Uno de los temas cruciales en las negociaciones de paz que se celebran en La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC será el abandono de las armas. Ello tendría que estar acompañado por procesos de verificación que permita comprobar que esta guerrilla ya no recibe armas del mercado negro.
Aunque la mayoría de las armas que han llegado en las últimas décadas a los grupos armados en Colombia provienen del mercado negro, un número muy alto de ellas fue legal en su origen.
El Estado coombiano trabaja en la línea de quitarle el mercado de armas a los grupos ilegales, una tarea difícil que podría recibir un espaldarazo internacional en las Naciones Unidas.
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Con el comienzo a inicios de esta semana en Nueva York de las negociaciones para un acuerdo internacional que regule el comercio de armas cortas y ligeras (ATT, por sus siglas en inglés), vuelve a la mesa la posibilidad de volver obligatorios mecanismos que hagan más transparentes y rastreables las transacciones de armas en el mundo.
Pese a que los efectos locales de un tratado internacional no son evidentes a corto plazo, un grupo de países de América Latina y el Caribe -que incluye a Colombia- está apostándole a impulsar tres propuestas concretas que les darían más dientes a la hora de controlar el ingreso de armas ligeras como fusiles y pistolas.
Varios expertos en temas de seguridad le confirmaron a La Silla que ven como positiva la posición que lleva la Cancillería a Nueva York. Aunque Colombia no está en posición de convertirse en un líder regional en el tema, todos coinciden en que el país tradicionalmente ha tenido una posición progresista en el tema y podría contribuir a que haya -a diferencia de lo que sucedió hace un año- una posición coordinada a nivel regional.