El año 2021 ha sido particularmente grotesco para los derechos de la comunidad LGBTIQ en República Dominicana. Los congresistas de la isla caribeña están muy cerca de aprobar un código penal que excluye la orientación sexual y el género como motivos de discriminación. En versiones anteriores del código penal, ambas categorías estaban incluidas en el artículo 186, que es el que tipifica los actos de discriminación. Entre la definición de dichos actos se incluyen: la negación de un bien o servicio básico, la obstaculización de una actividad económica y la negación del empleo. De ser aprobado este código penal, la comunidad LGBTIQ quedaría desprovista del amparo legal de las autoridades frente a los actos de discriminación previamente mencionados.
Este retroceso en el campo de los derechos humanos no representa un caso aislado en el historial de la República Dominicana. En el año 2013, durante el segundo mandato del expresidente Barack Obama, James Brewster fue nombrado embajador de los Estados Unidos en República Dominicana. Esto causó gran conmoción en la sociedad dominicana, debido a que Brewster era un hombre gay, activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ que, además, fue de gran apoyo para la financiación de la segunda campaña del expresidente Barack Obama. En su primer año como embajador, un grupo de evangelistas intentó, fallidamente, conseguir cien mil firmas para pedirle al expresidente Obama la dimisión de Brewster que, según los evangelistas, tenía como misión ‘homosexualizar’ el país caribeño. Mas no solo fueron los grupos evangelistas los que armaron, en ese entonces, un berrinche homofóbico contra el embajador, sino también el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, que le exigió al Ministro de Educación que prohibiera la entrada del embajador a las escuelas de país.
Durante los años de Brewster en la embajada se llegaron a escuchar comentarios como los del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez que, refiriéndose al marido del embajador, Bob Satawake, dijo: “Como esposa que es de un señor, que se ocupe de la casa. Eso es lo que tiene que hacer”; comentario similar al del entonces nuncio del Vaticano, Jude Thaddeus Okolo, que se dirigió al embajador diciendo: “Si mantienes tu vida privada tras las paredes de tu embajada te irá bien aquí”.
Ante esos ataques, propios de niños odiosos, el embajador mantuvo una actitud diplomática y logró convertirse en un referente para la discriminada comunidad LGBTQI de la República Dominicana. De igual manera, Brewster dejó claro que el Ministerio de Turismo del país caribeño estaba cometiendo un error al afirmar que el país no estaba interesado en convertirse en el destino turístico de las parejas LGBTQI. El error consiste en no tomar en cuenta que los gastos de dicha comunidad llegan al billón de dólares y, a su vez, que la actitud homofóbica de las instituciones iba a alejar a posibles turistas. La misión diplomática de Brewster, concluida en el 2017, marcó un antes y un después en la historia del país.
La República Dominicana es un país donde los miembros de la comunidad LGBTIQ tienen prohibido donar sangre, formar parte de la policía nacional, consumar matrimonio, adoptar hijos e, inclusive, celebrar fiestas de bodas LGBTQI. Estas medidas homofóbicas están fundamentadas en los valores de una sociedad que concibe la homosexualidad y la transexualidad como una depravación. Lastimosamente, esta situación contribuye a la fuga de cerebros que ha vivido el país por décadas, ya que muchos miembros de la comunidad LGBTIQ se ven forzados al exilio por la discriminación que sufren en el país. Cabría acotar que el exilio de los miembros de la comunidad LGBTQI no es exclusivo para la República Dominicana, sino general para la mayoría de los países latinoamericanos.
Otro aspecto que hay que destacar sobre la situación de la comunidad LGBTIQ en la República Dominica es el de la interseccionalidad entre ser pobre y ser LGBTIQ. La desigualdad, económica, política y racial, es parte del día a día de los dominicanos. Dicha desigualdad se hace incluso más palpable para los miembros de la comunidad que no pertenecen a las clases privilegiadas. Esto se debe a que un miembro de la clase alta/ media alta puede evitar, a medida de lo posible, ciertas situaciones de peligro callejero que una persona pobre no puede esquivar. Me refiero al peligro que representa en República Dominicana vestir de manera no heteronormativa por la calle, de las agresiones recibidas y del hecho de que la policía se haga la vista gorda antes estos delitos, ya que son numerosos los casos en que los mismos agentes policiales perpetúan estos abusos; ante esto último, hay que acotar que un agente de la policía suele tener más recato a la hora de abusar los derechos de una persona de clase alta, independientemente de su orientación sexual. También hay que mencionar que el gobierno dominicano sí reconoce los matrimonios igualitarios que se hayan realizado en países extranjeros. Por lo tanto, las parejas LGBTQI que pueden pagar un viaje para casarse en Estados Unidos o España obtienen un reconocimiento legal en República Dominicana que las parejas LGBTQI pobres no pueden lograr.
La labor de los colectivos defensores de los derechos LGBTQI, como “RD es de todes” y “República Queer”, de la mano de la labor educativa de la organización “Simplepsych” y los esfuerzos del diputado José Horacio Rodríguez, han sido de gran ayuda para la visibilización del penoso estado de los derechos humanos en la República Dominicana. La discriminación homofóbica continúa perpetrándose en buena parte de nuestros países latinoamericanos. La falta de interés y efectividad para solucionar esta problemática tiene un alto coste para la sociedad dominicana y, en general, para la sociedad latinoamericana. Tanto el desarrollo económico, como el desarrollo social de nuestras naciones, depende de nuestra voluntad de erradicar, de las instituciones, leyes que enajenen los derechos de cientos de miles de personas. Los políticos dominicanos tienden a vanagloriarse afirmando que el país vive el crecimiento económico más rápido de las islas del Caribe, pero hacen caso omiso a la colosal factura que el país paga sosteniendo instituciones gubernamentales, políticas y sociales que incitan directamente al odio contra la comunidad LGBTQI. Igualmente, vagan impunemente por las ciudades dominicanas innumerables empleadores que, amparados en el barbárico código penal que está por ser aprobado, niegan empleo o despiden a profesionales calificados por el mero hecho de tener una orientación sexual o un género ajenos a lo que dicta la heteronormativa que sostienen los sectores más rancios de la sociedad civil y eclesiástica.
Hay una canción del maestro Willie Colón, titulada El Gran Varón, que narra la historia de una mujer trans que muere sola en un hospital de Nueva York. La canción permite al oyente reflexionar sobre cómo el padre se pierde la vida de su hija por aferrarse a su homotransfobia. Es una canción triste que es cantada alegremente en las fiestas dominicanas, llenas de invitados que ignoran el pesado precio que se paga por la homofobia.