La planificación urbana en comunidades de América Latina y el Caribe es una materia pendiente que abarca diversos aspectos. Sin embargo, puede ser desarrollada apropiadamente tomando en cuenta casos exitosos previos.
Actualmente, la región es definida por:
a) Ser el continente más urbanizado del planeta, con alrededor del 70% de su población habitando en zonas urbanas con un crecimiento anual aproximado del 3%;
b) Ser el continente más desigual del planeta, con más de la mitad de su población viviendo en situación de pobreza (entre el 50% y el 90%) con gran déficit de infraestructura y saneamiento, y sus consiguientes consecuencias ambientales;
c) Discontinuidad de la gestión pública derivada de los cambios de políticas luego de eventos electorales;
d) Poca planificación y proyectualidad y por ende de inversión; y,
e) La inseguridad y poco sentido de comunidad y compromiso. Según datos de la ONU, el 40% de los homicidios y el 66% de los secuestros que se producen en el mundo cada año se producen en América Latina y el Caribe, que concentran apenas el 8% de la población mundial en este ámbito.
Adicionalmente, en los últimos años, las transformaciones políticas, sociales y económicas ocurridas en algunos países de la región, han ido modificando los espacios y las formas de gobierno convencionales, así como destruyendo la institucionalidad en gran cantidad de casos. Esto, lejos de solucionar los problemas derivados de las características definitorias, los ha agravado.
Las actuales ciudades que parecieran inevitablemente no sustentables resultado de acciones gubernamentales centralizadas que obligan a las personas a depender de los planes y condiciones de los centros de poder, se han convertido en demandas de opciones de desarrollo que cada día deben ser analizadas considerando más variables para que la solución de sus problemas puedan llevarse a cabo de manera óptima.
Más aún, este proceso ha venido estando cercado por dos poderosas fuerzas, la presión de la globalización como hecho permanente de integración del planeta, y las demandas de lo cercano y local que exige mayores cuotas de control sobre la gestión y delegación de poder a las comunidades para concretar su ciudad.
Pero quizás el elemento que mayor atención debería requerir es aquel derivado de actuaciones gubernamentales sobre sectores de la ciudad nacidos de procesos de ocupación espontánea y precaria por parte de sus habitantes. Estas actuaciones orientadas por metodologías de dirección estratégica exclusivamente institucional, no hacen sino profundizar la exclusión social que se deriva del no empoderamiento del destino de las comunidades en su camino a la integración al desarrollo de la ciudad, y perpetuando por tanto un espiral de precariedad y dependencia que inhibe el desarrollo.
Siendo así, la planificación debería convertirse en un interesante elemento de discusión e intercambio de opiniones entre las instituciones y los movimientos sociales, debido a las posibilidades reales que tendrían los ciudadanos, las comunidades organizadas y las organizaciones no estatales, de incidir con eficacia en los procesos de formulación de políticas públicas que revirtieran las tendencias actuales.
El desarrollo sostenible entonces sólo sería viable mediante la conjunción del crecimiento económico, la equidad, el equilibrio ambiental y la eficiencia y responsabilidad de todos los actores de la sociedad, en la construcción de la satisfacción de las necesidades de manera colectiva asegurando así no sólo continuidad sino compromiso en la consecución de la misma.
Adicionalmente junto con un sistemático camino de construcción de planes de desarrollo comunitario integrados a los planes regionales y nacionales, deberían asumirse como procesos medulares el desarrollo de la institucionalidad y la gestión del conocimiento de dichas comunidades. De los propios –institucionalidad y conocimiento- y de los universales. Hay ejemplos, vamos a multiplicarlos.
Diana Beaujon – IQLatino