Expertos advierten que los cambios previstos podrían tener un impacto más allá de las solicitudes de residencia permanente, al provocar que familias inmigrantes abandonen beneficios de salud y alimentación por miedo a consecuencias migratorias
La ampliación de la política conocida como “carga pública”, que entrará en vigor el próximo 18 de septiembre, podría aumentar la incertidumbre entre familias inmigrantes en Estados Unidos y provocar que algunas renuncien a programas de salud y alimentación incluso cuando tienen derecho a recibirlos, según expertos consultados durante un encuentro nacional organizado por American Community Media.
La nueva política amplía la discrecionalidad de los funcionarios migratorios para determinar si una persona que solicita la residencia permanente podría convertirse en una “carga pública”, considerando factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, la educación y las habilidades del solicitante.
El encuentro analizó el efecto de la medida sobre inmigrantes y sus hijos, en particular aquellos que forman parte de familias con estatus migratorio mixto.
Más discreción para decidir sobre una residencia
El primero en intervenir fue Xiao Wang, cofundador y director ejecutivo de Boundless Immigration, organización dedicada a ayudar a familias a navegar el sistema migratorio estadounidense.
Wang explicó que la política que comenzará a aplicarse en septiembre será más amplia que el estándar vigente desde 2022 y otorgará un margen mayor de decisión a los funcionarios encargados de evaluar las solicitudes de residencia.
Según señaló, las autoridades podrán analizar de manera individual la edad, la salud, la situación familiar, los recursos financieros, los estudios, las habilidades profesionales y otras evidencias de autosuficiencia del solicitante.
El cambio, indicó, lleva el proceso desde criterios más objetivos y cuantificables hacia una evaluación mucho más discrecional.
Wang advirtió que esto podría generar solicitudes más complejas, procesos más largos y decisiones diferentes incluso entre personas con circunstancias similares.
Sin embargo, sostuvo que el mayor efecto podría producirse fuera de las oficinas migratorias.
“El miedo es más grande que la propia regla”, afirmó Wang, en declaraciones traducidas del inglés.
Durante la anterior expansión de la política, explicó, algunas familias retiraron a sus hijos de programas de alimentación y salud por miedo a perjudicar sus procesos migratorios, pese a que en muchos casos los beneficios utilizados por los menores no habrían contado contra la solicitud de residencia de sus padres.
Wang citó datos del Urban Institute según los cuales uno de cada cinco adultos en familias inmigrantes o con hijos evitó algún beneficio público para el que era elegible por temor a que afectara su situación migratoria**. Entre las familias de bajos ingresos, la proporción alcanzó tres de cada diez.
¿A quién afecta la nueva política?
La medida impacta principalmente a determinadas personas que solicitan la residencia permanente, tanto desde Estados Unidos mediante un ajuste de estatus como desde el extranjero.
Wang subrayó, sin embargo, que existen excepciones establecidas por ley.
Entre ellas mencionó a refugiados, asilados, ciertos menores inmigrantes especiales, sobrevivientes de trata de personas y de determinados delitos, beneficiarios de visas T y U, así como personas protegidas bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, conocida como VAWA.
La política tampoco se aplica al proceso de naturalización.
Una persona que ya tiene residencia permanente y solicita convertirse en ciudadano estadounidense no enfrenta una evaluación de carga pública dentro de ese proceso, explicó Wang.
La fecha también es determinante
Según el experto, las solicitudes presentadas antes del 18 de septiembre de 2026 continuarán siendo evaluadas bajo el estándar actual, más limitado, incluso si su resolución tarda meses.
“Esta regla y esta política en particular no son retroactivas. No miran hacia atrás, solo hacia adelante”, explicó Wang.
Por esta razón, recomendó que las personas que ya sean elegibles y estén preparadas para presentar una solicitud afectada por la nueva política evalúen hacerlo antes de esa fecha y busquen asesoría migratoria cualificada para revisar su caso individual.
2,3 millones menos de niños inscritos en Medicaid y CHIP
La segunda intervención correspondió a Joan Alker, directora ejecutiva y cofundadora del Center for Children and Families y profesora de investigación en la McCourt School of Public Policy de Georgetown University.
Alker es especialista en Medicaid y en el Children’s Health Insurance Program, conocido como CHIP, y es autora principal del informe anual del centro sobre las tendencias de cobertura médica infantil.
Su exposición se centró en los niños que viven en familias con estatus migratorio mixto.
Según Alker, aproximadamente uno de cada cuatro niños en Estados Unidos vive en una familia de este tipo, en la que el menor puede ser ciudadano estadounidense mientras uno de sus padres tiene otro estatus migratorio.
La especialista presentó además un número que calificó como preocupante.
Entre enero de 2025 y junio de 2026 se registraron 2,3 millones menos de niños inscritos en Medicaid y CHIP, de acuerdo con los datos que monitorea su organización.
“Es una cifra devastadora”, afirmó Alker.
La experta fue cuidadosa al explicar el alcance del dato. La reducción no puede atribuirse todavía a la nueva regla de carga pública, porque esta no entrará en vigor hasta el 18 de septiembre.
