“En tiempos de pandemia, la única manera de estar conectado con el mundo es desde casa”. La frase es de Sunne McPeak, Presidenta y Directora General del Fondo de Tecnología Emergente de California (California Emerging Technology Fund, CETF).
El derecho de acceso a Internet, también conocido como derecho a la banda ancha o libertad de conexión, es la opinión de que todas las personas deben poder acceder a Internet para ejercer y disfrutar de sus derechos a la libertad de expresión y de opinión y otros derechos humanos fundamentales.
Según esto, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a Internet esté ampliamente disponible y que no pueden restringir injustificadamente el acceso de una persona a la red.
En el verano de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó una resolución que condenaba la interrupción intencionada del acceso a internet por parte de los gobiernos. Se reafirmaba que “los derechos que tienen las personas fuera de línea, deben protegerse también en línea”.
El COVID-19 puso de manifiesto lo crucial que es estar conectado a Internet para la educación, la sanidad, el trabajo e incluso la seguridad pública. Quienes tienen acceso limitado al universo digital suelen ser comunidades de bajos ingresos y vulnerables en zonas rurales y urbanas, que acaban quedándose atrás en casi todos los aspectos.
Aquellos que venían postulando que el acceso a la banda ancha es un derecho, han quedado reivindicados con el ataque del coronavirus. La discusión está abierta hoy, cuando en el Congreso se negocia un paquete histórico de $65 mil millones para estrechar la brecha digital.
Un monto esperanzador, aunque es significativamente menor al propuesto por el presidente Joe Biden en marzo pasado, que alcanzaba a $100 mil millones.
Brecha digital
Michelle Flores tiene 19 años, es estudiante tutora de la Southeast Community Development Corporation. Padeció una conectividad limitada durante su infancia, vive con su familia y ha usado un hotspot para tener internet en casa. A veces no tiene el ancho de banda necesario.
Michelle ha estado dando clases en línea durante la pandemia. “Algunos de mis alumnos no tenían internet, otros lo tenían de mala calidad y se les caía la conexión. Algunos más no sabían usar la tecnología. Por eso pierden oportunidades de educación y trabajo”, explica.
Respondiendo a situaciones como la de Michelle tenemos a Angela Siefer, Directora Ejecutiva de la Alianza Nacional para la Inclusión Digital (NDIA). Ella considera que la equidad digital es la meta para que las personas puedan tener acceso a la tecnología que necesitan.
Siefer cree que no se le ha destinado suficiente dinero a la inclusión digital. “Hay que negociar para tarifas más bajas, comprar tecnología que sean más barata y tener dispositivos más asequibles”.
También revela que la confianza es esencial. “A veces nos acercamos para ofrecerle ayuda a alguien y la persona no lo acepta. La tecnología puede intimidar a mucha gente.
Hay subsidios del gobierno para muchos servicios, pero la gente no quiere usarlos porque creen que son fraudes”.
La experta invita a todos los ciudadanos a que hablen con sus gobiernos locales y estatales, porque ya existen recursos por el Plan de Rescate para este asunto.
Según ella, a veces no existe la infraestructura o esta no satisface las necesidades reales. Además, “La gente no se involucra porque no sabe cómo usar el internet, o porque teme a la inseguridad presente en la red, o porque no puede pagarlo”.
Según sus cifras, antes de la pandemia, 36 millones de hogares en el país no tenían conexión en su casa. “26 millones de ellos son urbanos, 10 millones son rurales. No se trata de la disponibilidad. Hay mucha gente con problemas de acceso en ciudades. Y el problema es poder pagar, la educación, aprender las habilidades tecnológicas. Estamos presionando para que los servicios sean más económicos, pero también para que haya subsidios. El servicio puede parecer asequible para unos, pero para otros no lo es tanto”.
Y lamenta: “¿Cómo no nos rompe el corazón ver a los niños haciendo sus tareas en un auto, en el estacionamiento?”
La brecha en California
Por su parte Sunne McPeak, presidente y directora general del CETF, relata que en su primera década de labores trabajaron con más de 100 personas, más de 100 organizaciones comunitarias y lograron nuevas conexiones de internet para 274 mil hogares.
Pero hay un problema adicional: la gente que no posee los conocimientos para manejar la tecnología. Erica Del Toro, de Parent University, dirige el programa Parent University en Cal State Fresno. Parte de su trabajo es ofrecerles a los padres las habilidades para acceder a internet. También los apoyan en el aspecto económico.
“Muchos estudiantes no sabían cómo utilizar sus dispositivos, los padres tampoco”, revela.
McPeak comenta que hay dos partes en esta fórmula: la implementación de la infraestructura necesaria y la entrega de las conexiones a los hogares. “A esto lo llamamos la adopción: que la gente adopte la tecnología, para ahorrar dinero y tiempo”, agrega.
Apunta que la infraestructura es necesaria, pero no es suficiente para conectar a la gente.
“No ganamos nada con tener la mejor red del mundo si la gente no puede conectarse. Estamos trabajando para que esto sea considerado un derecho humano, como lo ve Naciones Unidas”, declara la experta.
Celebra que más de 90% de los californianos –el estado donde se desempeña– estén conectados en sus hogares, lo que considera una cifra muy buena. “Pero hay 6% que solamente tienen acceso con teléfonos inteligentes, una conexión muy inferior, porque hay niños estudiando en línea, hay gente trabajando en los hogares”, reflexiona.
California, población vulnerable y latinos
CETF, en asociación con la Universidad del Sur de California, ha adelantado durante 14 años una investigación sobre el acceso a banda ancha en ese estado. La actualización más reciente está fechada en marzo de 2021.
Se puede observar un progreso cuantitativo y sostenido en la adopción de la banda ancha en la región, entre 2008 y la actualidad.
Si bien California se podría tomar como una pulsación de la situación y las cifras a nivel nacional, también hay que tener en cuenta que a este estado le va bastante bien con el incremento de la banda ancha, en comparación con otras regiones.
Sin embargo, aunque incluso los grupos poblacionales más vulnerables también se han beneficiado por el progreso, se siguen manteniendo rezagados respecto a las cifras generales.
Estos grupos saltaron de un 55% de cobertura en 2008 a 91% en 2021, dejando atrás incluso la meta de 90% para 2022. Entre ellos se cuentan los de bajos ingresos, los latinos, las personas con discapacidad y las poblaciones rurales.
Los hogares latinos fueron el grupo con un salto positivo cuantitativamente más grande –de 50 puntos porcentuales–, elevándose de 34% a 84%. Sin embargo, aún se mantienen 7 puntos porcentuales debajo de la estadística total de penetración en grupos vulnerables de California para el año actual, que es de un 87%.
Adicionalmente, el 8% de los latinos tiene acceso a banda ancha solo a través de sus teléfonos y no de computadoras, con las desventajas que esto significa. Son dos puntos porcentuales por encima de la media del estado para conexión solamente a través del teléfono celular.
En cuanto a la población latina en general de California, 24% no está conectada o tiene conexión limitada a través de sus teléfonos inteligentes. En este grupo se comprende el mencionado 8% del total.
Del Toro ofrece una visión de su labor en la parte humana para estrechar la brecha: “Hemos enseñado a los padres para que ayuden a sus hijos”.
Según ella, unos y otros están estresados. “Estuvieron atrapados en su casa”, dice con referencia a la prolongada cuarentena y aislamiento que se dio por la pandemia.
Han alentado a los padres a hacer clases en línea y a continuar su educación. “Queremos que no se olviden de ellos mismos”, finaliza.