Venezuela ya ha enfrentado antes el desafío de transitar desde un régimen autoritario hacia la democracia. Dos experiencias del siglo XX —la apertura iniciada tras la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935 y la transición posterior a la caída del general Marcos Pérez Jiménez en 1958— fueron muy distintas entre sí. Precisamente por ello, observadas en conjunto, ofrecen enseñanzas útiles para pensar el presente.
Toda comparación histórica tiene límites. La Venezuela actual es política, social e internacionalmente distinta a la de hace siete u ocho décadas. No se trata de identificar equivalencias entre figuras como López Contreras, Medina Angarita, Jóvito Villalba o Rómulo Betancourt. Ese ejercicio conduce a analogías simplificadoras y, con frecuencia, erróneas. Lo relevante es comparar problemas: cómo preservar el Estado mientras se desmonta un sistema autoritario; cómo convertir una apertura en una ruta creíble hacia la democracia; cómo transformar legitimidad en poder efectivo; y cómo evitar que una victoria política sustituya una hegemonía por otra.
La transición de 1935–1945
La primera experiencia comenzó con la muerte de Gómez el 17 de diciembre de 1935. No hubo entonces una revolución ni el colapso del Estado. El general Eleazar López Contreras, proveniente del propio régimen, heredó instituciones aún dominadas por sus estructuras políticas y militares. Sin embargo, utilizó esa continuidad para iniciar cambios desde dentro.
La movilización del 14 de febrero de 1936 evidenció rápidamente que el país había cambiado. Estudiantes, trabajadores, intelectuales, exiliados retornados y una sociedad que recuperaba su voz exigían libertades y el desmontaje del gomecismo. La respuesta inicial incluyó represión, pero López rectificó, restableció garantías y presentó poco después el Programa de Febrero, una ambiciosa agenda de modernización administrativa, económica y social.
La transición no fue democrática en el sentido contemporáneo. Persistieron restricciones y límites a la actividad política. Sin embargo, comenzó a emerger un cambio decisivo: el poder empezó a reconocer límites.
Un gesto particularmente significativo fue la reducción del período presidencial de siete a cinco años en la Constitución de 1936. Esa decisión afectó directamente la permanencia de López en el poder, quien en lugar de gobernar hasta 1943 entregó la Presidencia en 1941. Tras veintisiete años de hegemonía gomecista, no se trataba de un detalle menor, sino de un cambio en la concepción del poder.
Isaías Medina Angarita profundizó esta apertura. Durante su gobierno se ampliaron las libertades políticas y de prensa, se consolidaron los partidos, crecieron las organizaciones sociales y se impulsaron reformas económicas e institucionales. Para 1945, Venezuela era un país mucho más abierto que una década antes.
Sin embargo, esta transición contenía una contradicción central: la sociedad se democratizaba más rápido que el mecanismo para elegir a su gobernante. El presidente seguía siendo designado indirectamente por el Congreso, lo que resultaba cada vez más difícil de justificar en un contexto de creciente movilización ciudadana.
La candidatura de Diógenes Escalante pudo haber resuelto esa tensión. Aceptado por sectores del gobierno y de la oposición, su postulación abría la posibilidad de una transición gradual hacia el sufragio universal, directo y secreto. Su enfermedad repentina en agosto de 1945 interrumpió ese proceso.
El reemplazo, Ángel Biaggini, no generó el mismo nivel de confianza. Paralelamente, sectores militares jóvenes conspiraban contra una jerarquía que consideraban obsoleta, mientras Acción Democrática exigía una democratización inmediata. Ambos factores convergieron.
El 18 de octubre de 1945 fue el resultado de esa convergencia.
La paradoja es evidente: un gobierno que había iniciado una apertura fue derrocado mediante un golpe de Estado, en parte para acelerar la democratización.
El proceso posterior fue efectivamente transformador. Se eligió una Asamblea Constituyente dominada por Acción Democrática, se estableció el sufragio universal, directo y secreto, se incorporó plenamente a mujeres y analfabetos, y la Constitución de 1947 introdujo un marco institucional avanzado para su época. Finalmente, los venezolanos eligieron directamente a Rómulo Gallegos.
No obstante, el método de transición introdujo una fragilidad estructural. El trienio adeco fue percibido por diversos sectores como una amenaza a sus intereses, y no se construyeron consensos suficientes para sostener el nuevo orden.
Los militares, que ya habían intervenido en 1945, volvieron a hacerlo en noviembre de 1948, derrocando al presidente electo.
La lección es clara: sin acuerdos amplios, la democratización acelerada puede volverse reversible.
La transición de 1958
Diez años después, Venezuela enfrentó nuevamente el desafío en condiciones distintas.
