Un informe preliminar documenta 94 casos, la mayoría sin antecedentes penales ni orden de deportación vigente
San Salvador. La organización no gubernamental Cristosal, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Centroamérica, alertó sobre la deportación masiva de personas desde Estados Unidos hacia el sistema penitenciario salvadoreño, sin el debido proceso ni garantías jurídicas.
Un análisis preliminar de casos registrados por la organización, aliada del Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas, documenta 94 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, trasladadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El pasado 16 de marzo, se hizo pública la deportación de al menos 261 personas desde EE. UU. a El Salvador, y días después se informó del traslado de otras 17. Hasta la fecha, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el salvadoreño han publicado una lista oficial con los nombres ni el estatus legal o migratorio de las personas detenidas.
Cristosal solicitó información a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y a la Presidencia salvadoreña, pero ambas instituciones se negaron a divulgar los datos, argumentando confidencialidad.
Ante la falta de información oficial, Cristosal habilitó un formulario en línea para que familiares pudieran registrar casos y recibir orientación legal. Hasta el 8 de abril, se han reportado 94 casos, equivalentes al 34% del universo conocido.
Perfil de los detenidos: jóvenes, trabajadores y con tatuajes
De acuerdo con el informe, el 100% de las personas registradas son hombres, con una edad promedio de 28 años. La mayoría fue reportada por mujeres —madres, parejas o hermanas—, y solo uno de los detenidos tiene nacionalidad salvadoreña; el resto son venezolanos.
Un 78% de los detenidos tenía trabajo al momento de su captura y el 22% padece enfermedades crónicas. Además, un 7% presenta algún tipo de discapacidad. El informe también destaca que el 87% de los deportados tiene tatuajes, y que en un 30% de los casos, ese fue el único motivo para vincularlos con estructuras criminales, aunque los tatuajes no sean alusivos a pandillas.
Acusaciones genéricas y sin pruebas
En el 48% de los registros, los familiares reportan que las personas detenidas enfrentan cargos por pertenecer a la pandilla Tren de Aragua. No obstante, apenas un 13% tenía antecedentes penales, y solo el 30% contaba con una orden judicial de deportación vigente.
“Estos datos revelan un patrón preocupante: se está aplicando la medida de deportación de forma indiscriminada, incluso sobre personas en proceso de solicitud de asilo o con Estatus de Protección Temporal (TPS)”, advirtió Cristosal. El 47% de los detenidos tenía estatus de asilo o una solicitud en trámite, lo que debería protegerlos de ser deportados.
Incomunicación total tras la deportación
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la situación de incomunicación de los detenidos.
Mientras que un 33% de las familias logró hablar con sus allegados durante su detención en EE. UU., en ninguno de los casos se ha podido establecer contacto desde su traslado a El Salvador. Tampoco se han recibido notificaciones oficiales por parte de las autoridades salvadoreñas.
“Las familias no saben dónde están ni cuál es su situación jurídica. Este nivel de opacidad y falta de garantías representa una grave violación a los derechos humanos”, concluyó Cristosal.
La organización Cristosal exige a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos transparencia, respeto al debido proceso y acceso a información sobre las personas detenidas.