Desde hace ya tiempo, las tecnologías nos vienen dando muestras de los beneficios que se pueden obtener si las utilizamos de forma inteligente y con propósitos nobles. Esto ha sido más evidente que nunca durante la pandemia. La sociedad en general pudo continuar trabajando, estudiando, en definitiva, viviendo, gracias a estas tecnologías. Los gobiernos digitales han contribuido a la agilización y la adaptación del sector público para reaccionar a este nuevo escenario y para habilitar sus políticas.
Pero esto no es nuevo. En el mundo, muchos países ya habían entendido que la tecnología es una aliada para mejorar la eficiencia de sus gestiones y para fortalecer sus procesos democráticos. Se han adaptado a los cambios tomando acción a la hora de digitalizar las gestiones administrativas o implementar el voto electrónico.
Uno de los casos más representativos es el de Estonia, que se convirtió en el país más digital del mundo habiendo digitalizado el 99 por ciento de los servicios que presta el estado. Este cambio no fue de un día a otro. Para lograrlo, el país viene trabajando de forma constante desde los años noventa, fomentando también en las personas esta cultura digital que hoy se traduce en que el 98 porciento de la población tiene un ID digital para hacer sus gestiones en línea.
La brecha que existe entre países como Estonia y América Latina y el Caribe es aún muy grande. Es por esto que desde el Instituto Republicano Internacional (IRI) estamos acompañando a países de la Región en la implementación de programas de Gobernanza Inteligente desde hace más de seis años. El objetivo se centra en garantizar que la revolución digital aporte el respaldo necesario y adecuado tanto a la democracia como a sus principios.
En el caso de El Salvador logramos implementar soluciones de datos abiertos y crowdsourcing para generar redes fiables de seguridad pública. Se implementó una plataforma especialmente pensada y adaptada para la localidad de Antiguo Cuscatlán, y así, se promovió el respeto a la seguridad entre el gobierno y sus ciudadanos. Asimismo, en Guatemala trabajamos para brindarles herramientas a los periodistas democráticos locales que les permitan realizar un control y una búsqueda de informes y seguimientos sobre el gasto público.
Es una realidad, que los ciudadanos buscan poder vincularse de una manera más directa con los gobiernos, y exigen una transparencia en esa relación. La digitalización lo facilita; como también permite la recepción y resolución de problemas, la difusión de políticas de impacto y la apertura a la información de interés público. Todo esto, es beneficioso para la construcción de democracias más fuertes y estados con mayor capacidad de respuesta.
Es importante que los gobiernos, los políticos y los periodistas conozcan las herramientas tecnológicas para fortalecer su vínculo con los ciudadanos y la correspondiente rendición de cuentas. Igualmente, las instituciones y la sociedad civil en general, deben capacitarse para poder defenderse de la desinformación y amenazas digitales que atentan contra la democracia.
Es importante, y la sociedad cada vez lo está pidiendo más, que los diferentes gobiernos promuevan e implementen este tipo de herramientas sobretodo si tenemos en cuenta las elecciones democráticas celebradas en El Salvador, Ecuador, y Bolivia en las últimas semanas y las que están prevista en los próximos meses en Argentina, Perú y Chile.
Cabe resaltar que la digitalización tiene que ser vista como una nueva aliada de las políticas demócratas y nos encontramos ante un momento clave para llevarla a cabo. En ese sentido, la pandemia deja como algo positivo la presión que ejerció sobre los gobiernos para que digitalicen sus procesos y sobre las personas para que aprendan a dominar la tecnología.
Estados preparados y ciudadanos capacitados, se traducen en naciones más desarrolladas, responsables y comprometidas.
Antonio Garrastazu – Director Regional de América Latina y el Caribe del IRI.