IQ LATINO WASHINGTON / CARACAS DESK
A una semana del doble sismo que devastó el centro-norte del país, las estimaciones del daño económico oscilan entre el 5% y el 8,5% del PIB, mientras la respuesta humanitaria —ciudadana, internacional y, con más matices, gubernamental— sigue tratando de mantener el ritmo de la tragedia.
La tarde del 24 de junio, en menos de sesenta segundos, dos terremotos —de magnitud 7.2 y 7.5, con epicentro en Yaracuy y Carabobo— convirtieron a Venezuela en escenario del sismo más letal que ha sufrido en más de un siglo. Una semana después, el país sigue contando sus muertos, buscando a sus desaparecidos y discutiendo cómo va a pagar la reconstrucción de un territorio que ya llegaba a la tragedia sin margen fiscal.
Una cifra que no deja de crecer
El primer balance oficial, la misma noche del miércoles, hablaba de apenas 32 fallecidos. Horas después, el Ministerio de Salud elevó la cifra a 235 muertos y 4.300 heridos, según reportó la gobernante en funciones, Delcy Rodríguez. Para el jueves, el recuento oficial ya rondaba los 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos había advertido, mediante su sistema de alerta PAGER, que el saldo podía llegar a ubicarse entre 10.000 y 100.000 muertos, una horquilla que refleja menos la magnitud del sismo que la fragilidad estructural del país que lo recibió.
El sábado 27 de junio la cifra saltó a 1.430 muertos y más de 3.500 heridos. Dos días después, el balance oficial subió a 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y 15.866 personas sin hogar, y para el 30 de junio —fecha del informe de Multiplicas Casa de Bolsa que sirve de base a este reportaje— la cifra oficial ya se ubicaba en 1.943 muertos y más de 10.571 heridos.
Detrás de esa escalada hay una discusión más incómoda: cuántos desaparecidos hay realmente. El Comité Internacional de Rescate (IRC) y Naciones Unidas han estimado que la cifra de personas no localizadas podría llegar a 50.000, mientras que otro reporte, citando fuentes locales, habló de cifras cercanas a 70.000 desaparecidos, la mayoría en La Guaira. Son números que probablemente nunca terminen de conciliarse, pero que apuntan en la misma dirección: la escala del desastre desbordó, desde el primer minuto, cualquier capacidad de censo o rescate que el Estado venezolano tuviera disponible. Un análisis preliminar de la NASA, basado en imágenes satelitales, estimó que cerca de 58.870 edificaciones resultaron dañadas o colapsadas en todo el país.
Las primeras 48 horas: un Estado desbordado
Antes que cualquier institución, fue la propia gente la que respondió. En esas primeras horas, mientras la ventana crítica para rescatar sobrevivientes se cerraba minuto a minuto, vecinos, familiares y voluntarios sin entrenamiento ni equipo se lanzaron a escarbar entre los escombros con las manos, en una movilización tan inmediata como conmovedora. En La Guaira, una madre que buscaba a su hijo bajo toneladas de concreto resumió, entre lágrimas, los límites físicos de esa entrega: “Son muchas rocas y con las manos no se puede”, dijo, sin dejar de cavar. A esa primera línea espontánea se sumaron plataformas ciudadanas improvisadas para registrar desaparecidos y mapear daños, caravanas de donaciones organizadas por redes sociales, y una diáspora que comenzó a coordinar envíos de ayuda casi en tiempo real —una movilización colectiva que, según documenta el informe de Multiplicas, alcanzó una escala notable y que, durante casi dos días, fue prácticamente la única línea de respuesta real con la que contó buena parte del país.
Los propios relatos oficiales, leídos en orden cronológico, documentan un arranque caótico. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, prometió el mismo miércoles el envío de rescatistas, pero la asistencia de las primeras horas fue irregular, con pocos equipos y escasa maquinaria disponible para atender a las personas atrapadas bajo los escombros. Los primeros equipos de rescate extranjeros —salvadoreños, mexicanos, suizos, estadounidenses, franceses, entre otros— no llegaron al país sino casi 48 horas después de los sismos, un lapso crítico si se considera que los rescatistas consideran las primeras 48 a 72 horas como la ventana decisiva para encontrar sobrevivientes con vida. En los días siguientes, equipos que trabajaban sobre el terreno denunciaron que la falta de maquinaria pesada —excavadoras y equipo especializado que simplemente no estaban disponibles— seguía ralentizando las labores de rescate.