La transición de 1958 no comenzó el 23 de enero. Una parte de su historia se había iniciado en 1952, cuando el régimen militar convocó elecciones para una Asamblea Constituyente. Los resultados iniciales favorecieron a la oposición liderada por Jóvito Villalba y Unión Republicana Democrática, pero el gobierno suspendió el escrutinio y anunció cifras distintas.
El poder permaneció en la dictadura, pero la legitimidad democrática quedó en disputa.
Durante los años siguientes, la oposición no centró su estrategia en la restitución personal de Villalba, sino en la construcción de condiciones políticas e institucionales para ejercer el poder. La legitimidad electoral no desapareció, pero se subordinó a una estrategia más amplia de transición.
En diciembre de 1957, el plebiscito convocado por Pérez Jiménez profundizó la crisis. En lugar de elecciones presidenciales, el régimen buscó prolongarse mediante una consulta controlada. El resultado fue el contrario al esperado: aislamiento del gobierno y convergencia de fuerzas civiles, empresariales, religiosas, estudiantiles y militares en su contra.
Cuando Pérez Jiménez abandonó el país el 23 de enero de 1958, Venezuela recuperó una oportunidad democrática, aunque aún no una democracia consolidada.
La Junta presidida por Wolfgang Larrazábal cumplió un papel clave como autoridad transitoria capaz de generar confianza entre actores civiles y militares. En paralelo, los partidos democráticos iniciaron un proceso inédito: acordar reglas de convivencia antes de conocer el resultado electoral.
Ese fue el sentido del Pacto de Punto Fijo.
El acuerdo no eliminó diferencias entre Acción Democrática, COPEI y URD; las institucionalizó. Los partidos se comprometieron a respetar resultados electorales, defender la constitucionalidad y establecer bases comunes de gobernabilidad.
Posteriormente compitieron en elecciones libres. Betancourt fue candidato de AD, Caldera de COPEI, y URD respaldó a Larrazábal, integrando así el acuerdo de gobernabilidad con sectores institucionales de las Fuerzas Armadas y actores del antiguo régimen.
Betancourt ganó las elecciones de diciembre de 1958, pero su victoria no se interpretó como un mandato de exclusión. El nuevo gobierno incorporó a dirigentes de otras fuerzas democráticas en distintas áreas del Estado.
La competencia electoral definió quién gobernaba, pero la construcción democrática siguió siendo una tarea compartida. Este modelo permitió la consolidación de la Constitución de 1961 y la institucionalización de la democracia representativa.
Con el tiempo, se consolidó la subordinación militar al poder civil, la alternancia política y la estabilidad institucional, incluyendo la elección de Rafael Caldera en 1968.
Dos experiencias, una diferencia central
La diferencia entre 1945 y 1958 es fundamental.
En 1945, la democratización se aceleró mediante una alianza con sectores militares que rompió el orden constitucional. En 1958, los actores democráticos entendieron que no bastaba con celebrar elecciones: era necesario construir un sistema con reglas estables, control civil de las Fuerzas Armadas y aceptación de la alternancia.
La comunidad internacional tuvo un papel relevante, especialmente Estados Unidos, que se distanció de Pérez Jiménez y apoyó la transición. Sin embargo, no diseñó el proceso ni sustituyó a los actores nacionales.
Lecciones para el presente
De estas dos experiencias pueden extraerse lecciones más directas y operativas:
Primero, no confundir continuidad del Estado con continuidad del autoritarismo: las instituciones pueden ser reorientadas si se usan para abrir el sistema.
Segundo, quien controla la transición debe limitarse desde el inicio: sin autolimitación verificable, no hay confianza ni credibilidad.
Tercero, la legitimidad electoral debe convertirse en reglas e instituciones estables: el voto por sí solo no sostiene una transición.
Cuarto, toda apertura necesita un calendario claro hacia la democracia plena: sin horizonte definido, la transición se desgasta o se revierte.
Quinto, ganar una elección no equivale a completar una transición: la democracia se consolida cuando el ganador gobierna con límites y el perdedor conserva derechos y posibilidad real de alternancia.
Conclusión
1936 mostró que es posible desmontar un sistema autoritario sin destruir el Estado. 1945 evidenció que acelerar la democracia sin consensos suficientes puede generar retrocesos. 1958 demostró que la estabilidad democrática depende de reglas compartidas, instituciones sólidas y aceptación de la alternancia.
Las transiciones requieren tiempo, pero sobre todo dirección. Requieren liderazgo, pero también límites. Requieren mayorías, pero también garantías para las minorías.
La democracia no se consolida solo conquistando el poder. Se consolida cuando el poder deja de ser una amenaza para quienes lo pierden.