Ángeles.
Cuenta que un amigo de la infancia permaneció atrapado bajo los escombros junto a su hijo menor durante días tras el desastre.
Los padres de Víctor vivían en el complejo habitacional Hugo Chávez Frías, un conjunto de edificios de cuatro plantas en La Guaira que quedó prácticamente destruido por los sismos. Al principio, él pensó que habían fallecido, después de que empezaran a circular videos en las redes sociales que mostraban el complejo en ruinas.
“Mi madre se salvó porque estaba en la calle en el momento del temblor”, recuerda Víctor, “y mi padre, que se encontraba en la planta baja del edificio, sobrevivió aferrándose con fuerza a una tubería de agua anclada al suelo mientras la estructura se agrietaba”.
Las labores de recuperación se ven obstaculizadas por la grave escasez de equipos, alimentos y otros artículos de primera necesidad y, en algunos casos, por la interferencia de las autoridades. También se ha informado sobre la falta de medicamentos.
El padre de Víctor padece diabetes, mientras que su madre sufre demencia en fase inicial. Recientemente, él inició una campaña en GoFundMe con la esperanza de recaudar fondos para ayudar a su familia.
Por su parte, los venezolanos del Área de la Bahía se han unido para enviar ayuda a sus compatriotas. Se habilitaron centros de acopio en San Francisco, Walnut Creek, Oakland y San José.
El domingo 5 de julio, cerca de 1.000 cajas de 50 libras (unos 22.7 kg) partieron de Oakland hacia Florida antes de seguir camino a Venezuela. El envío está a cargo de la organización sin fines de lucro Global Empowerment Mission (GEM), con sede en Florida, que distribuirá la ayuda directamente a los damnificados a través de redes locales.
“Sabemos que a muchos les preocupa que el gobierno se apropie de las donaciones”, comentó Alicia Molina, quien ayudó a organizar las campañas de ayuda. “Por eso nos asociamos con GEM; son independientes y nos dan la certeza de que todo llegará a quienes lo necesitan”.