El pasado jueves 1 de septiembre, las calles de Caracas se llenaron de pueblo que a gritos pide una salida a la crisis más grave que ha vivido Venezuela en su historia.
No exageramos al decir que es la más grave: grados de escasez, inflación y desempleo, o empleo informal, como los que se enfrentan en la actualidad no conocía el país. Ejemplo de ello es la terrible precariedad en el sector sanitario, que se expresa desde la ausencia de medicamentos hasta el retorno de todo tipo de problemas de salud pública, con muertes en la puerta de un hospital o un quirófano por falta de insumos médicos en proporciones sin precedentes. Nada de esto era conocido por los venezolanos.
Pero hay algo más. Esta semana el Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública, dedicado al estudio de la violencia, flagelo que aqueja a ese país por la influencia perversa de los carteles del narcotráfico, reveló unas estadísticas aterrorizantes: Caracas es la ciudad con mayor índice de crímenes violentos en el mundo, pero Maturín y Valencia figuran en los puestos quinto y séptimo del espeluznante ranking. ¡Tres de las diez ciudades más violentas del mundo están en Venezuela!
El caudal popular de la marcha puede atribuirse, pues, al fracaso absoluto de un régimen político, social y económico que ha colapsado, sin lugar a dudas.
Al concluir la maravillosa jornada de apoyo al referendo, una concentración popular de carácter absolutamente pacífico y de total compromiso con las vías constitucionales, asombra la insensibilidad del Gobierno, su descaro en persistir en su negativa a abrir la válvula del referendo revocatorio, al menos en el tiempo oportuno para que se realicen unas elecciones presidenciales este mismo año.
La terquedad del Gobierno siembra dudas en muchos ciudadanos que esperan resultados, y que incluso han podido albergar la expectativa de que una concentración multitudinaria bastaría para hacer ver a las autoridades que quienes exigen el referéndum son mayoría y no tienen miedo. Pero el Gobierno parece ciego y sordo ante la contundente evidencia.
Esto plantea un monumental desafío democrático y dibuja los contornos de la durísima realidad a enfrentar. Hay que hacer todas las movilizaciones posibles, siempre en el espíritu pacífico de la marcha del 1 de septiembre, y con el objetivo de exigir la salida constitucional.
Ahora bien, pongamos algunas cosas en su sitio. Vamos a ubicarnos en el peor escenario: el Consejo Nacional Electoral anuncia la recolección de firmas del 20% de los electores inscritos en cada estado (cosa que no se apega a la letra de la Constitución, pero ya sabemos que para eso disponen del Tribunal Supremo de Justicia) para una fecha, que sumada a otros retrasos injustificados impediría que el referendo se hiciera este año. ¿Qué hacer frente a esa posibilidad?
Ante el escenario del referendo pospuesto para 2017 habría que convertir la recolección de firmas en un “hecho políticamente referendario”, en un revocatorio de facto. Eso se lograría mediante una recaudación de firmas en número equivalente o superior al de votos requeridos para revocar el mandato de Nicolás Maduro: 7.587.579 firmas. Es posible. Todas las encuestas lo revelan. Y la determinación y entusiasmo de la manifestación de esta semana lo confirma. La capacidad de movilización popular existe, y el hastío de al menos el 80 por ciento de los venezolanos es ostensible.
Este es ya un régimen militar. Maduro se sostiene por la fusión impúdica que los altos oficiales de la Fuerzas Armadas han hecho entre la institución militar, el Gobierno y el partido oficialista, un arreglo sostenido en el control del aparato judicial, cuyo icono es el TSJ. En la naturaleza opresora del régimen está la clave. Pero la procesión va por dentro, y la inviabilidad socioeconómica del régimen divide y preocupa al chavismo. Postergando el revocatorio hasta el 2017, el régimen apuesta a que la oposición caerá en la desesperanza y la frustración y desistirá de su propósito revocador. Por eso en este punto es donde las fuerzas democráticas deben escalar en su esfuerzo y recoger en firmas los votos que serían necesarios para revocar el mandato de Maduro. El efecto sería detonante de la crisis interna más importante del chavismo. Sin nadie a quien reprimir o acusar de conspirador, el régimen quedaría al desnudo, expuesto a punta de rúbricas a una realidad inequívoca y emplazante.
Si hay referendo y elecciones regionales este año, el aparato de poder del chavismo está en riesgo. Si los comicios ocurren el próximo año, en una secuencia perversamente programada, el único cargo en riesgo sería el de Maduro, pero el chavismo preservaría suficiente poder de negociación. De eso se trata. En eso cifran sus esperanzas, con la ilusión de que suban los precios del petróleo y recuperen margen de maniobra.
Paralelamente, la alternativa democrática debe insistir en otra cosa, y asistir a otra. Debe insistir en la convocatoria de las elecciones regionales y asistir a todo escenario de diálogo que se proponga.
¿Qué requisito falta para que se convoquen las elecciones regionales? Ninguno. A las elecciones de gobernadores les llegó su hora y deben hacerse seis meses antes del vencimiento del periodo de los mandatarios en ejercicio. Conjuntamente con la bandera del revocatorio, esta presión debe estar presente en la calle. Sabemos que, en unas elecciones regionales, el régimen sigue expuesto a la pérdida de espacios de poder, y por tanto, seguirá apartándose de la legitimidad constitucional, lo cual comienza a crear problemas de sustentabilidad, incluso dentro del llamado “partido militar” del aparato oficialista.
En cuanto al diálogo, la oposición no pierde nada ni renuncia a ningún derecho con su comparecencia. Al mismo tiempo, naturalmente, seguirá presionando con el apoyo popular mientras dialoga (como el sindicato en huelga va a la mesa para negociar el contrato colectivo). Y debe hacerlo, porque promoviendo un diálogo transversal en toda la estructura del Estado y la sociedad abre compuertas para que esa presión que hoy se expande sin salida aparente en el precario marco institucional, pueda desembocar en una transición negociada en el marco de la Constitución.
Ese es el desafío y el camino. La Toma de Caracas es un formidable paso en esa dirección que ha multiplicado la esperanza y que augura una Venezuela posible que no cede en su tenaz lucha por el cambio.
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