IQ Latino · DC Desk · Nov 12, 2026
Washington. Casi todo el dinero que la venta de petróleo y otros recursos venezolanos generó entre enero y septiembre de 2026 volvió a Venezuela por una sola puerta: el mercado cambiario. El informe de KPMG para el Departamento de Estado sobre la Cuenta de Custodia de Venezuela muestra que, de $12.260 millones depositados, unos $11.960 millones se asignaron a intervenciones cambiarias para sostener el bolívar. Otros $133 millones fueron pagos directos a proveedores, y un 23% de esa partida se fue en asesores y servicios del propio programa. El documento, que la prensa de Washington describió como confidencial, lleva la leyenda “Authorized for Public Release by the U.S. Department of State”. Por primera vez se nombra a los bancos y proveedores que recibieron los fondos, pero no a las empresas que finalmente compraron los dólares.
Las cifras clave
La cuenta funcionó en dos fases. En enero, los primeros $500 millones pasaron por una cuenta temporal del BCV en el Qatar National Bank. El 15 de enero se repartieron $300 millones entre Mercantil, Provincial (BBVA), Banesco y BNC, a razón de $75 millones cada uno. Desde finales de enero, la operación se trasladó a la cuenta del Tesoro estadounidense en Citibank, Nueva York. Ningún desembolso sale sin la aprobación previa del Departamento de Estado y del Tesoro.
El mercado cambiario se llevó casi todo
El esquema cambió sobre la marcha. Hasta el 30 de marzo, el BCV repartió los dólares mediante subastas. Desde el 31 de marzo los asigna cada semana a los bancos participantes, que tienen hasta diez días hábiles para venderlos a sus clientes. Para participar, cada banco necesita una relación de corresponsalía con un banco estadounidense, de modo que cada dólar pasa por el sistema financiero de EE. UU. En julio se añadió un tercer canal: cinco envíos de billetes físicos, gestionados por Moneycorp y Numisma, por un total de $549,8 millones. Al cierre de septiembre, $192,9 millones de esos billetes seguían en bóvedas del BCV pendientes de autorización.
Los bancos: alta concentración y un actor estatal a la cabeza
Veinte bancos recibieron dólares, pero el reparto está muy concentrado. El mayor receptor es el Banco de Venezuela, que es estatal. Sumado al Banco del Tesoro y al Banco Digital de los Trabajadores, la banca pública concentró cerca del 31% del total. El Banco de Venezuela no participó en el primer reparto de enero, pero desde febrero es el principal receptor. En agosto se incorporó también a la distribución de billetes, después de que KPMG y Numisma revisaran sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Los proveedores: medicinas, energía… y los asesores del programa
Los $133,1 millones en pagos directos se reparten en 38 transacciones con 29 beneficiarios. El mayor fue Landsteiner Scientific, con $26,1 millones en fármacos especializados y kits diagnósticos de Chagas para el IVSS. En energía destacan los equipos de minería de carbón de Seijiro Yazawa Iwai, las piezas de turbina para la planta Termozulia III que fabricó Energy Solutions y los catalizadores de Topsoe para las plantas de amoníaco de Pequiven.
El renglón más llamativo para Washington es otro: alrededor de $30 millones fueron a costos del propio esquema de custodia. KPMG cobró $18,2 millones por “supervisión financiera”, Greenberg Traurig $5 millones en asesoría legal y Numisma y Moneycorp $5,2 millones por la logística de billetes. Todo eso se pagó con fondos que el propio informe califica de activos soberanos de Venezuela. Antes de que KPMG asumiera la revisión en abril, Citibank evaluaba cada pago.
El registro tiene tres anomalías. Los pagos de marzo a Veridos, SWIFT y Argus Media fueron devueltos y siguen en suspenso en una cuenta del BCV, pero el registro los mantiene como débito. Veridos y Argus recibieron luego pagos nuevos en septiembre, por lo que aparecen dos veces.
Quién compró los dólares
El informe reparte a los compradores finales por categoría. Las personas jurídicas, es decir, empresas públicas y privadas, recibieron $9.370 millones (77%), y las personas naturales $2.870 millones (23%). El documento asegura que ningún dólar fue a entes del gobierno. Según KPMG, la concentración en alimentos y agricultura muestra que los fondos llegaron a sectores que abastecen bienes básicos. Encaja también con reportajes anteriores de The New York Times y Reuters: un grupo reducido de grandes agroindustrias y empresas de consumo masivo obtiene acceso preferente, mientras las pymes recurren al mercado paralelo.
La segunda categoría más grande, “servicios empresariales y administrativos”, con $2.220 millones, es también la más opaca. Sin nombres de empresas, no es posible saber qué actividades agrupa.
Lo que el informe no dice
• Los compradores finales. El BCV entrega al Departamento de Estado y a KPMG datos de cada transacción, identificados con el RIF. Aun así, la versión pública solo agrega por sector. Los nombres existen, pero no se publican.
• Los depositantes. La versión pública tacha sus nombres por acuerdos de confidencialidad. Sí deja ver que los tres mayores depositaron $4.100, $3.440 y $1.610 millones. Los dos primeros suman alrededor del 61%, la misma proporción que The New York Times atribuyó a Trafigura y Vitol. Del total depositado, el petróleo y el gas aportaron el 98,7%; el oro, $108 millones; los fertilizantes, $24,6 millones, y los minerales, $22 millones.
• Una cuenta que no cuadra. Personas jurídicas ($9.370 millones) y naturales ($2.870 millones) suman $12.240 millones. Esa cifra supera tanto lo que los bancos recibieron por los tres canales cambiarios, unos $11.770 millones, como el total desembolsado, $12.110 millones. El informe no explica la diferencia.
• Quién aprueba y con qué criterio. Cada desembolso requiere el visto bueno previo de Washington. El informe describe los controles, pero no detalla cuántas solicitudes del BCV fueron rechazadas ni por qué.
• Auditoría o monitoreo. KPMG actúa como asesor y monitor contratado por el Departamento de Estado, y sus honorarios salen de los fondos venezolanos. El documento no es una auditoría independiente, y así lo han señalado los demócratas de la Cámara de Representantes.
• El efecto cambiario. Pese a casi $12.000 millones inyectados, economistas como José Guerra sostienen que la devaluación del bolívar no se detuvo. El informe no evalúa resultados macroeconómicos.
Fuentes y nota metodológica
Fuente principal: Report on Venezuela Custody Account Operations, January–September 2026, elaborado por KPMG para el Departamento de Estado (53 páginas, con la leyenda “Authorized for Public Release”). Las cifras de bancos, proveedores y sectores se tomaron de sus tablas (p. 14–18 y 44–50). IQ Latino calculó los totales por banco, sumando subastas, intervenciones electrónicas y billetes distribuidos, y los totales por proveedor, cuando hubo varios pagos. Las categorías de proveedores (salud, energía, costos del programa, Estado, multilaterales) son de IQ Latino; las de sectores, del informe. Pequeñas diferencias se deben al redondeo y a los desfases de liquidación que el propio informe reconoce.
Contexto: The New York Times, “U.S. received $12 billion in Venezuelan oil revenues, secret report shows” (10 de noviembre de 2026); Reuters, “Dollar scarcity in Venezuela forces small firms to raise prices, turn to crypto” (23 de marzo de 2026); Finanzas Digital, crítica de José Guerra a la intervención cambiaria (julio de 2026); Ground News, resumen de la cobertura de la reacción en el Congreso.