Activistas y líderes LGBTQ+ exigen justicia y el regreso inmediato de Andry Hernández Romero, un maquillador venezolano que fue deportado pese a haber solicitado asilo en Estados Unidos
West Hollywood, California — La comunidad LGBTQ+ y organizaciones defensoras de derechos humanos alzaron su voz esta semana tras la deportación de Andry Hernández Romero, un maquillador y estilista venezolano abiertamente gay, quien fue enviado a la prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de haber solicitado asilo legalmente en Estados Unidos.
Romero, quien huyó de Venezuela debido a amenazas y violencia por su orientación sexual, fue detenido al llegar a la frontera de California y, tras semanas de silencio por parte de las autoridades migratorias, se supo que fue trasladado a una prisión salvadoreña construida para miembros de pandillas, conocida por sus condiciones inhumanas y falta de garantías para personas LGBTQ+.
Andry se cuenta entre los migrantes deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador cuyos abogados y familiares han dicho que no tienen afiliación con pandillas ni antecedentes penales, y que tomaron las medidas legales adecuadas para buscar asilo en Estados Unidos. Docenas de ellos fueron acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, sin pruebas ni debido proceso.
Un proceso lleno de irregularidades
Según denuncian sus abogados y otros activistas, el caso de Romero está marcado por una alarmante falta de transparencia. Fue detenido por ICE mientras su solicitud de asilo estaba en proceso y, sin notificación clara, desapareció del centro de detención. Desde entonces, su familia y representantes legales no han podido comunicarse con él.
“Esto equivale a una sentencia de muerte,” declaró Lindsay Toczylowski, abogada de Romero en el Immigrant Defenders Law Center. “No tiene antecedentes penales y sus tatuajes, como coronas con los nombres de su madre y padre, fueron erróneamente utilizados para vincularlo con pandillas. Es una violación flagrante de sus derechos.”
“Imagínate que el gobierno estadounidense te da una cita para el asilo, te presentas a la cita programada y luego te deportan a una prisión extranjera. Eso es lo que le ocurrió a Andry Romero. Merece el debido proceso”, posteó el congresista Robert García, en la red social X, antes Twitter.
Reacción de líderes y activistas
El caso ha generado alarma en varias ciudades. La alcaldesa de West Hollywood, Chelsea Byers, expresó que la ciudad “siempre será un refugio seguro para personas marginadas” y exigió que se garantice la integridad y el regreso de Romero.
Joe Hollendoner, director del Centro LGBT de Los Ángeles, calificó la deportación como “una falla moral del sistema migratorio” y denunció lo que considera “violencia patrocinada por el Estado”. Por su parte, Eddie Martínez, director de Latino Equality Alliance, hizo un llamado a figuras públicas a pronunciarse, mencionando que “esto es una cuestión de dignidad humana”.
Queen Victoria Ortega, presidenta de FLUX International, declaró que este caso “cuestiona los valores del sueño americano” y reafirmó que “no descansaremos hasta que se haga justicia”.
“El uso de tatuajes como supuesto indicador de afiliación a pandillas ha llevado a múltiples deportaciones erróneas,” indicó Toczylowski. “Y en el caso de Andry, es un claro ejemplo de prejuicio y desinformación.”
Próximas acciones
Organizaciones como el Centro LGBT de Los Ángeles y el Immigrant Defenders Law Center están organizando una manifestación estatal para exigir el regreso de Romero y exigir reformas profundas al sistema de inmigración.
“El caso de Andry es un llamado urgente a la acción,” afirmó Hollendoner. “Es hora de que el gobierno estadounidense rinda cuentas por cómo trata a las personas más vulnerables que buscan protección.”
Activistas piden a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que intervengan de inmediato y revisen el caso. Mientras tanto, la comunidad LGBT continúa exigiendo justicia, visibilidad y el regreso seguro de Andry Hernández Romero.