El Banco Mundial ha fracasado en el cumplimiento de sus propias normas para proteger a desplazados con consecuencias devastadoras para algunas de las poblaciones más pobres y vulnerables del planeta, según los hallazgos de una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Durante casi un año un equipo de 50 periodistas de 21 países han documentado el drama de los desplazados en países donde ocurre el fenómeno, entre ellos Brasil, Honduras, Guatemala y Perú. El alcance de los “reasentamientos involuntarios”, como los denomina el propio BM, es enorme. Desde 2004, sus proyectos han desplazado física o económicamente a unos 3,4 millones de personas, al obligarlas a irse de sus casas, apropiarse de sus tierras y afectar negativamente a su modo de vida, según revela el análisis de los documentos del Banco Mundial llevado a cabo por el ICIJ. La investigación señala que el BM no ha sido capaz de supervisar adecuadamente y de antemano los proyectos para asegurarse de que las comunidades de desplazados no quedasen desprotegidas, y con frecuencia no ha sabido nada de lo que les sucede después a los expulsados.
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