Washington, DC — Un grupo de 137 congresistas demócratas, encabezados por la representante Debbie Wasserman Schultz y el senador Chris Van Hollen, presentó un escrito Amicus Curiae ante la Corte Suprema de EE. UU. en el caso National TPS Alliance v. Noem, con el objetivo de defender la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.
En su comunicado, los legisladores subrayan que:
– La acción de la secretaria Noem de ‘vacatur’ y terminación del TPS carece de base legal y excede la autoridad que el Congreso otorgó al Ejecutivo.
– La separación de poderes impone límites claros: el Ejecutivo no puede usurpar funciones del Legislativo ni anular decisiones judiciales, y los tribunales no pueden rehusar revisar excesos ejecutivos.
– La terminación del TPS no solo viola el estatuto, sino que también contradice el amplio respaldo bipartidista al programa para venezolanos ante las condiciones de peligro que persisten en ese país.
– El TPS fue diseñado para ofrecer protección frente a daños generalizados (como crisis humanitarias) en contraste con el asilo, que exige una persecución individualizada.
– Si el Gobierno puede vacar designaciones pasadas según vientos políticos, el proceso deja de ser estándar y queda expuesto a abusos partidistas.
La Congresista Wasserman Schultz, quien co-preside el Venezuela Democracy Caucus, ya había liderado un amicus en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y otro en una fase anterior ante la Corte Suprema en este mismo asunto. Y en esta oportunidad expresó:
“La separación de poderes requiere que el Poder Ejecutivo no se arroje la facultad del Congreso para legislar; exige que no anule el poder de la judicatura para declarar lo que es la ley; y obliga al sistema judicial a no rehusar su obligación de prevenir excesos del Ejecutivo que alteren el delicado equilibrio que cada rama igualitaria tiene en nuestra democracia constitucional.”
El comunicado emitido por los Congresistas informa que:
“Este amicus curiae sigue una decisión previa de un tribunal federal que declaró la terminación del TPS como ilegal, al concluir que la secretaria Noem carecía de autoridad para terminar designaciones existentes.”