Sectores de oposición, por su parte, acusaron a las autoridades de imponer trabas burocráticas a la entrada de equipos internacionales en los primeros días. El propio IRC fue explícito al describir el desfase entre la magnitud de la tragedia y la capacidad de respuesta desplegada. Es el mismo diagnóstico que recoge, en clave económica, el informe de Multiplicas: la escala del desastre excedió desde el inicio la ya limitada capacidad fiscal e institucional del Estado, haciendo inevitable que la recuperación dependiera de actores externos.
La cooperación internacional toma el timón, con Washington al frente
Lo que siguió a ese primer tropiezo fue una escalada progresiva de cooperación internacional, con Estados Unidos asumiendo un rol de liderazgo explícito y el gobierno interino reposicionándose como facilitador y coordinador de esa ayuda, más que como su principal proveedor.
La respuesta de Washington fue inmediata en lo político y creciente en lo material. El mismo jueves 25 de junio, el presidente Donald Trump ofreció el respaldo total de su gobierno, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el despliegue inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria. Ese mismo día, el Tesoro estadounidense emitió la licencia general de la OFAC que autoriza, hasta el 23 de octubre, las transacciones vinculadas a la ayuda humanitaria que de otro modo estarían prohibidas por el régimen de sanciones. Delcy Rodríguez agradeció públicamente la colaboración de Trump y confirmó contacto directo con Washington en las horas posteriores al desastre.
La maquinaria desplegada por Estados Unidos creció rápido: un Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres (DART) de más de 250 personas, tres equipos de búsqueda y rescate urbano (de los condados de Fairfax, Los Ángeles y Miami-Dade), los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings frente a las costas de La Guaira, aviones C-17 y MV-22 Osprey, y una alianza con Starlink para restablecer conectividad en las zonas más golpeadas. El compromiso financiero pasó de 150 a 300 millones de dólares en menos de una semana, canalizados mitad en subvenciones bilaterales a organizaciones sobre el terreno —entre ellas Samaritan’s Purse, World Vision, Catholic Relief Services, el Cuerpo Médico Internacional, Project Hope, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos— y mitad a través del fondo común de la ONU para Venezuela. John Barrett, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, resumió la trayectoria de ese compromiso con una frase corta: “Esto es el inicio”, dijo, y añadió que la ayuda seguiría creciendo.
Del lado venezolano, el viceministro para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, se convirtió en la cara pública de esa coordinación creciente. Para el 1 de julio, Blanco reportaba la llegada de más de 1.600 rescatistas internacionales en 17 vuelos —con otros 25 en camino— y más de 1.200 toneladas de ayuda humanitaria recibidas desde una treintena de países. Ese mismo día, Blanco sobrevoló en helicóptero las zonas devastadas de La Guaira junto a Barrett, una imagen que sintetizó el giro hacia la coordinación conjunta. Sobre el conjunto de esa cooperación internacional, el viceministro fue enfático: afirmó que esa demostración de coordinación y unidad marca un antes y un después en la historia de Venezuela.
Es una narrativa que conviene leer con matices. El giro hacia la coordinación no borra el desfase de las primeras 48 horas, que el propio IRC señaló como insuficiente frente a la magnitud de las necesidades; pero tampoco puede negarse que, una semana después, Venezuela cuenta sobre el terreno con capacidades de rescate, logística y atención médica que no existían antes del 24 de junio, desplegadas en buena medida gracias al liderazgo estadounidense y a organizaciones no gubernamentales con experiencia previa en el país.
El país que se organizó solo
Junto a esa cooperación interestatal, la respuesta ciudadana se mantuvo como una tercera vía, paralela tanto al Estado como a la ayuda internacional oficial. World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, activó su red de restaurantes, proveedores y voluntarios en cuestión de horas, apoyada en vínculos que mantiene en Venezuela desde 2019. Cinco días después del sismo, la organización ya había ampliado su respuesta de emergencia a los estados de Miranda, La Guaira y Carabobo, trabajando junto a 19 socios locales entre restaurantes y organizaciones comunitarias.
