¿Qué pasará ahora con los inmigrantes indocumentados?, es la primera interrogante natural que aparece tras la victoria de Donald Trump en las elecciones del martes. Con una mayoría republicana en el Congreso, parece desvanecerse la posibilidad de aprobar una reforma migratoria que beneficie a los inmigrantes latinos sin papeles que podrían beneficiarse de ella.
Para la periodista Eileen Truax, DACA sea acaso la medida más urgente. “Esta medida, una acción ejecutiva anunciada por Barack Obama en 2012, fue creada para proteger contra la deportación a cerca de un millón y medio de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad, otorgándoles un permiso de trabajo temporal. Como no es una ley aprobada en el Congreso, el próximo presidente la puede echar atrás y los chicos hoy protegidos volverán a ser deportables. Trump ha dicho que lo hará”, escribió en VICE.
“La victoria de Trump se convirtió en un shock para muchos estadounidenses. Para inmigrantes indocumentados, sin embargo, sus futuros toman un giro sorprendente, de la promesa de una reforma migratoria de Hillary Clinton a la amenaza de una deportación con Trump”, dice un artículo de The Washington Post firmado por Michael Miller.
Jorge Cancino, corresponsal experto en temas de inmigración, recuerda en Univision las promesas que sobre este tema que hizo Trump en la campaña eran construir un muro en la frontera sur, con México, terminar con las acciones ejecutivas mencionadas, acabar con las llamas ciudades santuario –“aquellas que no ejecutan localmente las leyes federales de inmigración“– y triplicar la cantidad de agentes de inmigración.
Ahora hay preocupaciones serias en este colectivo. Una “dreamer”, como las que describe Truax, le dijo a The Washington Post que no se siente segura con la victoria de Trump. “(…) Ahora que Donald Trump ha sido elegido presidente, no me siento segura (…) Puedo ser deportada, incluso mi mamá puede ser deportada”. Se llama Claudia Quiñonez y llegó con 11 años a Estados Unidos, con su madre, desde Bolivia. Tuvieron visas, pero se pasaron del tiempo de vigencia, y se quedaron sin papeles. “En una controversial política diseñada por la administración Obama, Quiñonez se había convertido en una “dreamer”, protegida de la deportación y con un permiso de trabajo. Encontró un empleo y se ganó una beca para ir a la universidad”, detalla el texto.
Bertha Sanles, de 39 años que llegó de Nicaragua a Estados Unidos a los 22 y no tiene papeles, dijo a la agencia Associated Press, reproducida por The Miami Herald, “Soy una indocumentada. Siento miedo. Me expuse tanto, confié tanto en que podía tener una oportunidad, y ahora estoy en manos de mi verdugo”.
“En su programa electoral, [Trump] es menos claro con las deportaciones masivas y no detalla si afectarían a todos o a una parte de los indocumentados. La realidad, según expertos, activistas y datos, es que cumplir estas promesas será de una complejidad inimaginable, quizás inasumible. Y sobre todo, no será inmediata”, elabora Jorge Cancino en Univisión. Y recalca que Trump no ha entregado detalles sobre la viabilidad de un un posible plan de deportaciones masivas y su ejecución en 18 meses, los que “él mismo fijó como plazo durante la campaña”.
Cita a Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “Legalmente eso sería casi imposible. No se puede hacer así como él lo ha dicho porque hay un proceso de deportación que requiere la ley. Las autoridades tendrán que encontrar, arrestar, brindar audiencias de deportación con los jueces de inmigración y presentar las defensas los solicitantes”.
“Así lo estipula el debido proceso del cual Trump no ha mencionado una sola palabra”, agrega Cancino y pone estos datos sobre la mesa: “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que los centros de detención bajo el mando de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por ley, tienen una capacidad mínima diaria de 34,000 camas, equivalente al 0.3% de los 11 millones de indocumentados”. La abogada proinmigrante Margot Cowen añade: “El sistema migratorio no está preparado para deportar a toda esa gente. Es imposible”, insiste también la abogada y activista proinmigrante Margot Cowen, desde Phoenix, Arizona.
