Abogado introduce recurso ante el TSJ para restablecer el voto de la diáspora venezolana

Eduardo Meier solicitó la nulidad por inconstitucionalidad del artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que exige demostrar residencia permanente en el extranjero para ejercer el sufragio

El recurso también plantea crear una circunscripción electoral para los venezolanos en el exterior y habilitar mecanismos digitales y de votación por correspondencia

CARACAS, noviembre de 2026. El abogado y profesor universitario Eduardo Meier introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de nulidad por inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), con el propósito de restablecer el derecho al sufragio de millones de venezolanos residentes en el extranjero.

Eduardo Meier García a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia venezolano – Cortesía

La acción judicial cuestiona particularmente el artículo 124 de la legislación electoral, que establece como requisito para votar desde el exterior demostrar la condición de residencia permanente en el país de acogida. A juicio del jurista, esta exigencia impone una restricción que no está contemplada en la Constitución venezolana y limita injustificadamente el ejercicio de un derecho político fundamental.

“Vengo a tratar de darle voz a la diáspora venezolana que, desde el año 2009, ha sido excluida”, declaró Meier tras presentar el recurso, en referencia a las disposiciones legales que, según sostiene, han condicionado el derecho al voto de los ciudadanos que emigraron del país.

El abogado, doctor en Derecho y profesor del doctorado en Ciencias, mención Derecho, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), estima que las restricciones afectan a entre cuatro y seis millones de venezolanos en edad de votar, dentro de una población migrante que supera los ocho millones de personas.

Una exigencia que cuestiona su constitucionalidad

Meier sostiene que la obligación de demostrar residencia legal y permanente en el extranjero constituye una carga adicional que no guarda relación con los requisitos constitucionales para ejercer el sufragio.

La Constitución venezolana reconoce el derecho al voto a los ciudadanos mayores de 18 años que no estén sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política. Por ello, el abogado considera que la condición migratoria no debería convertirse en un impedimento para participar en los procesos electorales del país.

“Tú tienes la carga de probar a través de un documento que tienes una residencia legal y permanente en el país de acogida, una condición que no tiene nada que ver con el derecho al sufragio”, explicó.

El recurso no se limita a solicitar la nulidad de las disposiciones cuestionadas. También plantea acciones concretas dirigidas a las instituciones del Estado, particularmente a la Cancillería y los consulados, para facilitar la inscripción y participación electoral de los venezolanos en el exterior.

Asimismo, solicita una medida cautelar que permita suspender las restricciones mientras la Sala Constitucional del TSJ se pronuncia sobre su constitucionalidad.

Una circunscripción electoral para la diáspora

Entre las propuestas incluidas en la acción judicial destaca la creación de una circunscripción electoral para los venezolanos residentes fuera del país, mediante mecanismos digitales que permitan verificar la identidad de los electores, realizar auditorías y garantizar la integridad del registro electoral.

“Una de las cosas que vamos a proponer y que llevaremos a todas las instancias es la necesidad de crear una circunscripción electoral de la diáspora a través de métodos digitales comprobables”, señaló Meier.

La iniciativa también contempla actualizar permanentemente el padrón de votantes y estudiar alternativas como el voto electrónico y el sufragio por correspondencia.

Sobre este último mecanismo, el abogado advirtió que las distancias geográficas representan un obstáculo adicional para los ciudadanos que viven en países donde Venezuela cuenta con una representación consular limitada.

Hay venezolanos que deben desplazarse entre tres y diez horas para llegar a un consulado, por lo que considera necesario incorporar modalidades que faciliten su participación sin depender exclusivamente de la asistencia presencial.

Meier cuestionó, además, que el Estado venezolano utilice herramientas digitales para determinados trámites administrativos, pero no contemple mecanismos similares para facilitar el ejercicio del sufragio.

“Si estos métodos se usan para otorgar poderes a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), ¿por qué no podemos utilizarlos para votar?”, planteó.

Acusa cálculos políticos para impedir el voto en el exterior

El jurista atribuyó las restricciones electorales a decisiones de carácter político-partidista que, en su opinión, han impedido la participación de millones de venezolanos en los procesos electorales.

“Ha habido mucho cálculo político-partidista para no dejar que la diáspora vote”, afirmó.

Meier también lamentó que el derecho al sufragio de los venezolanos en el exterior no forme parte oficialmente de la agenda de la mesa de negociación política entre representantes del Gobierno y sectores de la oposición.

A su juicio, una población migrante de más de ocho millones de personas, con entre cuatro y seis millones de ciudadanos en edad electoral, debería contar con representación y tener garantizada su participación en las decisiones políticas del país.

El abogado recordó que no es la primera vez que se intenta cuestionar judicialmente las restricciones al voto en el exterior. Según explicó, en 2011 se presentó una acción relacionada con esta materia que, a su juicio, terminó en una denegación de justicia por parte de la Sala Constitucional.

Acusó a los magistrados que han integrado esa instancia durante más de una década de obstaculizar las iniciativas dirigidas a reivindicar el derecho al sufragio de los venezolanos residentes fuera del país.

Durante la presentación del nuevo recurso, el abogado también señaló dificultades para formalizar el procedimiento debido a la falta de suministro eléctrico en la sede del máximo tribunal.

El llamado a los nuevos magistrados

Meier manifestó que no espera que la actual composición del TSJ responda favorablemente a la acción judicial. Sin embargo, expresó su expectativa de que el recurso contribuya a mantener el tema en el debate institucional y a impulsar cambios en la legislación electoral.

En ese sentido, dirigió un mensaje a los abogados que participan en el proceso de selección y renovación de magistrados que adelanta la Asamblea Nacional, a quienes pidió asumir el compromiso de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, independientemente de su lugar de residencia.

El recurso plantea así dos objetivos: obtener un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las restricciones establecidas en la Lopre y promover una reforma que incorpore mecanismos efectivos para garantizar el voto de la diáspora.

La decisión sobre la admisión y eventual resolución de la acción corresponde ahora a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.