A esa red se sumaron organizaciones humanitarias internacionales con presencia consolidada en el terreno. Samaritan’s Purse trasladó suministros en su propio Boeing 767 y levantó en La Guaira un hospital de campaña que comenzó a recibir pacientes el 30 de junio, equipado con dos quirófanos, 56 camas, unidad de cuidados intensivos, farmacia y laboratorio. Catholic Relief Services, por su parte, canalizó su respuesta a través de Cáritas Venezuela y la Iglesia local para entregar refugio de emergencia, alimentos, agua segura y atención médica, mientras parroquias católicas de todo el país abrían sus puertas para albergar a familias desplazadas. La Cruz Roja mantuvo activa su red de hospitales y policlínicas pese a que su propia sede resultó dañada por el sismo, en momentos en que la organización estimaba que unas 300.000 personas necesitaban asistencia inmediata.
En paralelo surgieron iniciativas médicas espontáneas, como la “Brigada Rosa”, un grupo de médicos y estudiantes que llegó a La Guaira a atender a los damnificados y donar medicinas en refugios improvisados, entre ellos uno instalado en un campo de golf, donde la hipertensión, las crisis nerviosas y la deshidratación son ya los padecimientos más comunes entre cientos de personas que duermen en carpas.
Nataly Cardona, de 24 años, sobrevivió al colapso de su edificio y ahora acampa en la calle; sobre la ayuda ciudadana que la sostiene, dijo que sin ella no sabría cómo se las arreglaría. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, advirtió que los próximos días exigirán un esfuerzo colectivo enorme para sostener la respuesta liderada por el gobierno, y recordó que millones de venezolanos ya necesitaban asistencia humanitaria antes de que la tierra temblara —una vulnerabilidad previa que la emergencia no hizo más que multiplicar.
Tres cifras, tres lecturas del mismo golpe económico
En el terreno económico, el informe de Multiplicas cita la estimación del PNUD de daños físicos directos por 6.700 millones de dólares, equivalentes a cerca del 6% del PIB, con la salvedad de que esa cifra preliminar no incluye infraestructura crítica ni el costo de reconstrucción de largo plazo. El propio PNUD explica que llegó a ese número mediante RAPIDA, una plataforma que combina inteligencia artificial e imágenes satelitales de alta resolución captadas en las primeras 72 horas, y calcula que unos 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas de intensidad moderada o superior, y otros 2,1 millones a sacudidas más fuertes.
Una segunda lectura, del economista venezolano Asdrúbal Oliveros, ubica el daño más arriba: entre 7.500 y 9.000 millones de dólares, cerca del 8,5% del PIB, con un costo de reconstrucción que podría escalar hasta 13.000 o 15.000 millones de dólares.
Una tercera fuente, independiente de las dos anteriores, converge con esta última: el propio Servicio Geológico de Estados Unidos, en su evaluación preliminar de impacto económico, calculó que las pérdidas totales en bienes públicos y privados podrían representar entre el 5% y el 7% del PIB venezolano —un rango que se solapa con el del PNUD en su piso, pero que en su techo se acerca ya a las estimaciones de Oliveros—. A esto se suma la lectura del sector reasegurador citada por Reuters, que calcula que las pérdidas económicas totales superarán ampliamente los 10.000 millones de dólares.
Puestas una junto a otra, las tres fuentes —PNUD, Oliveros y USGS— dibujan no una cifra única sino una banda que va del 5% al 8,5% del PIB en daños directos, con el sector privado asegurador y algunos economistas locales apuntando ya hacia el doble dígito si se incluye la reconstrucción completa. No es lo mismo planificar una respuesta para un choque del 6% del PIB —como sugiere el primer número que circuló— que para uno que podría rondar el 9%, cifra que empieza a acercarse a la magnitud relativa que tuvo el terremoto de Ecuador en 2016 sobre su economía. El economista Francisco Rodríguez ofrece, además, una lectura casi paradójica: sostiene que la economía venezolana podría crecer hasta un 8% este año si la reconstrucción se pone en marcha y los ingresos petroleros repuntan, aunque advierte que ese “crecimiento estadístico” —impulsado por el gasto de reconstrucción, no por una recuperación genuina de capacidad productiva— podría maquillar los retos estructurales que deja el sismo.
El rompecabezas del financiamiento
Más allá de la asistencia humanitaria inmediata, la reconstrucción de mediano plazo depende de un mosaico de financiamiento todavía incompleto. CAF anunció un fondo de hasta 200 millones de dólares para reconstrucción. Naciones Unidas liberó 15 millones de dólares en fondos de emergencia, UNICEF envió 47 toneladas de ayuda desde reservas de la Unión Europea, y ACNUR calculó necesidades adicionales por 13 millones de dólares.