“Todos los estudios indican, y así lo comprueba mi experiencia personal, que si una persona hoy tiene un caso en la corte de inmigración la primera audiencia de deportación la tiene para, más o menos, dentro de unos tres años. Hay atascos en las cortes”, añade Nieblas. Según Univisión, hasta julio había 502.794 casos acumulados en los tribunales de inmigración, “una cifra récord”.
Según Telemundo, las organizaciones que defienden a los inmigrantes “anunciaron que van a luchar para que no se den las deportaciones masivas” y que la comunidad inmigrante “no dejará de luchar”.
Jorge Cancino explica en Univisión que Trump no ha precisado si, anulando las acciones ejecutivas migratorias DACA y DAPA “entrará en disputa con los estados gobernados por demócratas que tomen medidas para proteger a sus respectivas poblaciones de inmigrantes indocumentados, y evitar de esa manera que sean deportados. California y Nueva York son los estados más grandes gobernados por demócratas”. “Nosotros, mientras tanto, seguiremos protegiendo a nuestra comunidad con información sobre sus derechos constitucionales. Defenderemos el debido proceso y nos enfocaremos en todas las instancias legales que disponemos para contener los planes de Trump”, le dijo Cristina Jiménez, directora ejecutiva y cofundadora de United We Dream (UWD), organización defensora de los “dreamers”.
Margot Cowen le explica a Cancino que los “afectados indirectos” de una deportación masiva se contarán por millones: “Si quiere hacerlo, entonces habrá una revolución entre los mismos empresarios, agricultores, comerciantes, la gente que necesita el trabajo de los indocumentados. En el momento que él quiera poner en marcha esa maquinaria de deportaciones, serán los que necesitan del trabajo de nuestra gente quienes se opondrán”.
José Antonio Vargas, descrito por The Washington Post como “quizás el más prominente inmigrante indocumentado”, activista en la defensa de su colectivo, teme que en el gobierno de Trump los niveles de ansiedad y miedo entre ellos sean “más profundos y más prevalentes”. “Estamos enfrentando un sistema de realidad completamente diferente a la que estamos acostumbrados”.
Aunque la mayoría es republicana, queda por ver qué margen de influencia y de acción puedan tener los latinos que fueron electos en ambas cámaras para hacer algún cambio en las leyes migratorias, sobre todos los elegidos con el Partido Demócrata. En las cámaras ingresaron 36 latinos, “una cifra sin precedentes en ambas cámaras a cual podría ascender aún más al finalizar los escrutinios de contiendas pendientes en California”, escribe Luis Alonso Lugo en un despacho de Associated Press reproducido en The Sun Sentinel. Los candidatos latinos eran 65 y a las cámaras ingresaron cuatro hispanos más que en el periodo anterior. Aunque ello no garantice que estén todos a favor de leyes migratorias, en especial los republicanos.
Destacan Catherine Cortez Masto, la primera hispana en el Senado, y Adriano Espaillat, el primer dominicano en entrar al Congreso. Ellos dos y otros cinco tuvieron el apoyo de la organización Latino Victory, que apoyaba a la candidata Hillary Clinton. “Es verdaderamente un logro increíble para llevar a cabo nuestra misión de dar voz a nuestra comunidad mientras avanzamos en la causa progresista”, estimó Leopoldo Martínez, presidente del Consejo de Administración de Latino Victory y editor de IqLatino.
Con esta mayoría republicana se da por sentado también que el próximo juez de la Corte Suprema designado por las cámaras será conservador, en caso de que este tribunal haya de tomar nuevas decisiones sobre el tema migratorio.
Los inmigrantes sin documentos no han dejado de sufrir deportaciones en los últimos años, aunque por razones obvias Trump sea su mayor amenaza. El Miami Herald y otros medios recuerdas que en la misma administración de Barack Obama hubo un récord de expulsiones, 409.000 inmigrantes en 2012, “aunque en los últimos años redujo el ritmo de las deportaciones (en el año fiscal 2015 fueron repatriadas 235.000 personas”.
Imagen: tugentelatina.com