En la Conferencia Anual del Congressional Hispanic Caucus Institute, el fundador del CDDA, quien también fue miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata y alto funcionario de la administración Biden, destacó el potencial de recuperación del país y propuso una política estadounidense bipartidista que conecte inversión, reforma institucional y transición a la democracia con protección de los migrantes venezolanos.
Por el Equipo Editorial de IQ Latino
Venezuela está regresando a la economía global, pero convertir esa apertura en prosperidad duradera exige que la recuperación económica, la transición democrática y la justicia social avancen juntas. Ese fue el eje de la participación de Leopoldo Martínez Nucete en la Conferencia Anual del Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI).
El exdiputado venezolano, fundador del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) y exconsejero sénior del Departamento de Comercio de Estados Unidos presentó una perspectiva que combina oportunidades de inversión con los desafíos institucionales y humanos de la reconstrucción. Su intervención desarrolló los planteamientos de un briefing elaborado tras regresar a Venezuela después de 21 años de exilio y sostener encuentros con empresarios, dirigentes políticos, representantes laborales, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Martínez destacó el renovado interés de los inversionistas y el papel del petróleo y el gas en la reinserción internacional de Venezuela. A su juicio, la profundidad del colapso económico permite anticipar un amplio potencial de recuperación si se consolidan condiciones de estabilidad, inversión y confianza.
El briefing describe una transformación tanto de la producción como de la composición de los operadores: la extracción de crudo había recuperado aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios, con mayor protagonismo de empresas privadas estadounidenses, europeas y venezolanas, mientras disminuía la dependencia de intereses respaldados por los Estados ruso y chino. Martínez destacó el ascenso de NABEP, controlada por inversionistas venezolanos, y las oportunidades de asociación entre firmas internacionales y empresas nacionales. El gas natural agrega otra dimensión, mediante proyectos de Shell, Repsol y Eni y conexiones con la infraestructura energética de Trinidad. Estos desarrollos podrían fortalecer la integración global de Venezuela, su capacidad productiva interna y su papel en la seguridad energética regional.
A partir de su comentario en IQ Latino, Martínez planteó que la asociación petrolera debe evaluarse por sus términos jurídicos y beneficios públicos. La inversión privada puede preservar la soberanía si mantiene la propiedad estatal de los yacimientos y las garantías del interés nacional. Consideró el acuerdo potencialmente beneficioso para ambos países, condicionado a una ejecución adecuada, ingresos administrados con transparencia y fiscalización. Su continuidad debe descansar en compromisos exigibles que trasciendan a las administraciones actuales, mientras los recursos energéticos apoyan los servicios públicos y la recuperación junto con una transición democrática creíble. Martínez también destacó la importancia estratégica de desplazar la influencia de China, Rusia e Irán en Venezuela. Planteó esta nueva oportunidad de cambio como la base de una asociación integral entre Estados Unidos y Venezuela en materia de seguridad nacional y energética, que vincule suministros confiables de energía e inversión con una cooperación más amplia en seguridad y la recuperación democrática venezolana.
La dimensión de ese punto de partida es extraordinaria: según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB real venezolano se contrajo más de 75% entre 2013 y 2021, la mayor caída registrada en un país sin conflicto armado en casi medio siglo. Para Martínez, recuperar parte de la capacidad productiva perdida abre posibilidades significativas de crecimiento, aunque ese rebote necesita políticas que lo conviertan en bienestar para la población.
En ese sentido, subrayó que la equidad económica y la justicia social seguirán siendo determinantes para la prosperidad. El aumento de la producción petrolera y la llegada de capital deben traducirse en empleo formal, mejores salarios, servicios públicos y oportunidades para sectores que han soportado años de empobrecimiento.
Su briefing amplía esa visión al destacar la necesidad de controlar la inflación, estabilizar la moneda y rehabilitar el sistema eléctrico. También plantea que la recuperación debe apoyarse en el tejido empresarial venezolano, los emprendedores, las universidades y las organizaciones sociales que conservaron capacidades durante la crisis. La inversión internacional puede acelerar ese esfuerzo cuando fortalece las capacidades locales.
Martínez expresó respaldo al programa de tres fases expuesto por el secretario de Estado Marco Rubio —estabilización, recuperación y transición— y abogó por una mayor simetría y superposición entre sus componentes. Su preocupación es que la reforma política quede rezagada frente a la apertura económica, debilitando las bases del propio crecimiento.
A pesar de ese respaldo conceptual, expresó preocupación por la opacidad de las decisiones económicas relativas a la implementación del programa. Atribuyó esa falta de transparencia a la combinación del sistema de sanciones y licencias con la amplia discrecionalidad que la legislación de excepción otorga al gobierno encargado. Advirtió que ese marco dificulta la previsibilidad para los inversionistas, la rendición de cuentas y la confianza necesaria para una recuperación sostenible.
Para superar ese esquema, propuso una fórmula concreta: el levantamiento de todas las sanciones a cambio de un horizonte electoral claro, negociado en el marco del trabajo que adelantan las delegaciones de las Asambleas Nacionales de 2015 y 2026, con el acompañamiento del Departamento de Estado. La propuesta busca sustituir las autorizaciones discrecionales por compromisos transparentes y verificables que permitan avanzar simultáneamente en la apertura económica y la transición democrática.
La independencia judicial, la autonomía del Banco Central y la capacidad de fiscalización de los recursos públicos ocuparon un lugar central en ese argumento. Según el análisis desarrollado en su briefing, esas instituciones permiten transformar una estabilización provisional en una recuperación confiable y sostenible. El documento también contempla mecanismos de reversión del alivio de sanciones ante incumplimientos de los compromisos acordados.
Otro de los mensajes principales fue el papel estratégico de la diáspora. Cerca de ocho millones de venezolanos han salido del país: ACNUR sitúa la cifra en aproximadamente 7,9 millones, una de las mayores crisis de desplazamiento internacional del mundo.
Martínez planteó que esa comunidad representa hoy una plataforma de conexión con la economía global. Profesionales, empresarios y trabajadores venezolanos en el exterior pueden aportar conocimientos, redes comerciales, inversión y vínculos con mercados internacionales. No todos regresarán, pero todos pueden contribuir a la reconstrucción.
Las remesas constituyen una expresión inmediata de esa contribución. El briefing recoge estimaciones de al menos 5.000 millones de dólares anuales y destaca su importancia para sostener a las familias y aportar divisas a la economía. Proteger la capacidad de los migrantes para seguir ayudando a sus hogares, sostuvo Martínez, también favorece la estabilización de Venezuela.
Por ello, abogó por una protección mediante Deferred Enforced Departure (DED), o salida forzosa diferida, durante un período de 24 a 36 meses para venezolanos elegibles en Estados Unidos, particularmente quienes estuvieron amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El planteamiento vincula la política migratoria con los objetivos de recuperación: Venezuela todavía necesita crear suficientes empleos y condiciones de seguridad para absorber un retorno significativo. Una protección transitoria permitiría mantener el apoyo económico a las familias y daría a los migrantes tiempo para evaluar sus opciones o preparar un regreso seguro y ordenado.
La participación de Martínez propuso una agenda de cooperación sostenida y bipartidista. La oportunidad venezolana abarca energía e inversión, pero su éxito dependerá también de instituciones creíbles, inclusión social y una diáspora capaz de participar en la reconstrucción desde dentro y fuera del país.
