En 1998, como apoderado de la mayoría de las fracciones parlamentarias del Congreso, presenté ante la Corte Suprema de Justicia uno de los informes que defendió la constitucionalidad del Acuerdo que autorizó los Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo de Nuevas Áreas y Producción de Hidrocarburos del 4 de Julio de 1995 —la llamada entonces “Apertura Petrolera”—. PDVSA litigaba con Allan Brewer-Carías y Román Duque Corredor; la Fiscalía y la Asesoría Jurídica del Congreso, con Iván Darío Badell, Jesús María Casal y Carlos Leañez. Llegué a ese mandato como asesor de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el diputado Ramón José Medina. Nuestra tesis: crear un vehículo jurídico para asociar capital privado a la actividad petrolera, preservando el control estatal sobre el recurso aun cuando no sobre la operación de producción, no equivalía a ceder soberanía y se enmarcaba en la norma constitucional desarrollada por el artículo 5 de la entonces llamada Ley de Nacionalización del Petróleo.
Entre los recurrentes estaban Fundapatria, presidida por Luis Vallenilla, Alí Rodríguez Araque y Adina Bastidas, núcleo que respaldaba la naciente candidatura de Hugo Chávez. No lo lograron: en Agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar todas las demandas. Pero la historia premió a los perdedores con el poder político: al ganar Chávez la presidencia, Bastidas fue vicepresidenta; Rodríguez, ministro de Energía y luego presidente de PDVSA. En Diciembre de 1999 el país tenía una nueva Constitución. Desde esos cargos consumaron en 2007 lo que no lograron litigando —una Ley de Hidrocarburos que forzó la migración a empresas mixtas con control estatal mayoritario—. Chevron aceptó y permaneció como socio minoritario; ExxonMobil y ConocoPhillips no, y ganaron indemnizaciones mil millonarias en arbitrajes internacionales contra el Estado venezolano. En 1996 producíamos cerca de 3 millones de barriles diarios; la apertura apuntaba a superar los 5 millones. Ese plan murió con la inflexible estatización de 2007, y hoy Venezuela produce una fracción de lo que producía entonces.
Recuerdo esto para explicar que mi posición frente a la propuesta que hoy surge es expresión de coherencia en los conceptos jurídicos y políticos que se debaten de nuevo. Defendí entre 1995 y 1999 el mismo principio que defiendo hoy: un vehículo jurídico que asocia capital privado a la actividad petrolera, si existe una forma de control que permita preservar el interés del Estado sobre el recurso, no lesiona la soberanía nacional.
Soberanía no es mantener el petróleo bajo tierra. La confundimos por demasiado tiempo con control estatal absoluto, aunque ese control no produjera inversión ni bienestar colectivo. Sería igual de equivocado sustituir ese dogma por otro en el que cualquier apertura resulta aceptable con tal de atraer capital, como por ejemplo, la posición de quienes proponen privatizar a PDVSA y levantar del todo la reserva al Estado de este sector estratégico y la propiedad de los yacimientos petrolíferos. La verdadera soberanía consiste en establecer reglas que transformen los recursos energéticos del subsuelo, controlados por el Estado, en prosperidad con la participación del sector privado, preservando el interés nacional.
El acuerdo debe evaluarse por la letra de sus instrumentos. Lo anunciado apunta a una asociación energética de una empresa privada con el gobierno de los Estados Unidos, para desarrollar 17 campos, otorgados por PDVSA a dicho operador, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles —una quinta parte de nuestras reservas—. Los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos calculan más de US$100.000 millones en inversión y unos US$200.000 millones en regalías e impuestos en los próximos 25 años. Vale la pena señalar que, además de generar ingresos fiscales para la República, PDVSA también recibe una parte del petróleo crudo producido por el CPP. Es importante destacar que hay mucho más que esos 17 campos en el tablero de los yacimientos y reservas petrolíferas venezolanas en manos del Estado adjudicados o por adjudicar a otras empresas.
La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos incorporó los “Contratos de Participación Productiva” (CPP) para atraer capital privado preservando la propiedad estatal de los yacimientos; PDVSA mantiene el control de la asociación. El operador identificado por el gobierno de los Estados Unidos para este acuerdo es la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), hasta hoy la empresa de capital privado nacional que ocupa el segundo lugar en producción de petróleo, que recibe Contratos de Participación Productiva (el comunicado de la Casa Blanca habla de concesiones como un sinónimo) por el término de 100 años (en realidad son CPP por 50 años, renovables una vez por igual periodo de tiempo). La nueva ley de hidrocarburos no establece límites al término de los CPP. Washington, según los hechos aportados por la Casa Blanca, adquiere 35% del capital de NABEP a través la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra; más el derecho garantizado a comprar el 20% de la producción de esta empresa a costo, y la primera opción sobre el 80% restante. El objetivo de los Estados Unidos es fortalecer su reserva estratégica de crudo. También tendrá el Departamento de Defensa poder de veto sobre la designación de la junta directiva de NABEP, que estará integrada en su mayoría por ciudadanos estadounidenses, y estos acuerdos de gobierno corporativo serán regidos por la ley de los Estados Unidos y sujeto a la jurisdicción de sus tribunales. Según el mismo documento de la Casa Blanca, la mayoría de esos nuevos campos asignados a NABEP estaban antes en manos rusas y chinas.
