En un año, desde abril de 2018, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega con la subsecuente violación de derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, y hasta abril de 2019, la Agencia de la ONU para los Refugiados reportaba que unas 62 mil personas habían huido de ese país en busca de un lugar seguro. En agosto de 2019, la misma agencia ya ubicaba la cifra en más de 80 mil.
La mayoría, más de 50 mil han solicitado refugio en el país vecino de Costa Rica, pero otra cantidad no cuantificada por la agencia de la ONU también ha llegado a en Estados Unidos. Y las deportaciones desde ese país han sido continuas, a pesar del riesgo que eso implica para estos nicaragüenses.
En una carta pública dirigida personalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , los representantes demócratas del Congreso de ese país, Donna E. Shalala (de origen nicaragüense), Eliot E. Engel y Albio Sires denuncian que hay una “coordinación” entre el gobierno de Trump y el “régimen opresivo de [Daniel] Ortega para facilitar la deportación de nicaragüenses desde Estados Unidos” e instan al gobierno estadounidense a que otorgue una mayor extensión del programa de protección temporal (TPS) para ellos.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua estima que entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 Estados Unidos deportó a más de 600 nicaragüenses.
Según esta organización independiente, las deportaciones comenzaron justo en diciembre del año pasado, y desde entonces ha habido cinco deportaciones masivas de un número superior a 100 personas cada una.
Roger Castaño, presidente de esa Comisión en su capítulo de Miami, señaló, además, que había “centenares de nicaragüenses detenidos en cárceles de inmigración”: solo en Georgia, más de 500.
Los tres representantes Shalala, Engel y Sires afirman en su carta que esto se facilita por un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Daniel Ortega. Justo desde abril de 2018, escriben, Nicaragua es un “socio participante” en el sistema del documento electrónico de viajes (eTD) de la oficina de vigilancia y expulsión (Enforcement and Removal Operations, ERO) del servicio de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Esta colaboración entre el gobierno de Nicaragua y ICE, dice la carta, “provee información biográfica y biométrica para ayudar a identificar y deportar nicaragüenses que entren a Estados Unidos”.
“Este sistema permite deportaciones expeditas y constantes de nicaragüenses. También entrega información personal sobre los deportados al gobierno nicaragüense, poniéndolos en un grave riesgo cuando los deportan a Nicaragua”, alerta la misiva.
En efecto, la carta hace referencia a un artículo del diario nicaragüense La Prensa que dice, con declaraciones atribuidas a Roger Castaño, que 20 nicaragüenses deportados a Nicaragua en enero estaban desaparecidos.
“Deportar a estos nicaragüenses significa enviarlos a la muerte, a la represión. Creemos que es inmoral, y por eso le pedimos a nuestros representantes, a nuestros senadores, que paren las deportaciones”, decía Castaño a la periodista Marta Vásquez Larios.
Ese es el llamado de atención que hacen los tres representantes demócratas a Donald Trump, en su carta fechada el 21 de noviembre.
“Dada esta situación grave, instamos firmemente el fin de las deportaciones expeditas desde Estados Unidos a Nicaragua y una extensión más larga del estatus de protección temporal (TPS) para los ciudadanos nicaragüenses. Esta mayor extensión de TPS daría seguridad a estas familias que han huido de la persecución de su propio gobierno”.
El reporte de ACNUR al año de las protestas decía sobre los nicaragüenses que huían: “Muchas de esas personas han atravesado las fronteras de manera irregular –principalmente en el marco de un flujo de refugiados- y, con el fin de evitar ser detectados, a menudo han optado por emprender el periplo a pie, caminando durante horas por terrenos difíciles, expuestos al calor, la humedad y al riesgo de contraer la malaria. Si bien al inicio quienes cruzaban esta frontera eran principalmente adultos, actualmente entre quienes huyen también hay familias, con niños pequeños inclusive”.
Por otra parte, según un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la policía nicaragüense ha empleado el uso desproporcionado de la fuerza, lo cual terminó, en algunas ocasiones, “en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucciones a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, frecuentes malos tratos y casos de tortura y violencia sexual en centros de detención, violaciones de libertades de reunión pacífica y expresión, incluyendo la criminalización de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el gobierno”.
Unas 300 personas fueron asesinadas y 2 mil heridas durante las protestas entre abril y agosto de 2018, por “múltiples formas de represión y otras formas de violencia”, dice el informe.
“La represión y la violencia –dice este reporte citando a la Alta Comisionada—son producto de una erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y destacan la fragilidad general de las instituciones y del estado de derecho”.