El 25 de mayo de 2025, Venezuela vivió una jornada electoral marcada por el silencio y la apatía. Las calles, inusualmente tranquilas, reflejaban el impacto del boicot convocado por la oposición liderada por María Corina Machado. La abstención fue masiva: 60% según cifras oficiales, 85% según observadores independientes. Jorge Rodríguez, figura clave del régimen y presidente del parlamento saliente, anunció con euforia los resultados: el oficialismo se alzó con 23 de 24 gobernaciones y 90% de los escaños parlamentarios. Su rol, ajeno a la autoridad electoral, evidenció el desprecio del gobierno de Nicolás Maduro por las formas institucionales, un detalle que encapsula la erosión democrática del país.
Estas elecciones no pueden entenderse sin el contexto del 28 de julio de 2024, cuando la elección presidencial marcó un punto de inflexión. Aquel día, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó resultados desagregados ni actas oficiales, y el fraude que proclamó a Maduro como ganador fue evidente. La oposición, con Edmundo González Urrutia a la cabeza, demostró un resultado de 67% frente a 30% a su favor, pero la persecución a testigos y la represión posterior dejaron claro que el régimen ya no simulaba una democracia funcional. El 25 de mayo de 2025 consolidó esta tendencia: sin cronograma oficial, sin página web del CNE, sin códigos QR en las actas y con información limitada en los comprobantes electorales, el proceso fue opaco y discrecional.
El politólogo Adam Przeworski señala que una elección democrática requiere incertidumbre previa, irreversibilidad posterior y reglas consistentes. Venezuela no cumple ninguna de estas condiciones. Las elecciones del 25M se asemejaron más a ejercicios simbólicos, como las consultas internas del PSUV o el referéndum sobre el Esequibo, que a comicios competitivos. La falta de garantías —ausencia de observación internacional, persecución a opositores y eliminación de mecanismos de auditoría— convirtió el voto en una escenografía para legitimar al régimen. El adelanto electoral, decidido sin transparencia tras el fraude de 2024, aseguró la victoria del oficialismo y cerró aún más los espacios democráticos.
Paralelamente, el gobierno convocó una elección para un “gobernador del Estado Esequibo”, una entidad inexistente en el marco legal venezolano, en medio del litigio con Guyana. Este acto, sin base jurídica, tuvo fines geopolíticos: tensionar la relación con Guyana, que vive un auge petrolero, y posicionar a Maduro como un actor disruptivo en el tablero internacional. Al no poder ganar la batalla jurídica ante la Corte Internacional de Justicia, el régimen busca negociar desde la confrontación, usando el Esequibo como moneda de cambio en un juego que involucra petróleo, sanciones y política exterior.
El petróleo, como en la célebre obra de Rómulo Betancourt, sigue siendo el eje de la política venezolana. Pero hoy, en vez de Venezuela, política y petróleo; se reescribiría como Petróleo, política y Venezuela, en tercer lugar. En el contexto internacional, la administración Trump refleja esta centralidad energética, con tensiones internas: el ala dura, liderada por Marco Rubio, aboga por restringir operaciones petroleras como las de Chevron para no financiar al régimen, mientras figuras pragmáticas como Richard Grenell y Harry Sargeant promueven una apertura limitada para evitar que el crudo venezolano beneficie a China o Rusia. Estas pugnas coinciden con los ciclos electorales venezolanos, donde el petróleo es tanto recurso como argumento de poder.
María Corina Machado ha capitalizado esta realidad, proponiendo a Venezuela como un “centro energético de las Américas” con un plan para triplicar la producción petrolera a más de 3 millones de barriles diarios. Su estrategia combina presión interna con un discurso internacional que destaca el potencial energético del país, abogando por operaciones mínimas de empresas como Chevron hasta que un cambio político permita inversiones masivas. Este enfoque reconoce que el control de las mayores reservas de crudo del mundo convierte a Venezuela en un riesgo geopolítico global bajo un régimen autoritario.
El 25M también reveló la ambición por instalar una “microdemocracia” en Venezuela: ejercicios locales de participación —como elecciones comunales o consultas populares— que simulan pluralidad sin alterar el control total del poder central. Este modelo permite al régimen proyectar una fachada democrática hacia el exterior mientras divide y distrae a la oposición internamente. La convocatoria apresurada de estas elecciones, sin condiciones ni transparencia, buscó fracturar la unidad opositora lograda en 2023 y 2024 en torno a Machado y González Urrutia, convirtiendo el voto en un dilema estéril entre participar o abstenerse.
Una pregunta, que simula ser central “¿vale la pena votar?” no tiene una respuesta sencilla. Votar con la expectativa de un cambio institucional es ilusorio en las condiciones actuales, donde el sistema electoral ha colapsado como herramienta de alternancia. Sin embargo, el voto podría ser útil dentro de una estrategia más amplia que combine presión interna, articulación internacional y movilización ciudadana. El problema del 25M fue la falta de una narrativa clara que conectara el sufragio con un proyecto político transformador. Sin esa visión, el acto de votar quedó reducido a un gesto simbólico, incapaz de desafiar la maquinaria autoritaria.
Aun así, la historia venezolana ofrece esperanza. Las protestas de 2017, la victoria opositora en la Asamblea Nacional de 2015 y las primarias de 2023 demuestran que la voluntad democrática persiste. El desafío es superar el pensamiento binario —votar o no votar— y construir una estrategia integral que restaure el sentido de lo político. Esto requiere liderazgo, pedagogía democrática y, sobre todo, reconstruir la confianza entre actores diversos. Aunque el ritual electoral ha sido vaciado de contenido, la ciudadanía siempre encuentra formas de resistir, incluso en las condiciones más adversas, y la unidad y la claridad estratégica son clave para generar esperanzas reales de cambio.