Lectores automáticos de matrículas, bases de datos gubernamentales, información comercial e inteligencia artificial están transformando la manera en que las autoridades pueden localizar personas. Organizaciones de derechos civiles advierten que la expansión de estas herramientas plantea interrogantes que van mucho más allá de la inmigración
La aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos está entrando en una etapa cada vez más marcada por los datos.
Mientras las detenciones de inmigrantes han aumentado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, abogados, especialistas en privacidad y organizaciones comunitarias advierten que las operaciones federales dependen cada vez más de una infraestructura tecnológica capaz de conectar información pública y privada, actividad digital, registros gubernamentales y movimientos de vehículos.
Pero la dimensión de la discusión no está únicamente en cuántas personas son detenidas. La pregunta es cómo las autoridades pueden encontrarlas.
De una matrícula a una red de información
Uno de los sistemas bajo mayor escrutinio son los lectores automáticos de matrículas, conocidos como ALPR por sus siglas en inglés.
Jonathan Paz, candidato al Congreso por el 5.º Distrito de Massachusetts y exempleado de Flock Safety, trabajó entre 2024 y mediados de 2025 en el equipo de asuntos gubernamentales de la compañía.
Paz explicó que inicialmente creyó en el potencial de la tecnología para localizar menores desaparecidos, recuperar vehículos robados y resolver accidentes de tránsito. Con el tiempo, dijo, comenzó a cuestionar el alcance de esas redes y la manera en que podían integrarse en los sistemas policiales locales.
Su preocupación principal es que una cámara no necesariamente funciona de forma aislada.
Según Paz, cuando departamentos policiales y otras agencias comparten información, una matrícula puede convertirse en el punto de partida para establecer dónde estuvo un vehículo, qué lugares frecuenta y potencialmente qué relación tiene con otros vehículos.
“Deberías asumir que DHS tiene acceso a estas redes ALPR”, sostuvo Paz al describir los riesgos que, desde su perspectiva, enfrentan las comunidades inmigrantes. Su afirmación representa su evaluación del funcionamiento de esas redes, no una confirmación de que el Departamento de Seguridad Nacional tenga acceso directo a todas ellas.
Mucho más que leer una placa
Para Brian Hofer, director ejecutivo de Secure Justice, reducir la discusión a una cámara que identifica matrículas tampoco refleja la capacidad actual de esta tecnología.
Hofer explicó que algunos sistemas pueden registrar características de los automóviles y utilizar herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones de desplazamiento.
Eso significa que una búsqueda no tendría que depender exclusivamente de conocer una matrícula. Características como el modelo, color o elementos visibles de un vehículo pueden contribuir a localizarlo, mientras los patrones repetidos de movimiento pueden revelar asociaciones entre automóviles que aparecen juntos en diferentes lugares.
Para Hofer, la preocupación aumenta cuando esa información se conecta con cámaras de seguridad, centros policiales de análisis, datos comerciales y otras fuentes digitales.
“No es solamente un lector de matrículas”, fue uno de los argumentos centrales planteados durante la conversación con representantes de medios de comunicación. “Los distintos sistemas pueden formar ecosistemas de información capaces de reconstruir partes de la vida cotidiana de una persona”.
El temor también cambia comportamientos
Kimberly Woo, organizadora comunitaria de Services, Immigrant Rights and Education Network, conocida como SIREN, señaló que el impacto de la vigilancia no termina cuando se apaga una cámara.
En las comunidades con las que trabaja, dijo, el temor a que los datos personales puedan utilizarse para acciones migratorias está modificando comportamientos cotidianos.
Woo relató casos de personas que evitan reuniones públicas, utilizan seudónimos o intentan reducir su exposición en espacios comunitarios. También señaló que algunas familias sienten temor de proporcionar información personal incluso para acceder a programas o renovar documentos migratorios.
SIREN ha participado además en campañas locales contra el uso de lectores automáticos de matrículas.
En Mountain View, California, el Concejo Municipal votó en febrero de 2026 por terminar su relación con Flock Safety después de que surgieran preocupaciones sobre el acceso a la información recopilada por sus cámaras.
Las políticas santuario tienen límites tecnológicos
Lena Graber, Senior Managing Attorney del Immigrant Legal Resource Center, ILRC, advirtió que la tecnología debe observarse como parte de un sistema de aplicación de leyes migratorias mucho más amplio.
Una gran proporción de las detenciones de ICE, explicó, continúa comenzando de maneras tradicionales: contactos con policías locales, detenciones en tribunales migratorios, citas con autoridades o arrestos realizados después de que otra agencia policial toma a una persona bajo custodia.
Las políticas conocidas como “santuario” pueden limitar algunas formas de cooperación entre ICE y autoridades locales, pero Graber sostiene que muchas fueron diseñadas antes de la rápida expansión de las actuales herramientas de vigilancia.
El problema aparece cuando información procedente de diferentes fuentes puede combinarse para responder dos preguntas: quién podría estar sujeto a una acción migratoria y dónde puede ser localizado.
Una discusión que también involucra a ciudadanos estadounidenses
Abdi Soltani, director ejecutivo de la ACLU of Northern California, plantea que la discusión no debería limitarse a la inmigración.
“Toda persona merece libertad de movimiento, el derecho de desplazarse por su comunidad sin que el gobierno rastree cada movimiento”, afirmó Soltani, quien considera que la acumulación de información sobre desplazamientos plantea interrogantes constitucionales sobre privacidad y registros gubernamentales.
California reconoce explícitamente el derecho a la privacidad en su Constitución, y organizaciones como la ACLU han impulsado litigios y legislación para limitar ciertas formas de vigilancia.
Soltani sostiene que el impacto inmediato puede concentrarse en comunidades inmigrantes, pero la infraestructura tecnológica desarrollada para rastrear personas puede registrar también los movimientos de ciudadanos estadounidenses.
Flock responde a las críticas
Flock Safety rechaza que ICE tenga acceso directo y generalizado a su sistema.
La empresa afirma que no tiene contrato con ICE y que el intercambio con agencias federales está desactivado por defecto. Según Flock, cualquier acceso de una agencia federal a información administrada por una entidad local debe ser autorizado por esa entidad y ajustarse a la legislación correspondiente.
La compañía también ha reconocido problemas anteriores relacionados con el intercambio de información. En marzo de 2026 informó que redes de algunas agencias policiales de California habían quedado inadvertidamente accesibles a organismos de otros estados durante parte de 2025. Flock dijo haber implementado controles adicionales después de revisar esos casos.
En agosto, la empresa anunció nuevas medidas, incluida la recomendación de reducir a siete días el período estándar de conservación de información ALPR para nuevas implementaciones y reforzar los mecanismos para detectar posibles usos indebidos.
El debate, entonces, va mucho más allá de una sola empresa o de una sola cámara.
La expansión de la inteligencia artificial y la creciente capacidad de conectar bases de datos están obligando a comunidades, tribunales y gobiernos locales a enfrentar una pregunta que hace apenas unos años parecía mucho más abstracta: ¿cuánta información sobre nuestros movimientos debe poder recopilar el gobierno y quién debería tener acceso a ella?
Para las comunidades inmigrantes, esa discusión ya no es teórica. Está ocurriendo ahora, mientras las herramientas utilizadas para identificar, localizar y seguir personas evolucionan mucho más rápido que las leyes creadas para regularlas.