También hace falta una distinción política fundamental. No es Trump, como persona, quien celebra esta asociación: es Estados Unidos. Si el acuerdo queda bien estructurado, sus derechos y obligaciones trascenderán a la administración que hoy ocupa la Casa Blanca; del lado venezolano, las obligaciones no pretenden descansar en la voluntad política de Delcy Rodríguez, sino en la empresa que es parte del acuerdo y el compromiso de PDVSA, según los términos de los respectivos CPP. Ambos países tienen intereses convergentes: Estados Unidos necesita diversificar fuentes de suministro; Venezuela necesita rehabilitar una industria debilitada por corrupción, desinversión y sanciones.
Hay dos objeciones que merecen especial consideración. La primera es sobre la opacidad de este acuerdo. Lo que permite esta discrecionalidad es la coexistencia de las sanciones y licencias estadounidenses conjuntamente con la Ley Constitucional Antibloqueo, que faculta al Ejecutivo venezolano a inaplicar en secreto cualquier norma que obstaculice sus operaciones frente a las sanciones. La paradoja es que una ley concebida para sortear las sanciones de Washington es hoy el vehículo que blinda de escrutinio público los contratos que Washington mismo termina aprobando al otorgar licencias o celebrar contratos con operadores en Venezuela. Por eso he sostenido que el antídoto definitivo es levantar las sanciones a cambio de un claro horizonte electoral negociado en esta transición.
El segundo cuestionamiento es la ilegitimidad de quien negocia por Venezuela: ¿puede un gobierno encargado como el actual comprometer al país por décadas? Partamos de las circunstancias excepcionales que nos trajeron aquí: una tutela de facto ejercida por Estados Unidos tras la intervención militar y captura de Nicolás Maduro. Trump reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como Jefa de Estado y Gobierno, reconocimiento que el Departamento de Estado ha hecho constar en actuaciones judiciales. A eso se suman las negociaciones entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la electa en 2026, donde la primera que es depositaria del reconocimiento de los Estados Unidos, cómo expresión de la última autoridad legal y legítimamente electa, reconoce a la Asamblea actual cómo interlocutor institucional bajo la mediación del gobierno de los Estados Unidos. Esta semana la Asamblea del 2026 debatió y aprobó este acuerdo por mayoría cómo corresponde en el caso de los Contratos de Interés Público Nacional, según lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución. En el plano interno, al margen del fraude electoral de 2024, la encargaduría de gobierno se sostiene en un dictamen de la Sala Constitucional del TSJ del 4 de enero de 2026, situación validada por el Gobierno de los Estados Unidos y decenas de gobiernos extranjeros. Es una situación muy incómoda, imperfecta y hasta debatible, pero es la que existe. Exigir que sólo un nuevo gobierno plenamente legitimado por elecciones libres pueda negociar equivale, en la práctica, a posponer cualquier acuerdo que Venezuela necesite para estabilizar la economía y viabilizar la transición misma. Y en ese sentido, esta asociación busca estimular a otras, y esta semana fue testigo del cierre de varias negociaciones en el ámbito energético incluyendo a grandes actores de la industria como Chevron que anunció nuevas inversiones por 7.000 millones de dólares, así como el ingreso al mercado de una decena de productores independientes, que ahora se suman a multinacionales como Chevron, Repsol, Shell, ENI y Maurel & Prom.
El aspecto más importante para Venezuela está, más allá de todo esto, en los US$200.000 millones en regalías e impuestos que solamente este convenio de NABEP con los Estados Unidos generará para financiar, en las próximas dos décadas, la reconstrucción eléctrica, hospitalaria y educativa, y en general atender la deuda social que se tiene con el pueblo de Venezuela. Pero la renta petrolera no garantiza automáticamente la democracia o resultados; los ingresos deberían sujetarse a presupuestos transparentes, una Contraloría General de República independiente y un fondo de ahorro y estabilización. A esa responsabilidad se suma una variable que no admite espera: el petróleo es un recurso no renovable, y el impulso mundial hacia fuentes energéticas limpias es indetenible. Venezuela no puede darse el lujo de administrar con parsimonia sus copiosas reservas petrolíferas.
Hay, sin embargo, una diferencia que no conviene disimular. En 1996 incorporar capital privado fue un ejercicio de soberanía, decidido por un Congreso electo para llevar nuestra producción de casi 3 millones a 6 millones de barriles diarios, con una PDVSA que era líder mundial en el sector. Hoy ese mismo principio se ejerce, bajo estas circunstancias excepcionales, para sacar a nuestra industria petrolera de una crisis profunda. La pregunta que queda abierta es otra: cómo y cuándo, dentro de esta transición, la soberanía política regresa a manos del pueblo venezolano para elegir libremente su gobierno.
Analizando todo esto, realpolitik cruda y dura, me viene a la mente aquella célebre frase del General Eleazar López Contreras durante la transición política que encabezaba a partir de 1935: «Calma y Cordura». Y, por supuesto, la relevancia de todo lo que escribió Rómulo Betancourt en su obra «Venezuela, Política y Petróleo», y sobre todo de aquel término con el que su Ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, bautizó al petróleo mismo: «el excremento del diablo».