Cuatro años después de asumir como el presidente más joven en la historia de Chile, Gabriel Boric deja un legado marcado por avances sociales, estabilidad macroeconómica y reformas incompletas, en medio de un clima político dominado por la seguridad pública y el agotamiento del ciclo constituyente.
Santiago de Chile — Cuando Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile en marzo de 2022, lo hizo como el mandatario más joven en la historia del país y como símbolo de una nueva generación política surgida de las protestas sociales de 2019. Su llegada al poder despertó expectativas de cambios estructurales en el modelo económico y social chileno.
Cuatro años después, el balance de su administración deja un legado complejo: avances sociales relevantes y estabilidad macroeconómica tras la pandemia, pero también bajo crecimiento económico, tensiones políticas persistentes y un debate nacional dominado por la seguridad pública.
El gobierno de Boric terminó gobernando en un escenario muy distinto al que imaginaba su coalición al inicio del mandato.
Estabilidad macroeconómica con crecimiento limitado
Uno de los principales logros del gobierno fue la estabilización de la economía tras el fuerte episodio inflacionario que siguió a la pandemia.
La inflación, que había superado el 14% en 2022, regresó gradualmente al rango meta del banco central chileno en los años posteriores. La política fiscal del gobierno mantuvo, en líneas generales, la disciplina macroeconómica que ha caracterizado a Chile durante décadas.
Sin embargo, el crecimiento económico fue modesto. El país registró uno de los ritmos de expansión más bajos desde el retorno a la democracia, con una inversión privada que avanzó lentamente y un mercado laboral que mostró signos de fragilidad.
Entre las reformas económicas aprobadas destacó el royalty minero, que incrementa la recaudación sobre la industria del cobre y destina recursos adicionales a las regiones productoras. También se registraron aumentos sostenidos del salario mínimo y diversas medidas de fortalecimiento del sistema de protección social.
Aun así, varias de las reformas estructurales contempladas en el programa inicial —especialmente una amplia reforma tributaria— enfrentaron resistencia en el Congreso y no lograron concretarse plenamente.
Avances sociales con reformas incompletas
En materia social, el gobierno buscó consolidar una agenda progresista orientada a reducir desigualdades.
Entre las políticas más relevantes se encuentran el aumento del salario mínimo, mejoras en las pensiones mediante el fortalecimiento del pilar solidario y nuevas legislaciones relacionadas con igualdad de género, derechos laborales y corresponsabilidad parental.
Sin embargo, varias de las promesas centrales de campaña quedaron parcialmente pendientes. Iniciativas como un sistema nacional de cuidados más robusto o la universalización de servicios de cuidado infantil avanzaron con mayor lentitud de la prevista, reflejando las limitaciones políticas y fiscales del período.
Seguridad pública: el desafío más complejo
El tema que probablemente marcó con mayor intensidad el debate público durante el mandato de Boric fue el aumento de la preocupación ciudadana por la seguridad.
Chile experimentó en los últimos años un incremento en delitos violentos y la expansión de redes de crimen organizado, fenómenos relativamente nuevos para un país que históricamente registraba tasas de criminalidad más bajas que la mayoría de América Latina.
La oposición criticó al gobierno por reaccionar tardíamente ante el deterioro de la seguridad, aunque hacia la segunda mitad del mandato se aprobaron diversas leyes destinadas a fortalecer las capacidades policiales y judiciales.
A pesar de esas medidas, la percepción pública de inseguridad se mantuvo elevada y se convirtió en uno de los factores políticos más determinantes del ciclo electoral posterior.
El fracaso del ciclo constituyente
El contexto institucional también condicionó profundamente la presidencia de Boric.
Chile atravesó dos procesos constituyentes consecutivos —uno en 2022 y otro en 2023— ambos rechazados en referendos nacionales. Los fracasos consecutivos reflejaron una sociedad profundamente dividida respecto a la dirección de las reformas institucionales.
Para el gobierno, ese desenlace significó la pérdida del principal motor político que había impulsado el ascenso de la nueva izquierda chilena.
Derechos humanos y memoria histórica
Entre las iniciativas más valoradas de la administración destacó el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La política fue presentada como un esfuerzo histórico del Estado para avanzar en verdad, memoria y reparación para las víctimas del régimen militar.
Política indígena y el conflicto en la Araucanía
Otro frente complejo fue la relación con los pueblos indígenas, especialmente en la región de la Araucanía, donde persisten conflictos territoriales y episodios de violencia.
El gobierno intentó combinar diálogo político con medidas de seguridad, pero los avances fueron limitados y el conflicto continuó siendo uno de los desafíos estructurales del país.
Un epílogo humano y democrático
Más allá del balance administrativo y político de su gestión, Gabriel Boric deja la presidencia reafirmando una dimensión personal que incluso muchos de sus críticos reconocen: su calidad humana y su compromiso democrático desde el espacio progresista.
La imagen de su salida del poder capturó ese tono. Tras la ceremonia de cambio de mando, Boric abandonó el Palacio de La Moneda conduciendo él mismo su automóvil, acompañado por su pareja y su hija —nacida durante su mandato—, en un gesto que buscó simbolizar el retorno a la vida privada de un presidente que siempre cultivó un estilo político cercano y poco ceremonial.
En el plano regional, Boric también marcó una diferencia clara dentro de la izquierda latinoamericana contemporánea. A lo largo de su mandato calificó sin ambigüedades al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura y respaldó las denuncias por violaciones de derechos humanos en Venezuela documentadas por las Naciones Unidas y llevadas ante la Corte Penal Internacional.
Esa postura lo colocó en una posición singular entre líderes progresistas del continente. Al mismo tiempo, resistiendo presiones de sectores que promovían discursos xenófobos en medio del aumento de la migración regional, Boric defendió públicamente a la comunidad venezolana en Chile —que supera las 700.000 personas— insistiendo en que el desafío migratorio debía abordarse con políticas de integración y respeto a los derechos humanos.
Así, el legado de Boric probablemente será evaluado con matices en términos de gestión económica y política. Pero su presidencia deja también una señal sobre el tipo de liderazgo que intentó representar: una izquierda democrática, crítica de los autoritarismos y comprometida con las instituciones.