Los países caribeños son famosos por su sol, arena y brisas cálidas, pero no por el uso de energías renovables. Esto es algo a corregir en una región que se caracteriza por su creciente deuda externa, los costos crecientes de la energía, la desigualdad, la pobreza y la falta de capital humano. Pero la llamada economía verde podría cambiar esa realidad.
La Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), de 53 miembros, intenta llenar ese agujero con un nuevo análisis distribuido en la tercera Conferencia Bienal Global de Pequeños Estados, realizada el 25 y 26 de marzo en Santa Lucía, aunque su lanzamiento formal será en mayo.
Titulado “Transitioning to a Green Economy – Political Economy of Approaches in Small States” (Transición a una economía verde: economía política de enfoques en los pequeños estados), el documento de 216 páginas incluye un estudio en profundidad de ocho naciones y sus esfuerzos para construir economías verdes.
Según David Smith, uno de los autores del documento, ninguno de los ocho países, entre los cuales hay tres caribeños (Granada, Guyana y Jamaica) logró equilibrar el crecimiento verde con el desarrollo.
Los otros casos de estudio son Botswana, Mauricio, Nauru, Samoa y Seychelles.
“Lo que es útil sobre este estudio es que, más que hacernos ver dentro de nuestras fronteras para buscar soluciones, podemos considerar las de otros pueblos, o incluso sus errores, y aprender de ellos para nuestras propias dificultades”, dijo Smith, coordinador del Instituto para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de las Indias Occidentales (UWI).
El experto dijo que todos los países estudiados revelaron que la gran dependencia de energía importada y sus costos son factores que limitan el crecimiento. Una apuesta a las fuentes renovables beneficiaría incluso a otros sectores de la economía.
“Dentro de nuestras limitaciones tenemos que tratar de cambiar. Debemos garantizar mayor autosuficiencia energética y mayor diversidad de fuentes”, indicó.
El primer ministro de Granada, Keith Mitchell, quiere que su país se convierta en “centro de excelencia” en economía limpia y verde, acabando con el monopolio de la electricidad y el alto costo de la importación de combustibles fósiles.
Mitchell señaló que, a pesar de la ayuda petrolera venezolana a través del esquema PetroCaribe, gracias a la cual muchos países caribeños pueden adquirir el crudo en condiciones preferenciales, las tarifas de la electricidad en Granada están entre las más altas de la región.
“Ahora estamos trabajando con socios en energía solar, eólica y geotérmica para convertir a Granada en un ejemplo”, dijo a IPS.
Mitchell cree que la conferencia de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, prevista para septiembre en Samoa, debe discutir vías para que estos países procuren energía accesible, barata y sostenible.
“La amenaza del cambio climático es real, y supone un peligro claro y presente para la supervivencia de los pequeños estados insulares”, agregó Mitchell.
“Llamamos a la comunidad internacional a que libere los tan prometidos recursos para ayudar a países pequeños como Granada a actuar más rápido en mitigación y reducción de riesgos de desastres”, dijo.
El mes pasado, la Universidad de Guyana anunció un programa de 840.000 dólares destinado a generar tecnologías aplicadas a energías renovables, en asociación con la Universidad Anton de Kom de Surinam y con la belga Universidad Católica de Lovaina.
El objetivo general es mejorar la capacidad de las universidades de Guyana y de Surinam para ofrecer programas y cursos sobre tecnologías asociadas a las energías renovables.
El ministro de Recursos Naturales y Ambiente guyanés, Robert Persaud, dijo que una de las mayores necesidades del sector manufacturero es acceder a energía barata.
“Es un imperativo económico desarrollar no solo energía limpia, sino también barata, y tenemos mucha suerte en poseer los recursos que nos pueden brindar ambas cosas”, dijo a IPS.
“Lo más accesible es la energía hidroeléctrica”, añadió.
Al presentar el presupuesto al parlamento a fines de marzo, el ministro de Finanzas de Guyana, Ashni Singh, dijo que con la intensificación de los impactos adversos del cambio climático, el gobierno debe mantener un “enfoque de desarrollo económico bajo en carbono y resiliente frente al clima”.
Ese enfoque se apoya en un “compromiso inquebrantable con una buena gobernanza de los bosques”.
Guyana ha recibido 115 millones de dólares de Noruega en el marco de su Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. Singh dijo que este año se destinaron 90,6 millones de dólares a implementar el Fondo de Inversiones de la REDD+ (Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) de Guyana.
“Guyana está en camino de tener el primer mecanismo de REDD+ en vigor para 2015. Esto le permitirá al país tener más ingresos por la venta de créditos de REDD+ de los que tiene hoy”, dijo Singh al parlamento.
Pero los estudios por país incluidos en el informe presentado en la reunión de Santa Lucía muestran una región seriamente limitada en materia de financiamiento para proyectos verdes.
La investigación sobre Jamaica, por ejemplo, concluyó que ese país insular sigue siendo dependiendo de la exportación de recursos naturales y de la importación de energía, mientras los servicios de deuda externa representan más de 140 por ciento de su producto interno bruto.
Todos estos factores limitan la implementación de nuevas políticas.
En cuanto a financiamiento, Smith sostuvo que no sería mala idea que el Banco Mundial considerara permitir a los países caribeños acceder a financiamiento en condiciones favorables mientras sus índices de desarrollo humano no lleguen a 0,8 puntos.
“Queremos procurar energía renovable y a bajo costo. Queremos asegurarnos de que el capital humano y el ambiental se mantenga”, afirmó.
Smith también sugirió que las naciones caribeñas cobren por servicios ambientales y por el uso de sus playas, y exploren formas innovadoras de cancelar sus deudas.
Fuente: Reportaje de la agencia IPS | @IQLatino