El nudo está en el capítulo del FMI, y es ahí donde el informe de Multiplicas hace un señalamiento importante: los 200 millones de dólares anunciados por Delcy Rodríguez como “fondo” del FMI no son, en rigor, financiamiento nuevo, sino una reasignación de Derechos Especiales de Giro que Venezuela ya tenía en su poder. La portavoz del FMI, Julie Kozack, ha evitado comprometerse con montos o plazos adicionales, limitándose a decir que el organismo mantiene una colaboración estrecha con las autoridades venezolanas mientras evalúan el impacto económico y las necesidades de recuperación. Un diario español calificó directamente esos 200 millones como una cantidad mínima frente a los daños económicos que se prevén.
Pero no todos coinciden en que el margen de maniobra sea tan limitado. El economista José Guerra, ex asesor del Banco Central de Venezuela, sostiene que el país tiene acceso potencial a una bolsa mucho mayor: 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro más una línea de financiamiento rápido de emergencia de 5.300 millones, lo que sumaría más de 10.000 millones de dólares disponibles como punto de partida. Guerra calcula que la reconstrucción integral demandará un esfuerzo global superior a los 50.000 millones de dólares, comparable al desplegado en Ucrania o Gaza. La brecha entre su lectura y la cautela de Multiplicas —que insiste en que el fondo anunciado es, en la práctica, dinero propio reciclado— resume bien la incertidumbre que rodea a todo el proceso.
Un ángulo más escéptico lo aporta la red Latindadd: advierte que cualquier eventual reestructuración de la deuda venezolana debe subordinarse a las necesidades inmediatas de reconstrucción, y observa —casi como un alivio relativo— que el FMI todavía no participa en las negociaciones de deuda del país, dados los antecedentes de condicionalidad que suelen acompañar su asesoría técnica.
La sombra de la deuda impaga
El informe de Multiplicas pone el dedo en la llaga que ninguno de los otros análisis evita del todo: Venezuela arrastra una deuda en default de entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, y cualquier financiamiento de emergencia que fluya hacia el país queda potencialmente expuesto a intentos de embargo por parte de acreedores, por improbable que parezca en un contexto humanitario. Es la variable que separa a Venezuela de Chile en 2010 —que financió su reconstrucción con ahorro público propio, sin tocar su calificación crediticia— y la acerca más al escenario ecuatoriano de 2016: una economía dolarizada, sin colchón fiscal, dependiente de financiamiento externo condicionado.
Tres espejos regionales, y dónde cae Venezuela
El propio informe de Multiplicas ofrece la métrica más útil para calibrar lo que viene: no es la magnitud del sismo lo que determina la velocidad de la recuperación, sino la capacidad fiscal e institucional previa del país golpeado. Chile, con un terremoto de magnitud 8.8 en 2010, recuperó su nivel de actividad económica en un trimestre gracias a ahorros acumulados; Ecuador, con una economía petrolera y dolarizada sin reservas propias, dependió por completo de financiamiento externo y aun así arrastró un déficit fiscal de 2.250 millones de dólares; Haití, con un Estado estructuralmente débil, todavía no completa su reconstrucción quince años después.
Con una banda de daño económico que —según se tome al PNUD, a Oliveros o al propio USGS— va del 5% al 8,5% del PIB, y sin el colchón fiscal chileno, Venezuela se parece hoy mucho más a Ecuador que a Chile. La diferencia es que arrastra, además, una deuda en default y una economía que llevaba más de una década en contracción antes de que la tierra temblara. Y a diferencia de Ecuador, cuenta con un aliado dispuesto a asumir el liderazgo operativo de la respuesta: la pregunta que queda abierta, y que ni Multiplicas ni ninguna de las fuentes consultadas resuelve todavía, es si ese liderazgo estadounidense se traducirá en el tipo de financiamiento de largo plazo que la reconstrucción física —hoy sostenida por voluntarios, ONG y un gobierno que aprendió a coordinar sobre la marcha— necesitará durante años, y no solo durante semanas.
Con reportería propia e información de Reuters, CNN en Español, Infobae, Univision, The New York Times, Efecto Cocuyo, El Estímulo, La República, La Nación (Argentina y Paraguay), Vatican News, Telemundo, Semana, Cuatro, Cubanet/PNUD, El Tiempo, Unión Radio, El Comercio, U.S. Department of State, World Central Kitchen, Latindadd y el informe “Special Report: Earthquakes of June 24, 2026” de Multiplicas Casa de Bolsa (30 de junio de 2026).