La Fundación El Amparo Internacional y el Comité de Defensa de los Tachirenses Inmigrantes alertan sobre “crímenes de lesa humanidad” y desapariciones forzadas de migrantes deportados desde EE.UU. al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)
Táchira, Venezuela – La Fundación El Amparo Internacional, en conjunto con el Comité de Defensa de los Tachirenses Inmigrantes, denunció una serie de “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas contra más de 250 migrantes venezolanos –en su mayoría tachirenses– que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador y se encuentran actualmente detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele.
Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y exembajador de Venezuela en la India, encabezó una visita a El Salvador la semana pasada, donde constató que los venezolanos deportados se encuentran “totalmente aislados e incomunicados, sin juicio ni acceso a asistencia legal”, situación que calificó como un “limbo jurídico” y un “crimen de lesa humanidad”.
Desde el 15 de marzo, estos migrantes fueron trasladados a El Salvador tras ser acusados por la administración de Donald Trump de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, y expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación invocada en tiempos de guerra.
Sin juicio, sin defensa y sin información
Familiares de los migrantes, que viajaron junto a Márquez a El Salvador, aseguran que no han podido ver ni comunicarse con sus seres queridos. “Solo logramos introducir una carta”, relató Reina Cárdenas, mientras Gabriela Mora lamentó no tener noticias de su esposo, Carlos Uzcátegui, desde marzo. “Están injustamente secuestrados, porque no se le puede llamar detención a algo donde no hay comunicación ni procesos judiciales”, afirmó.
El abogado y activista denunció que los recursos de habeas corpus introducidos ante las autoridades salvadoreñas no han sido respondidos. “Hemos agotado las vías internas”, declaró Márquez, quien indicó que los casos serán presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares de protección para los detenidos.
ONU alerta sobre desaparición forzada
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, a través de su portavoz Liz Throssell, expresó en mayo su preocupación por la posible desaparición forzada de los migrantes venezolanos, señalando la “completa incertidumbre” sobre su paradero y estado de salud. “Ni Estados Unidos ni El Salvador han proporcionado listados oficiales de los detenidos”, agregó la funcionaria.
Márquez afirmó que, durante su visita, presentaron solicitudes ante la Procuraduría de Derechos Humanos salvadoreña para exigir información sobre la situación legal y de salud de los migrantes, y demandaron su liberación inmediata ante la falta de pruebas.
Acuerdos secretos y opacidad
La Fundación El Amparo también denunció un supuesto acuerdo secreto entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador que permitiría el envío de migrantes detenidos a cambio de pagos por cada recluso. “Es un acuerdo mercantil, reservado, sin ratificación por la Asamblea Nacional de El Salvador, lo cual vulnera su Constitución”, denunció Márquez.
En abril, el presidente Bukele ofreció canjear a los 252 venezolanos detenidos por “presos políticos” en Venezuela, propuesta que fue calificada como “cínica” por defensores de derechos humanos.
Acciones internacionales y exigencia de justicia
Márquez anunció que la Fundación El Amparo ya ha iniciado los trámites ante la Corte Penal Internacional para imputar a Nayib Bukele y a la cadena de mando responsable de las detenciones arbitrarias. “Se han cometido crímenes de encarcelación grave, persecución por razones nacionales, tratos inhumanos, tortura y exterminio”, sostuvo.
En los próximos días, la organización dará a conocer los nombres de los funcionarios salvadoreños que serán incluidos en la demanda, y adelantó gestiones diplomáticas ante el Vaticano para solicitar la intervención del papa León XIV, invocando la doctrina social de la Iglesia.
Además, se evalúa acudir a la Consejería de Hacienda en Washington y a la OEA, a fin de que se investigue el acuerdo entre EE.UU. y El Salvador y se exija la liberación inmediata de los migrantes.
Antecedentes de Walter Márquez
Walter Márquez, nacido en Abejales, Táchira, ha sido un destacado defensor de los derechos humanos. Sirvió como diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela y fue embajador ante la India entre 1999 y 2004. Actualmente dirige el Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) y ha impulsado denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI.
En este nuevo caso, Márquez aseguró que, a diferencia de otros, los migrantes detenidos no pertenecen al Tren de Aragua y que su vinculación nunca fue demostrada en instancias judiciales. “Lo que está ocurriendo es una criminalización del migrante por su nacionalidad”, sentenció.
La Fundación El Amparo reafirmó “su compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes venezolanos” y prometió “agotar todas las instancias internacionales para lograr justicia y libertad para los detenidos”.