Por IQ Latino Newsroom | 17 de octubre de 2025
Washington.— Las tensiones entre el Pentágono y el Congreso por la política de Estados Unidos hacia Venezuela alcanzaron un punto crítico esta semana, tras la sorpresiva renuncia del Almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, y la renovada alarma en el Senado por los indicios de que el gobierno de Donald Trump podría estar considerando operaciones militares dentro del territorio venezolano sin autorización legislativa.
Según reveló The New York Times, Holsey dejó su cargo menos de un año después de asumirlo, en medio de una escalada de ataques contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela que la administración Trump ha justificado como parte de una “operación antidrogas y antiterrorista”. Sin embargo, la investigación apunta a que el verdadero objetivo sería aumentar la presión militar para provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro.
El despliegue, que ya involucra unos 10.000 efectivos estadounidenses y ocho buques de guerra en el Caribe, ha sido duramente cuestionado tanto dentro como fuera del gobierno. Fuentes citadas por el Times indican que el almirante Holsey expresó serias dudas sobre la legalidad y la conveniencia de estas acciones antes de ser marginado de la toma de decisiones.
En las últimas semanas, fuerzas especiales estadounidenses habrían atacado al menos cinco embarcaciones venezolanas, dejando 27 muertos, bajo la acusación de contrabando de drogas. Expertos en derecho internacional y constitucional sostienen que esas operaciones carecen de base legal: el Congreso no ha autorizado ninguna intervención armada, y los supuestos objetivos no cumplen los criterios de una fuerza beligerante.
La controversia se agudizó cuando el propio Trump reconoció haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y sugirió la posibilidad de ataques dentro del país.
Esta escalada ocurre apenas días después de que un grupo bipartidista de senadores —entre ellos Tim Kaine (D-VA), Rand Paul (R-KY) y Adam Schiff (D-CA)— intentara, sin éxito, forzar una votación para detener las operaciones militares estadounidenses en el Caribe. Ahora, su preocupación se eleva por las insinuaciones de incursiones dentro del territorio venezolano sin autorización del Congreso.
Kaine advirtió en su cuenta de X que:
“Estoy profundamente preocupado porque la Administración esté considerando lanzar ataques militares ilegales dentro de Venezuela. Estamos forzando una nueva votación para detener a Trump.”
El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed (D-RI), calificó la renuncia del almirante como “una señal alarmante de inestabilidad dentro de la cadena de mando” y advirtió que una intervención sin autorización “sería imprudente y peligrosa”.
Fuentes consultadas por IQ Latino señalaron que el trabajo de estos senadores refleja una preocupación compartida por muchos oficiales en la cadena de mando, quienes temen las responsabilidades personales y jurídicas que podrían derivarse de participar en acciones no justificadas por el derecho interno ni por el derecho internacional.
Esa preocupación se ve reforzada por informaciones publicadas por DW (Deutsche Welle), que reportó que autoridades de Trinidad y Tobago investigan la posible muerte de dos de sus ciudadanos en uno de los ataques estadounidenses recientes frente a las costas venezolanas. De confirmarse, el incidente podría tener repercusiones diplomáticas graves, al involucrar a un país caribeño aliado y abrir la puerta a denuncias ante organismos internacionales por violación de soberanía y uso desproporcionado de la fuerza.
Para los observadores regionales, estos acontecimientos revelan una fractura profunda en la política de Washington hacia América Latina. La combinación de operaciones militares secretas, retórica de “defensa nacional” y desplazamiento de mandos experimentados apunta a un giro unilateralista en la estrategia estadounidense, con resonancias de la Guerra Fría.
El episodio reabre un debate histórico: ¿puede Estados Unidos apoyar la restauración democrática en Venezuela sin recurrir a la intervención armada?
Mientras el Pentágono reconfigura su liderazgo en el Caribe y el Congreso intenta reafirmar sus prerrogativas constitucionales, el riesgo de un conflicto no autorizado en la región se vuelve cada vez algo más tangible, aunque para muchos expertos dicho escenario sigue teniendo una baja probabilidad de ocurrir.