Esta semana pasada, el presidente Trump promulgó la Ley GENIUS, celebrándola como un hito para la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos. Pero a pesar de los aplausos bipartidistas y el entusiasmo de Wall Street, esta legislación no representa el avance regulatorio que el país—ni la industria cripto—necesita. En realidad, la Ley GENIUS es un paso cauteloso y limitado que regula solo una fracción del universo cripto: las stablecoins de pago.
Todo lo demás—Bitcoin, Ethereum, memecoins, NFTs y el vasto mundo de las finanzas descentralizadas—quedó sin tocar. Y al hacerlo, el Congreso volvió a evadir las preguntas difíciles, afirmando de hecho la legalidad implícita de un mercado no regulado.
Seamos claros: la ley no prohíbe los criptoactivos que no sean stablecoins. No los clasifica. No regula su emisión, comercio o custodia. En resumen, no dice nada sobre ellos. Y en un sistema legal basado en la interpretación estatutaria y la acción regulatoria, el silencio muchas veces habla por sí solo.
Es importante trazar una línea entre la tecnología blockchain—que tiene un potencial transformador en múltiples sectores—y la industria de criptoactivos que se ha construido sobre ella. Blockchain, como sistema de registro descentralizado, puede aportar transparencia, seguridad e innovación en áreas que van desde las cadenas de suministro hasta la identidad digital. Pero la mayoría de los criptoactivos que circulan hoy no representan esa promesa: son instrumentos financieros especulativos, emitidos sin supervisión, diseñados para comerciar más que para resolver problemas reales. No regularlos no es fomentar la innovación; es proteger un modelo de negocios que se beneficia de la opacidad y la volatilidad.
Sin embargo, algunos en el Congreso y en la industria han abrazado la idea de que mantener los criptoactivos sin regulación es bueno para el desarrollo tecnológico. Eso es un profundo error. Promover la innovación en blockchain—ya sea para infraestructura pública, eficiencia financiera o ciberseguridad—no requiere permitir que tokens no registrados, plataformas anónimas o estructuras extraterritoriales operen sin control. Confundir ambos conceptos ha generado un entorno permisivo donde los actores de mala fe se presentan como innovadores, mientras que los proyectos genuinos quedan opacados por el ruido y el riesgo.
Al no actuar, el Congreso ha dejado estos activos en lo que llamo la zona gris regulatoria de permisividad: no explícitamente legales, no explícitamente ilegales, y completamente fuera de un marco normativo integral. El resultado es un ecosistema financiero digital donde sí, hay innovación, pero también proliferan el fraude, la manipulación de mercados, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Las agencias de seguridad han advertido reiteradamente que los mercados cripto no regulados están siendo utilizados para el lavado de fondos, la evasión de sanciones y el financiamiento de redes criminales e incluso terroristas. La falta de un marco legal claro y aplicable no solo representa un riesgo económico: es una amenaza a la seguridad nacional.
Quienes defienden la Ley GENIUS dicen que aporta claridad al mercado. En realidad, solo aclara el panorama para un subconjunto de tokens: aquellos más aceptados por las instituciones y emitidos de manera centralizada, como las stablecoins vinculadas 1 a 1 al dólar estadounidense. Esos no son los niños problema del espacio cripto. Son, en realidad, los más fáciles de regular.
Mientras tanto, los criptoactivos que generan la mayor volatilidad, especulación y ambigüedad legal permanecen intactos. Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, aún no cuenta con un estatus legal claro. ¿Es una mercancía? ¿Un valor? ¿Una clase de activo? El gobierno federal no logra decidir—y la Ley GENIUS ni siquiera intenta hacerlo.
Y eso importa. Porque la ausencia de reglas claras genera la ilusión de legalidad. Permite que plataformas y emisores de tokens operen en las sombras—sin pagar impuestos, sin registro y sin supervisión real—hasta que los reguladores deciden intervenir retroactivamente. Eso no es supervisión inteligente. Es un latigazo normativo.
Las implicaciones fiscales de esta zona gris son igualmente alarmantes. Sin un marco regulatorio claro, muchas plataformas cripto y emisores de tokens operan fuera del alcance del IRS—recaudando capital, distribuyendo tokens y facilitando transacciones sin reportes fiscales ni supervisión. Miles de millones en ganancias, ingresos y transferencias no se declaran cada año, no porque la ley lo permita, sino porque las autoridades carecen de herramientas, claridad y jurisdicción para hacerla cumplir. En la práctica, la Ley GENIUS bendice una estructura en la que se premia la innovación financiera, pero se pueden ignorar las obligaciones tributarias.
La Ley GENIUS también representa una oportunidad perdida. Una verdadera reforma legislativa habría establecido un marco integral, capaz de clasificar los activos digitales, definir sus usos, asignar competencias regulatorias y proteger al consumidor. En su lugar, tenemos una ley que complace a los bancos, mejora el sentimiento del mercado, pero no responde a la pregunta fundamental: ¿cuál es el estatus legal de los criptoactivos en Estados Unidos?
Hasta que el Congreso responda esa pregunta, seguiremos viviendo una paradoja: un país que afirma liderar la innovación digital, pero se niega a definir las reglas del juego. Una nación que habla de inclusión económica, pero permite que tecnologías opacas prosperen sin protección para el público.
Regular las stablecoins fue lo más fácil. La Ley GENIUS lo hizo. Pero el verdadero trabajo está por delante: diseñar una política de activos digitales que sea inteligente, integral y democrática. No finjamos que ya resolvimos la regulación cripto. Reconozcamos lo que realmente hicimos: dar un paso estrecho mientras dejamos intacto el Salvaje Oeste.