Que no haya habido represión clásica –bombas lacrimógenas, perdigonazos, heridos, muertos y detenidos– en las manifestaciones multitudinarias de este año contra Maduro –realizadas a la luz del día en varios puntos de Venezuela, con los ojos de más de 40 países mirando atentamente y respaldando a Juan Guaidó–, ha sido una novedad frente a las protestas de 2017, que dejaron 157 asesinados.
Pero en los barrios populares, donde se ha nutrido el capital político del chavismo, las noches han sido tenebrosas. Desde al menos hace cuatro años. Y se ha recrudecido desde julio de 2017, cuando comenzaron a actuar las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
Este 2019, el hito comenzó el 21 de enero, en Cotiza, una zona popular del centro norte de Caracas, donde mandos medios de la Guardia Nacional se sublevaron contra la situación social y los vecinos acompañaron. Siguieron otras zonas populares. Las protestas de 2019, a diferencia de la de dos años atrás, tienen esa peculiaridad: han tenido como protagonistas a los llamados barrios: en ellos los vecinos se han manifestado; desde ellos se han movilizado a las manifestaciones multitudinarias. Y es allí donde la represión policial del Estado ha sido cruenta. En 2019, las FAES han matado a 43 personas. En cuatro días, detuvieron a 850 personas, entre ellas 77 niños y adolescentes, en 21 estados de Venezuela. En 2018, las FAES mataron a 205 personas, denunció Provea, una antigua y reputada organización de defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, en un informe del 30 de enero.
El patrón es el mismo: numerosos efectivos encapuchados y armados toman una zona popular, entran a la fuerza a las casas y asesinan a sangre fría. Keymer Ávila lo describe desde su experticia como asesor de Provea: “Toman militarmente una zona concreta, como si fuesen un ejército de ocupación y generalmente ‘cazan’ a sus objetivos”, escribió en un artículo en Efecto Cocuyo.
“En la mayoría de los casos, los propios funcionarios trasladan los cuerpos al centro hospitalario más cercano. Envuelven a las víctimas en sábanas blancas. Algunas veces, de acuerdo con familiares, los torturan antes de matarlos y a los deudos les cuesta reconocer el cuerpo debido a los maltratos y las golpizas”, añade la periodista Claudia Smolansky en una investigación propia para Crónica Uno.
Antes de las FAES, entre 2015 y junio de 2017, hubo 8,200 ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas policiales en las zonas populares, según Amnistía Internacional, con la excusa del combate del crimen. El Comité de Familias de las Víctimas (Cofavic), creado poco después del 27 de febrero de 1989 para combatir la impunidad en los asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad de entonces, denuncia justo 30 años después que en los últimos cuatro años las fuerzas represivas del gobierno de Maduro han matado a casi 9,000 personas, reporta Smolansky.
El Observatorio Venezolano de Violencia, por su parte, concluye, en su informe anual de 2018, que mientras las muertes violentas a manos de delincuentes disminuyeron en el país –por la escasez de efectivo y el empobrecimiento general–, aumentaron los asesinatos cometidos por fuerzas policiales, muertes “que son llamados resistencia a la autoridad, pero que en una buena parte y con seguridad pueden ser clasificadas como ejecuciones extrajudiciales”. Según los cálculos del OVV, los “cuerpos policiales y militares” mataron a 7,523 personas ese año.
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Las investigaciones académicas de Keymer Ávila, también profesor Criminología de la Universidad Central de Venezuela, indican que la Policía Nacional Bolivariana “es responsable de al menos 32% de las muertes por intervención de la fuerza pública en el país”, y es la segunda fuerza “más letal” después de la Policía Judicial (CICPC).
El propio Maduro presentó las FAES en julio de 2017, como una fuerza especial contra la criminalidad y el terrorismo. “El protagonismo que viene tomando la FAES a partir de la merma de la terrible campaña de las OLP ha sido significativo, toda la racionalidad y la práctica mortífera de estos operativos policiales militarizados la monopoliza ahora este grupo de la PNB”, agrega Ávila.
Los testimonios confirman el patrón: el asesinato de su familiar, joven y varón casi siempre, en la , a manos de policías de las FAES con el rostro cubierto. Y a mansalva. Las madres, las hermanas, el tío narran lo que vieron; sus caras en la fotografía son la encarnación del duelo.
Gabriela Mesones Rojo relata en Caracas Chronicles lo que vio Desiré Cumare el 8 de enero: su hijo Maikel Jesús Cumare, de 21 años, abrió la puerta a los policías del FAES enmascarados, que antes amenazaron a su mamá con matarla si no los dejaban pasar. Abrió Maikel:
“Irrumpieron, lo empujaron al suelo y comenzaron a patearle la cabeza contra el suelo. Así es como lo mataron. Le rompieron el cráneo”, dijo Desiré a Caracas Chronicle. Desiré trató de detenerlos, intentó quitarles las máscaras. La golpearon y la sacaron de su casa. Afuera vio 50 efectivos como esos.
En un día mataron a ocho personas en su zona, la parroquia de Macarao, al suroeste de Caracas.
A Nicole Rondón, la hermana de Anthony, una policía de las FAES fue quien se lo dijo: “Anda a buscarlo. Te lo dejamos ahí arriba muerto. Ya lo matamos”, recuerda ella en una entrevista con Claudia Smolansky de Crónica Uno. Lo mataron con 20 disparos justo debajo de la casa de su madre, Carmen, en Las Adjuntas, cerca de donde mataron a Maikel.
“También tumbaron la puerta del cuarto de Anthony, donde solo hay una cama y una cuna. Allí dormía con sus dos niños varones, de 2 y 4 años. El plan de este joven era emigrar hacia Colombia en búsqueda de mejores oportunidades. Su pareja salió del país hace unos meses”, escribió Smolansky.
Rondón dijo a la periodista que las amenazaron, a ella y a su madre. El 29 de enero, en efecto, Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, confirmó en una entrevista con Luz Mely Reyes que funcionarios de las FAES coaccionaron a familiares de los asesinados: les dijeron que no les entregarían los cuerpos de los suyos, los que recién habían asesinado, si los denunciaban.
Cecilia Buitriago vio el 25 de enero, desde su casa en un barrio de La Vega, al oeste de Caracas, cómo los policías de la FAES apuntaban a su hijo Johnny Godoy, de 29 años. Se lo contó a Alonso Moleiro para El País.
“Vi desde arriba como los policías lo tenían apuntado. Hijo, suba, le dije. Le quería dar la cédula para que se la diera a los policías. Me metí a la casa y comenzaron a sonar disparos. No quería creer que le estaban disparando. Dije ‘Jehová, ayúdame, tú tienes el poder de ayudarme. Señor, no permitas que una de esas balas sea para él’”.
Lo fue. No vio más a su hijo, porque la encerraron en su cuarto con su nieto. “No lo vi más. Luego los policías entraron a mi casa, y uno me dijo que había muerto en un enfrentamiento. Yo le dije que aquí no había ningún enfrentamiento. ‘Estamos cumpliendo órdenes’, nos dijeron”.