Si hablamos de diplomacia, el cerco al gobierno venezolano crece casi con el mismo ritmo con el que se profundiza la crisis interna: es esa crisis, traducida en la escalada represiva, las extremas dificultades de la vida cotidiana y los obstáculos recurrentes para la celebración de un referéndum revocatorio este año –si se realizara antes de enero de 2017, un resultado desfavorable para Nicolás Maduro abriría el paso a nuevas elecciones presidenciales–, la que pone la atención en Venezuela desde la llamada Comunidad Internacional.
A la cruzada diplomática que recientemente ha urgido la celebración de la consulta y ha alertado de una crisis humanitaria en ese país, se sumó la semana pasada el fracaso del gobierno que preside Nicolás Maduro –canciller durante el previo mandato de Hugo Chávez– de presidir el Mercosur. Correspondía a Venezuela la presidencia pro tempore del bloque, título rotativo cada seis meses, a finales de junio. “El traspaso en realidad nunca se concretó por el rechazo de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay. Por ende, estaba pendiente resolver este asunto porque la presidencia temporal no podía continuar vacante ya que facilita el funcionamiento del mercado común y la coordinación de las negociaciones con otros países, como el proceso que adelanta en estos momentos Mercosur con la Unión Europea para concluir un tratado de libre comercio”, explica Mariano de Alba, abogado venezolano experto en relaciones internacionales, en un artículo de Prodavinci.
Así que los cancilleres de este bloque de países, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, decidieron por mayoría –todos los países fundadores, no Bolivia– prorrogar el traspaso de la presidencia hasta el 1 de diciembre, para dar tiempo al gobierno venezolano a que adecúe las leyes y reglamentos del país a las de Mercosur. De acuerdo con el comunicado que emitieron, “le niegan al gobierno venezolano el derecho a presidir el organismo regional por el ‘incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Adhesión al Mercosur’ “, escribe el periodista Albinson Linares en el New York Times en español. Entonces la presidencia pro tempore la asumirá una comisión coordinadora integrada por los países que suscriben la decisión.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, reaccionó en tres tweets de su cuenta oficial de la red social, citados por El Nacional: “En Mercosur las decisiones se adoptan por consenso y respetando las normas de funcionamiento. No permitiremos violaciones a los tratados. Pretender destruir Mercosur mediante artimañas antijurídicas es reflejo de la intolerancia política y la desesperación de burócratas”.
“Pronto expondremos la verdad sobre el acervo normativo de Venezuela y del resto de los Estados, así como las acciones para proteger Mercosur”, agrega El Nacional que dijo.
Linares recuerda que en agosto, cuando se discutía el traspaso de la presidencia del grupo a Venezuela y se prorrogaba por el cuestionamiento de Argentina, Brasil y Paraguay, la cancillería venezolana emitió un comunicado en el que aseguraba que el país ” ‘no solo ha incorporado gran parte del compendio normativo del Mercosur a su fuero interno’, sino que incluso había superado a la mayoría de los otros miembros del organismo”.
Mariano de Alba hace referencia a un estudio de las cuatro cancillerías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que dice que “Venezuela todavía debe aprobar aproximadamente 300 normas emanadas del Mercosur, adecuando su legislación interna”. Y destaca el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Mercosur, que necesita de la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, para que pueda convertirse en una ley venezolana.
Pero la violación de los derechos humanos por parte del gobierno venezolano es un asunto ya inocultable y ha estado en sus prácticas desconocer el Parlamento, a través del Tribunal Supremo, que ha declarado nulo todo lo que de él emane. “Esto deja entrever que será muy difícil que de aquí a diciembre Venezuela termine de adoptar la normativa pendiente”, escribe De Alba.
El New York Times en español entrevista a Emilio Nouel, otro venezolano experto en relaciones internacionales: “Por ignorancia, desconocimiento e incompetencia no discutieron más de 800 reglas y protocolos. Ahora el gobierno de Maduro tendrá que reconocer la Asamblea Nacional y pedirle que haga ese trabajo, pero dudo que eso sea viable en tan poco tiempo”.
Mariano De Alba no descarta que Venezuela sea suspendida de Mercosur si no cumple después del 1 de diciembre.. “[…]Habrá que ver si la suspensión llega a concretarse sólo como consecuencia de la falta de adopción de la normativa o si para el mes de diciembre el estado de la democracia se ha continuado deteriorando de tal manera que el gobierno de Uruguay termine por apoya la propuesta de Paraguay de aplicar el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, el cual sí prevé la posibilidad de suspender a un país de su condición de miembro de la organización”.
Todo esto ocurrió mientras el gobierno de Nicolás Maduro realizaba, como país anfitrión, la Cumbre del Movimiento de los No Alineados en la Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, en la que sí recibió la presidencia pro tempore hasta 2019 de este movimiento, integrado por 120 países. El Nacional recuerda que a la cumbre anterior de Teherán, en 2012, asistieron 50 cancilleres, 27 presidentes, dos reyes, siete primeros ministros y dos jefes de Parlamento”. Maolis Castro escribe en El País que en la de este año en Margarita “muchos sillones han permanecido vacíos. Más de 20 de los 120 ministros de Exteriores, 15 presidentes y decenas de delegaciones” asistieron a la convocatoria. Entre ellos Robert Mugabe.
“Mientras Maduro y el alto gobierno se han refugiado en la cumbre celebrada en Margarita –escribe Castro en El País–, el resto del país ha protestado el viernes para exigir al Poder Electoral –controlado por el oficialismo– que anuncie el siguiente paso para activar un referendo revocatorio presidencial y repudiar el encuentro diplomático. Los opositores llamaron a la manifestación ‘La Cumbre del Pueblo’. Pero en Nueva Esparta se han inhibido de participar en las manifestaciones debido a la militarización de las calles. Son más de 550.000 habitantes vigilados por 14.000 efectivos de seguridad. Los pobladores solo han optado por sonar cacerolas todas las noches de la cumbre, para manifestar su descontento por la crisis”. Margarita viene de una fuerte represión, semanas atrás, porque un grupo de gente recibió a Nicolás Maduro, durante una visita, con fuertes cacerolazos y consignas de rechazo, que terminó con el encarcelamiento del periodista Braulio Jatar por la difusión de un video que evidenciaba las protestas.