En la actualidad las compañías de servicios energéticos en Chile están apostando por la sociabilización de los proyectos en sus etapas tempranas, hecho que no solo permite informar a las comunidades sino, además, mejorar el desarrollo de la iniciativa.
La idea circula desde hace tiempo aunque todavía ninguna de sus propuestas ha llegado a puerto. Una de ellas fue dada de baja en febrero de este año y se enmarcaba dentro de las 60 medidas que conformó la llamada Agenda Impulso Competitivo que promocionó el entonces presidente Sebastián Piñera y que establecía la creación por ley de mecanismos que estimulen a los grandes proyectos a aportar a los lugares donde se instalan. Si bien en un comienzo la propuesta, al igual que otras iniciativas, tomó fuerza, finalmente no logró consenso con el área de tratamiento tributario y de incentivos.
Para el sector energético este resultado no fue lo óptimo, ya que son ellos los más interesados en concretar un sistema que permita compensar a las comunidades. De hecho, a mediados de 2013 la industria de la generación eléctrica planteó la urgencia de establecer la Ley de Compensaciones, la cual fue analizada en su minuto en el Congreso.
Para Sebastián Fernández, gerente de Planificación Energética de Endesa Chile, este proyecto, que actualmente vuelve a estar en la discusión parlamentaria, es un paso importante para discutir amplia y abiertamente el tema. “Los proyectos energéticos tienen una característica, sus mayores beneficios son nacionales, y sus impactos son locales y eso no es justo. Se debe compensar a las comunidades y se debe entregar certezas a quienes invierten”.
Agrega que si bien estas iniciativas representan una buena herramienta y una señal para la gente y las compañías, realmente será así si son discutidos y validados de la manera más amplia posible para que cuenten con la legitimidad que requieren.
Desde la Fundación Casa de la Paz explican que los beneficios no se ven tan claros ya que el problema que visualizan es que este tipo de iniciativas puedan ser leídas, o transformarse, con el tiempo, en una compra de voluntades o del derecho a contaminar.
“A la mayoría de las empresas con que yo he trabajado el tema social les complica un poco, porque cuando estamos hablando de compensación hay que referirlo a lo ambiental. Lo otro que puede ser son líneas de beneficio más sociales y comunitarios. Sin embargo, creo que la compensación económica es comprar el derecho a no usar toda la tecnología que permita mitigar, por lo cual, y desde ese punto de vista, podría ser cuestionable”, plantea Antonio Rubio, director del Programa Participación y Diálogo Multisectorial de Fundación Casa de la Paz.
Aunque el sector energético apuesta por un mecanismo de compensación, ellos están consientes de que no es suficiente y que para contar con la validación social de la iniciativa se debe generar una relación de confianza, la cual debe ser trabajada en las etapas tempranas del proyecto.
Pedro Vial, gerente de Asuntos Públicos de Colbún, indica que para que una empresa sea bien recibida es esencial que tenga la capacidad de generar una relación de confianza con las comunidades locales. “Esto no se logra mediante una ley, sino que a través de una relación permanente en terreno con las comunidades afectadas. La autoridad puede contribuir a este propósito con incentivos tributarios, reconociendo, por ejemplo, las inversiones sociales voluntarias, como gasto necesario para producir la renta”.
Entre los especialistas existe consenso que en el periodo 2011-2012 existió un punto de inflexión en nuestro país con las movilizaciones sociales y a raíz de ello las empresas se dan cuenta de que la ciudadanía tiene que ser vista como un sujeto de derecho. Antes de esta fecha, explica Antonio Rubio, la lógica de las relaciones con las comunidades era de carácter asistencialista y paternalista en el cual la empresa cumplía el rol de establecer los temas, definir los objetivos y los lineamientos de dicho plan.
Posteriormente las empresas comenzaron a dar un giro hacia el desarrollo de planes que permitan mayores niveles de participación de la ciudadanía.
¿Cómo se hace una estrategia de inclusión de los habitantes? Para el especialista el foco de este plan debe estar relacionado con la comunidad y con la participación, el cual se enmarca en un paraguas más grande que es el enfoque de derecho. “Es decir, no solo debe existir la entrega de información del proyecto sino también un feedback de la ciudadanía, porque como habitante histórico de un territorio tiene derecho a poder incidir en cual será el destino de dicho espacio”, sostiene Rubio.
La apuesta actual de las compañías es la sociabilización de los proyectos en sus etapas tempranas, hecho que no solo permite informar a las comunidades sino, además, mejorar el desarrollo de la iniciativa, lo cual incluso permite una mejor planificación costo-económica.
Para Rodrigo Uarac, gerente Comercial de Transnet, este acercamiento proactivo permite oportunamente “realizar mejoras al proyecto para adaptarse al entorno, así como evaluar, en cada caso, el formato de trabajo con la comunidad y la posibilidad de desarrollar un plan de apoyo diseñado en conjunto, a partir de las necesidades reales de la gente, con el objeto de fomentar el desarrollo en las zonas en las que se emplazan nuestros proyectos”.
El desafío de ello −indica Carolina Pellegrini, gerenta de Asuntos Corporativos Pacific Hydro Chile− está en incorporar a las comunidades en el desarrollo de los proyectos para identificar las necesidades y concretar acciones vinculadas a las iniciativas que generen en la comunidad un valor permanente en el tiempo. “Este trabajo requiere de dedicación y tiempo, ya que la base es construir confianzas mutuas y crear espacios para avanzar en el logro de los objetivos”, enfatiza la ejecutiva.
El problema que visualiza Antonio Rubio en la sociabilización de los proyectos en sus etapas tempranas es que la industria energética es competitiva y uno de sus temores es no dar señales al mercado en forma anticipada. “De hecho, una empresa nos dijo que les costaba “salir a decir” porque sus pares los iban a mirar, y producto de ello es que hay algunas malas prácticas que enlodan el negocio del otro”.
El profesional cree que la principal mochila que carga el sector energético es que la ciudadanía piense que todos los proyectos son igualmente contaminantes, por lo cual la entrega de información y educación a la comunidad es vital para aclarar estos mitos que se replican de boca en boca.
“Y en dicho sentido, lo que deben hacer las empresas de energía es aceptar esa ‘mochila’ y gestionarla. Deben abrir los espacios y dialogar con la comunidad. Este tipo de estrategias permite que, en forma paulatina, vaya quedando información en la ciudadanía que además desmitifica antecedentes que vienen ya con ciertos niveles de carga”, concluye el especialista de Casa de La Paz.
Fuente: Sustentare | @IQLatino