Tampoco afirmó que los 2,3 millones de niños hayan quedado necesariamente sin seguro médico. Alker explicó que aún no cuentan con información suficiente para determinar cuántos consiguieron otra cobertura o conocer todas las características demográficas de quienes abandonaron esos programas.
El temor también alcanza la atención médica
Alker sostuvo que existe preocupación por el denominado “efecto inhibidor”, especialmente en familias donde conviven ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con diferentes estatus.
Según explicó, algunos padres pueden sentir temor de inscribir a sus hijos en Medicaid o CHIP debido al clima migratorio y a las preocupaciones sobre el intercambio de información entre agencias gubernamentales.
La consecuencia no se limita a perder una póliza.
Un niño sin cobertura médica tiene mayores dificultades para recibir atención primaria y preventiva, indicó la especialista. Problemas frecuentes en edad escolar, como el asma, pueden terminar en una visita a la sala de emergencias si no reciben tratamiento oportuno.
Esto puede generar, además, costos elevados para las familias.
Alker pidió a los padres que no abandonen la atención médica de sus hijos por miedo.
“Por favor, acudan a alguien en quien confíen”, recomendó.
Entre esas fuentes de confianza mencionó a pediatras, enfermeras escolares, trabajadores comunitarios de salud y otros profesionales que ya tengan una relación con las familias.
SNAP también registra fuertes descensos
El tercer experto en intervenir fue el doctor Giridhar Mallya, médico especializado en salud pública y Senior Policy Officer de la Robert Wood Johnson Foundation.
Su trabajo se centra en políticas públicas y en los factores sociales, políticos y económicos que influyen en la salud.
Mallya dedicó su presentación al Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, conocido comúnmente como food stamps.
El programa proporciona asistencia alimentaria a aproximadamente 37 millones de personas en Estados Unidos, explicó. Cerca de cuatro de cada diez participantes son niños y el beneficio promedio equivale a unos 350 dólares mensuales por hogar.
El experto realizó además una aclaración importante ante la desinformación que suele rodear estos programas.
“Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para SNAP y nunca lo han sido”, afirmó.
El antecedente de la primera administración Trump
Mallya recordó que la experiencia de la anterior expansión de carga pública permite observar cómo el miedo puede modificar el comportamiento de las familias.
Según los datos que presentó, más de 700.000 niños pertenecientes a hogares de estatus mixto dejaron SNAP durante un período de dos años, mientras que la anterior política de carga pública habría contribuido a la salida de casi 2 millones de personas del programa.
El especialista agregó que la situación actual ocurre en medio de otros cambios significativos en SNAP.
De acuerdo con los datos nacionales citados durante su presentación, la participación en el programa disminuyó en 4,5 millones de personas durante los nueve meses anteriores, entre ellas cerca de 1,5 millones de niños.
Mallya advirtió, además, que la pérdida de SNAP puede tener consecuencias indirectas dentro de las escuelas.
La elegibilidad para SNAP puede permitir que un estudiante quede automáticamente inscrito para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido.
Si una familia pierde esa elegibilidad automática, algunos padres tendrán que completar un proceso adicional y presentar documentación para demostrar que sus hijos siguen calificando.
“Existen conexiones directas entre SNAP y los programas de comidas escolares”, explicó.
Cuando la confusión también tiene consecuencias
Mallya sostuvo que el efecto de estas políticas no debe medirse solamente por el número de personas que finalmente pierdan un beneficio.
También importa lo que sucede cuando una familia que todavía es elegible decide no utilizarlo.
El especialista fue particularmente crítico al describir el ambiente que enfrentan las familias inmigrantes.
“Los temores son reales”, dijo Mallya.
Recomendó acudir a centros comunitarios de salud, organizaciones de derechos de los inmigrantes y otras instituciones con las que las familias ya tengan una relación de confianza.
Información antes que miedo
En el cierre del encuentro, los tres expertos coincidieron en que la desinformación puede provocar consecuencias que excedan el alcance legal de la propia política.
Wang señaló que los momentos de mayor incertidumbre también pueden aumentar el riesgo de que los inmigrantes sean víctimas de personas que ofrecen asesoramiento incorrecto o se aprovechan de su situación.
Por ello recomendó comprobar cuidadosamente las credenciales de abogados, organizaciones y personas que ofrezcan orientación migratoria.
Para las familias inmigrantes, el mensaje de los especialistas de cara al 18 de septiembre es que no todas las personas están sujetas a la regla de carga pública, no todos los beneficios tienen las mismas consecuencias y la ayuda recibida por un miembro de una familia no necesariamente se atribuye al solicitante de residencia.
Antes de abandonar Medicaid, CHIP, SNAP u otro programa por temor a posibles consecuencias migratorias, los expertos recomendaron conocer exactamente qué reglas aplican en cada caso y buscar asesoría cualificada.
El encuentro “New Public Charge Rules Have Chilling Effects on Immigrants and Their Children” fue organizado por American Community Media y contó con interpretación simultánea en español, mandarín y coreano.